2.007 días, una odisea en el Consejo
"Mucho nos tememos que estamos delante de un bloqueo permanente del CGPJ por parte de un partido, el PP, que se niega aceptar los resultados electorales"
En el año 2013, con el Partido Popular en el Gobierno, se pactó la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el entonces principal partido de la oposición, el PSOE, bajo las normas que el propio Partido Popular modificó en solitario años antes siendo Gallardón ministro de Justicia.
El mandato de ese Consejo, elegido bajo la mayoría conservadora del Partido Popular en el Congreso, vencía en 2018. Lo que para el Partido Popular parecía un horizonte de mayoría parlamentaria y mayoría conservadora en el Gobierno de los jueces, se acabó truncando con la moción de censura de 2018, con la llegada al Gobierno del presidente Pedro Sánchez y la configuración de una nueva mayoría progresista en el Congreso.
Así, la renovación del CGPJ prevista para el año 2018 se topó con un “inesperado” elemento: el Partido Popular pasaba a la oposición.
Según la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y según lo establecido en la Constitución, la elección de los vocales del CGPJ se hace mediante una mayoría de 2/3 tanto en el Congreso como en el Senado. Para ello, es obligatorio un gran pacto de Estado entre los dos principales partidos para garantizar una votación que cumpla con los requisitos legales. Pero el Partido Popular, que contó con el apoyo del PSOE en la reforma del año 2013, se vio relegado a la oposición y desde entonces la renovación del Consejo está viviendo una verdadera odisea.
La pasada semana se cumplieron 2000 días desde que venció el mandato del CGPJ elegido bajo la mayoría del Partido Popular, y a esos 2000 días le han seguido 2001, 2002, 2003 y así hasta hoy, 2007 días con el mandato caducado. Mucho nos tememos que estamos delante de un bloqueo permanente de un partido, el Partido Popular, que se niega aceptar los resultados electorales, que ha presentado más de treinta excusas para no renovar el CGPJ y que actúa con manifiesta y desvergonzada deslealtad institucional.
El actual CGPJ lleva ya más tiempo en funciones que en su mandato legal y el desprestigio de la institución, así como las consecuencias nefastas que para la justicia tiene la actitud obstruccionista del Partido Popular, son cada vez más profundas. Ni siquiera la mediación del Comisario de Justicia Didier Reynders, pedida por los populares, ha resultado útil, ya que ha sido el propio Partido Popular quien ha boicoteado las reuniones y las reflexiones.
Nos encontramos, pues, delante de la que posiblemente es la anomalía institucional y política más importante y grave de los últimos años, y todo por una sola razón: el Partido Popular en la oposición es el principal factor de inestabilidad por su actitud negacionista y obstruccionista. Se llenan la boca de una pretendida voluntad de fortalecer la independencia judicial, cuando en realidad quieren decir “seguir controlando la justicia”. Deberían decir en público lo que dicen en privado, que el único acuerdo que quieren es el que les garantice el control conservador de la justicia. Porque en el fondo en el Partido Popular son prisioneros de su miedo: quieren controlar la justicia por si un día acaban en manos de ella.
Y es que después de esta odisea si algo hemos aprendido es que las cosas pasan cuando pasan, ha tenido que ser un gobierno socialista el que afronte la reforma profunda de nuestra justicia.
Y es el Partido Popular, ahora que no están gobernando, el que bloquea la justicia, negándose a ejercer el papel constitucional que otros hemos jugado cuando hemos estado en la oposición.
Las cosas pasan cuando pasan y no es casualidad que esta omisión constitucional pase con el Partido Popular en la oposición. Porque lo que no es lícito, lo que es una gran trampa, es reformar la ley a solas cuando gobiernan, apostar por el mismo modelo los últimos años, pactar con el PSOE cuando está en la oposición y hacer un giro de 180 grados cuando les toca a ellos ser constitucionalmente honestos. Es el colmo de la deslealtad y la causa del desprestigio de una institución constitucional.
Aún así, volvemos a hacer un llamamiento al Partido Popular para que vuelva a la senda del constitucionalismo, para que acepte y acate las normas de las que nos hemos dotado y pacte la urgente reforma del CGPJ. Sin más dilación, le pedimos que acabe con esta odisea.
Francisco Aranda es portavoz de la Comisión de Justicia y diputado del PSC por Barcelona.
