La prueba del algodón para el PP

Canarias, Ceuta y Melilla están viviendo una situación insostenible con la llegada masiva de menores migrantes a sus costas -que no es comparable con la de otras Comunidades Autónomas- y una vez más el Partido Popular no está a la altura de las circunstancias.

Es importante que todos los partidos -especialmente el PP, que maneja gran parte de las competencias autonómicas en esta materia- tengan presente que estamos ante una emergencia de Estado. Necesitamos un acuerdo de país para dar una solución a la situación de estos menores. No se nos puede olvidar que hablamos de niños, niñas y jóvenes que abandonan sus países de origen huyendo de la guerra, del hambre, de situaciones terribles que desde el confort del primer mundo difícilmente podemos imaginar; que están solos y que llegan a nuestro país en busca de una vida digna. Menores que quieren ser en el futuro trabajadores y trabajadoras, futbolistas, arquitectos/as, médicos/as, profesores/as, en definitiva, personas que aportan a la sociedad. Ante este drama, no caben estrategias políticas, ni intereses partidistas, sino humanidad y solidaridad.

Hace unos días, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, pedía el despliegue de la Armada para contener la llegada de inmigrantes, algo insólito. Y aunque el pasado miércoles, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, las comunidades autónomas gobernadas por el PP aceptaron la acogida de 347 menores, no aclararon si aceptarán la modificación de la Ley de Extranjería que va a hacer obligatorios los traslados. No sabemos si lo hicieron porque se oponen por sistema a todo lo que plantea el Gobierno, si es que realmente no les importa la situación de estos menores o que temían la reacción de sus (todavía) socios de ultraderecha.

Como he comentado, la iniciativa legislativa que propone el Gobierno contempla una distribución obligatoria y equitativa de los menores entre todas las comunidades autónomas para evitar la concentración desproporcionada y la saturación en los territorios que registran un mayor volumen de llegada de inmigrantes, como Canarias. Una solución estructural, viable y efectiva a largo plazo, y no un mero parche. Todas las Comunidades Autónomas tienen que ser solidarias frente a esta cuestión. Hay que tener responsabilidad y altura de miras, porque la solución a esta situación no puede ser una acogida esporádica, hay que darle una solución real al problema.

Una modificación legislativa, que pronto llegará al Congreso, donde el Partido Popular tendrá que elegir entre comportarse como un partido de Estado o continuar haciendo una oposición destructiva. Si Feijóo no acepta la modificación de la Ley de Extranjería, estará contribuyendo a la vulneración de los derechos de la infancia.

No podemos depender de la voluntad de las Comunidades Autónomas porque hasta ahora no están cumpliendo los acuerdos. Sin ir más lejos, en 2022 hubo un acuerdo consensuado, aprobado por unanimidad, para la acogida de menores migrantes que los gobiernos autonómicos del Partido Popular no han cumplido: apenas se han reubicado 40 menores en los últimos años, cuando han llegado 7.000 más.

La realidad es que el tiempo corre en contra de estos niños y niñas que están en unas condiciones inaceptables, unas condiciones infrahumanas de hacinamiento que vulneran sus derechos. Estamos ante una situación de emergencia que merece una solución clara y real.

Para el Gobierno de España, la infancia y la defensa de los derechos de los menores, sean o no migrantes, son cuestiones que están en el centro de su agenda política. No se puede demorar una decisión que es urgente y ante la que esperamos que el PP actúe, por una vez, con sentido de estado y deje a un lado sus complejos frente a la ultraderecha.

Vox ha roto sus pactos de gobierno autonómicos con el PP por esta cuestión. Ha llegado el momento de que Feijóo tome ejemplo de Francia y rompa con las políticas que hasta ahora había hecho con Vox. La prueba del algodón va a ser si apoya la reforma de la Ley de Extranjería.

Inés Plaza es portavoz de Infancia del Grupo Parlamentario Socialista y diputada por Almería.