La FAPE denuncia que el novio de Ayuso quiere vulnerar el secreto profesional de seis periodistas
González Amador iniciaba esta causa tras filtrarse que había confesado dos delitos por fraude fiscal por haber cobrado medio millón de euros en comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia y no haberlo declarado ante Hacienda.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha denunciado que la petición de la pareja de Ayuso Alberto González Amador al Tribunal Supremo de investigar las comunicaciones de seis periodistas representa un grave atentado contra el secreto profesional, protegido por el artículo 20 de la Constitución. La organización ha instado al alto tribunal a desestimar la solicitud, advirtiendo que su aceptación pondría en peligro la libertad de prensa y la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
González Amador, que inició esta causa tras filtrarse que había confesado dos delitos por fraude fiscal por haber cobrado medio millón de euros en comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia y no haberlo declarado ante Hacienda, ha solicitado que el Supremo ordene a las operadoras de telecomunicaciones conservar los registros de llamadas, ubicaciones y conexiones digitales de los últimos diez meses de los periodistas señalados. Además, ha pedido que la Guardia Civil investigue si disponían de fuentes en la Fiscalía y que la Unidad Central Operativa inspeccione nuevamente los teléfonos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, para determinar si han mantenido comunicaciones con los informadores.
La solicitud afecta a cuatro periodistas de eldiario.es, uno de El Plural y otro de la Cadena SER.
La FAPE ha reiterado que estas acciones vulneran principios fundamentales del periodismo, como el derecho a la información veraz y contrastada, y ha rechazado cualquier intento de intimidación hacia los profesionales de la comunicación. En sus declaraciones, la organización ha enfatizado la importancia de proteger el ejercicio periodístico y la confidencialidad de las fuentes, esenciales para mantener una prensa libre y comprometida con la verdad.
