La compra del 10% de Telefónica: una decisión del Gobierno para poner fin a 27 años de privatización

Una noticia inesperada y que supone un cambio de etapa. El Gobierno dio este martes un paso totalmente distinto a los que se han dado en las últimas dos décadas con una de las empresas españoles más importantes, Telefónica. El Ejecutivo ordenó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la adquisición del 10% de la compañía.

Pero la decisión parece no haber sido una casualidad, ya que se ha dado a conocer justo 27 años después de que el Gobierno de José María Aznar diera el primer gran paso para aplicar la venta del capital que tenía el Estado en la compañía de telecomunicaciones.

Aquel 20 de diciembre de 1996, el PP abrió una etapa que no ha cambiado su sentido hasta ahora. Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda en aquella etapa —en la actualidad, en juicio por presunto incremento ilícito de su patrimonio y presunto blanqueo de capitales— fue el encargado de anunciar los pasos atrás de aquel Ejecutivo central.

Pero para analizar el enorme impacto de la postura adoptada por Pedro Sánchez con respecto a Telefónica hay que tener en cuenta cómo ha ido cambiando la gestión de la importante empresa de telecomunicaciones española.

La dirección de Telefónica

Tal era el peso del Gobierno en la multinacional de telecomunicaciones que, antes de que Aznar vendiera la importante participación del Estado en ella, no dudó en apoyar a un amigo de la infancia al frente de la compañía medio año antes de comenzar a privatizarla.

Juan Villalonga, íntimo del, por aquel entonces, presidente del Gobierno, respaldó junto a los accionistas de Argentaria, Banco de Bilbao y La Caixa su nombramiento como consejero delegado de Telefónica.

Y Aznar no eligió a una persona al azar. En su libro Memorias I, hay un apartado en el que habla de Villalonga. "De los años de El Pilar, mis dos mejores amigos eran Juan Villalonga y Juan Manuel Hoyos (McKinsey)… Juan y yo entramos en el colegio el mismo día y nos pusieron en la misma clase y los dos vivíamos para jugar al fútbol…", aseguró.

Estuvo como consejero delegado durante un período de cuatro años hasta el año 2000, cuando, tal y como recoge El País en uno de los artículos de la época, se convirtió en "un problema político e incluso social" para Aznar y optó por distanciarse de él. 

"Hay que saber distinguir muy bien las empresas españolas de las personas que puedan estar al frente de compañías españolas", aseguró, sobre el relevo del que había sido el consejero delegado de Telefónica.

El periplo privatizador

Miguel Ángel Rodríguez, portavoz del Gobierno de Aznar hasta 1998 y actual jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, dio a conocer la decisión del Consejo de Ministros. "Ha aprobado esta mañana distintas medidas económicas. Entre ellas, la venta de la participación estatal en Telefónica", aseguró.

Un antes y un después con el que el Gobierno de Aznar empezaba su periplo privatizador de algunas de las organizaciones españolas en las que participaba el Estado. En aquel momento, España poseía un 20,9% de las acciones de la compañía.

Pero el Ejecutivo central siguió los pasos de la etapa de Felipe González y decidió vender, en 1997, el 0,9% del capital de Telefónica por unos 620.000 millones de las pesetas, lo que vendría a ser unos 3.720 millones de euros.

No fue la única compañía española que fue privatizada en aquella etapa. Entre los años 1996 y 2003, el Gobierno del PP aplicó unas medidas similares en unas 60 empresas, por valor del 7% del PIB.

Desde entonces, ningún Ejecutivo español ha querido abrir el melón de volver a poner sobre la mesa la entrada de capital público en Telefónica.

El PP "malvendió" Telefónica

El Gobierno ha salido en tromba este miércoles para responder las críticas del principal partido de la oposición por su decisión con respecto a Telefónica, recordando las gestiones pasadas con la compañía. La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, reprocha al PP que ahora hable de "ocupación".

Juan Bravo, vicesecretario de economía del PP, aseguró que no existe un "motivo justificado" para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acometa un acto de "populismo" que amenaza con "romper" el mercado.

