La reforma fiscal fortalece el sistema y evita la picaresca

Cuando se habla de impuestos, el tema suscita cierto debate. Hay quien cree que deben eliminarse, mientras otros piensan que sin impuestos no podría costear el colegio de su hijo, ni su padre podría optar al tratamiento de quimioterapia que necesita. La lógica y el éxito de los impuestos es hacer que todo el mundo piense lo segundo, y la percepción de la ciudadanía varía en función de cómo estime a qué están dirigidos.

Un buen ejemplo para explicar la importancia de los impuestos y cómo los gestiona el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, es la aprobación definitiva en el Congreso -esta semana- de la Ley del impuesto complementario y la reforma fiscal.

Una ley que trata de recabar impuestos de las grandes compañías, exigiendo un impuesto mínimo del 15 por ciento a las multinacionales que tengan unos ingresos igual o superior a 750 millones de euros, y evitar así que puedan cometer evasión fiscal. Es decir, que los españoles ingresemos en nuestras arcas públicas recursos económicos que se han estado perdiendo sin esta figura, y que se estiman en más de 4.000 millones de euros.

Además, se ha establecido un impuesto sobre el margen de intereses y beneficios del sector bancario. Un sector que ha obtenido beneficios de más de 26.000 millones de euros y al que le toca contribuir, devolviendo parte de la ayuda recibida en la época de rescates bancarios del gobierno de Mariano Rajoy.

Pero esta reforma fiscal va más allá. No solo se trata de crear, subir o bajar impuestos. Va de fortalecer el sistema, cumplir con los compromisos adquiridos con Europa y dar solución a situaciones de vacíos legales que dan lugar a la picaresca. El proyecto ataja el enorme fraude de hidrocarburos y carburantes de diseño de algunos operadores petrolíferos, que ha costado pérdidas millonarias a las arcas públicas y una competencia desleal contra las empresas responsables.

Esta norma persigue el equilibrio, aumentando impuestos a las economías más solventes, y en contrapartida, rebajando la presión fiscal a las pequeñas empresas para fortalecerlas y hacerlas más competitivas. Es decir, recaudar, más y mejor, de los que más tienen para reforzar nuestro estado del bienestar y prestar mejores servicios.

Por tanto, ante discursos demagogos que hablan de los impuestos como un atentado a los ciudadanos de clase media, hay que explicar que la política fiscal justa que lidera este Gobierno carga con más esfuerzo a quienes más tienen y con menos a los que menos capacidad poseen. De hecho, se ha modificado el nivel de ingresos por el que quedan exentos de la declaración de la renta las personas que cobran los salarios mínimos.

En nuestro país los impuestos son clave. Disfrutamos a diario de los beneficios del Estado del Bienestar, en cambio necesitamos explicar mejor la importancia que tienen los impuestos con los que se sostiene; hay que acercar la política fiscal a las escuelas, pues solo se valora lo que se conoce.

Y es trabajo de los políticos que la ciudadanía perciba que sus impuestos están bien dirigidos, que responden a las necesidades de su comunidad, que no favorecen solo a unos pocos y que, como ciudadanos, sientan que todos nos beneficiamos en el día a día. Y debemos hacer el esfuerzo de explicar la lógica de la justicia fiscal; es decir, explicar que se trata, por un lado, de recaudar pero, por otro, de invertir en nuestro bienestar.

Los ciudadanos deben comprobar que vale la pena en términos de coste-beneficio, que su aportación se traduce en prestaciones de calidad. Por ejemplo, que mi hijo reciba la mejor educación; que recibamos la asistencia sanitaria cuando sea necesaria; que si llamo a los bomberos éstos lleguen de inmediato; que mi barrio esté limpio y cuidado. Es entonces cuando un ciudadano piensa que sus impuestos están utilizados de forma eficaz.

Los impuestos sostienen nuestro día a día, desde una eventual prueba médica a la calle que pisamos a diario. Y, por supuesto, son esenciales en lo extraordinario, como lo hemos vivido con crisis como el COVID, la erupción del volcán en la isla de La Palma o el paso de la DANA por Valencia. Sin unas arcas fuertes, no habría ni ERTES, ni ayudas, ni UME, ni sanitarios, ni tantos otros servicios indispensables hubieran sido realidad cuando más se necesitaban.

Por tanto, impuestos sí. Pero un modelo basado en la justicia social para ofrecer unos servicios eficientes que nos permitan crecer en igualdad y ser una sociedad que prospera de forma conjunta. En definitiva, sentir orgullo de país.

Alicia Álvarez González es diputada del PSOE por la provincia de Santa Cruz de Tenerife