Montero ha sido la encargada de dar respuesta al diputado popular y ha comparado los pasos del Gobierno de España con lo que han hecho otros países como Alemania, Francia o Italia.

"Hablar de ocupación significa que (Emmanuel) Macron lo ha hecho en la empresa tecnológica líder en Francia, como Orange; significa que países como Alemania están practicando esa política que ayer denostó el señor Bravo", respondió este miércoles Montero en los pasillos del Congreso.

Contrarrestar la entrada de Arabia Saudí

Según se ha desprendido del anuncio del Gobierno, la orden se ha lanzado con la intención de contrarrestar la entrada de Arabia Saudí en Telefónica y con el objetivo de dar una estabilidad accionarial a la compañía, según ha adelantado este miércoles El País.

La decisión de Pedro Sánchez se ha adoptado tras los avisos que Bruselas dio a España por la compra saudí en la multinacional española, con los que aseguraron de que los límites tradicionales de "propiedad de las compañías".

Según un documento al que tuvo acceso la Cadena SER, el desembarco de Arabia Saudí de la mano de STC Group con la compra del 9,9% hizo sonar las alarmas en España pero también en Europa. "El riesgo de influencia política directa puede ser mitigado limitando la participación significativa en activos europeos", señaló en el informe.

José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, reconoce que la decisión del Gobierno es "correcta" porque se hace "en defensa de derechos estratégicos de nuestro país" y va "en la línea de lo que se está haciendo en otros países europeos".

"El sector de las tecnologías y las telecomunicaciones son ámbitos fundamentales, estratégicos, para el desarrollo económico, el social e, incluso, para la seguridad del país”, considera.

El experto cree que la nueva participación es algo que sirve para "defender la marca España y a la economía de nuestro país” y se hace eco de los seis argumentos esgrimidos por la SEPI.

"Proteger el interés nacional, por el importante papel internacional de Telefónica, teniendo presencia en el Consejo de Administración, con dos miembros", añade, en primer lugar. Antes de hablar de que sirve para garantizar "la estabilidad financiera": "Estaba en una situación delicada y era importante".

José Manuel Corrales justifica el paso adoptado por Moncloa para "promover la inversión en España", la digitalización junto al actor más importante, garantizar la "continuidad de la empresa y el mantenimiento del empleo" y, hace hincapié, en el de "asegurar la competencia".

"Telefónica es dominante y esta es una garantía para que no pueda abusar de esa posición dominante y que Saudí Telecom tenga un papel importante pero no protagonista ni prepotente en la competencia y en la economía de mercado”, añade.

El ejemplo de Alemania, Francia e Italia

La orden de Moncloa no es algo desconocido en el panorama internacional, ya que hay algunos países europeos que ya han adoptado unas medidas similares con las que el Estado tiene en su haber una importante participación en sus telecomunicaciones más importantes. 

Países como Alemania, que posee un 13,8% del capital de Deustche Telekom, por favor de 14.820 millones de euros; como Francia, que cuenta con una participación pública del 13% de la compañía Orange, con un valor superior a los 3.700 millones de euros; o Italia, con una participación del 9,81% de Telecom Italia, por valor de unos 421 millones de euros, pudiendo llegar hasta el 20%.

José Manuel Corrales también habla de lo que han hecho nuestro vecinos europeos y justifica que el paso dado por el Gobierno es similar al de otros países y, de hecho, en España ya ocurre: "El Estado tiene participaciones significativas en el selectivo de Indra, en Caixabank, en Aena, entre otras. En sectores estratégicos para nuestra economía".

"Esta estrategia es acertada, en línea de lo que están haciendo otros países de la UE, que va a ser bien recibida por los mercados financieros y la economía. Más allá de la disputa política, es una buena decisión en defensa de los intereses de España", sentencia.

Lo que está claro es que el anuncio del Gobierno supone un cambio de tendencia en la gestión de una de las multinacionales más importantes de España que evitará que fondos extranjeros sean los encargados de adoptar unas decisiones que, como señalan los expertos, pueden acabar afectando a la sociedad. Un antes y un después que podría ser el inicio de una estrategia económica y financiera importante en Moncloa.