Ante lo peor, lo mejor (y de los poderes públicos, cumplimiento del deber)

El mundo contiene el aliento a la vista del resultado de las elecciones presidenciales en EEUU. La Tierra entera se halla sometida a tensiones desconocidas desde la II Guerra Mundial. Una nueva “Guerra Fría” amenaza desencadenar una conflagración caliente; ya sea en la vecindad este de la UE (Balcanes, fronteras bálticas o transcaucásicas…), ya sea en Oriente Medio (Israel, Siria, Irán); ya sea en el Extremo Oriente (China reivindicando Taiwán, Corea del Norte amenazando a la del Sur…).

Pero, entre tantas turbulencias geopolíticas, la naturaleza desatada deviene también un objeto político en que se somete a disputa tanto la emergencia climática (y su negacionismo) como la estrategia global (Agenda 2030) acordada en la Asamblea de la ONU para prevenir la degradación irreversible de todas las magnitudes de la que pende la habitabilidad del planeta para las generaciones venideras. 

Nada escapa a la refriega de la confrontación y la polarización; nada escapa al disruptivo impacto de la desinformación, los bulos, las mentiras e infamias dolosamente propaladas para señalar culpables de cualquier infortunio; ni siquiera se sustrae a este círculo infernal la acumulación de catástrofes naturales allende nuestras fronteras o en el rincón más querido de nuestra propia casa. 

Un nuevo milenarismo medievalizante se activa en cada aquelarre tras cada huracán o tormenta, con su caza de brujas y su búsqueda de culpables, sean reales o inventados, antes que hallar respuestas... a falta de soluciones.

La terrorífica Dana que se ha abatido sobre España —costa este, Comunidad Valenciana, sufriendo en primera línea, pero afectando también a otras CCAA (Andalucía, Castilla la Mancha, Baleares, Cataluña...)— ha causado un estrago de proporciones bíblicas sobre las vidas y esperanzas de millones de ciudadanos/as, sometidos a una prueba de inimaginable dureza antes de tener que sufrirla en carne propia.

En fechas todavía escasas se han vertido ya ríos de tinta acerca de la secuencia de alertas y decisiones a la vista de la distribución de competencias (sin duda abigarrada en nuestro Estado autonómico) y a la búsqueda de la determinación de responsabilidades. Como los litros de agua por metro cuadrado, se han acumulado también las críticas más acerbas a la gestión de la crisis, en la que inevitablemente se conglomeran diversos escalones de poder territorial. 

Pero se ha padecido igualmente un torrencial de bulos, distorsión de hechos y datos e interpretaciones torcidas, cuyo propósito ha tendido más a exasperar la desesperación para transformarla en ira que a aportar criterio con el que no solamente incrementar la calidad de las respuestas sumatorias —Comités de Gestión de Crisis, FFAA, FFCC de Seguridad del Estado, Protección Civil, ONGs, Voluntariado cívico—, sino deducir después las lecciones necesarias para aprender del sufrimiento.

La discusión jurídica (la normativa aplicable en el orden competencial de nuestro Estado autonómico) trasluce, inevitablemente, el mismo resabio político de confrontación descarnada por la "batalla del relato", como si la narrativa pudiese postergar un segundo la necesidad de aliviar y reparar en lo posible, y ojalá cuanto antes, el daño y el desamparo por la mortandad y la pérdida de bienes, infraestructuras, suministros, todos elementos cruciales para las perspectivas personales y colectivas de recuperación en un futuro mediato.

De un lado, la vigente Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (17/2015, que derogó a la originaria de 1985) establece tres niveles de emergencia: los dos primeros descansan en los poderes locales y autonómicos, mientras el tercero (arts.28 a 30) activa la concentración de competencias en el Gobierno de la Nación (Ministerio del Interior). 

Es sabido que la Generalitat Valenciana (Presidente Mazón) evitó deliberadamente este tercer supuesto. De otro lado, la Ley de Seguridad Nacional (37/2015) prevé asimismo la puesta en marcha de unidades de gestión operativa y coordinación interinstitucional de situaciones de crisis, con un gradiente de respuestas organizativas y estratégicas. Finalmente, la LO 4/81, de Estados de Alarma, Excepción y Sitio, con cuyas disposiciones (y limitaciones y obsolescencias, a la luz del contexto histórico en que se aprobó esta normativa hace más de 40 años) tuvimos tristemente ocasión de familiarizarnos en la lucha contra la pandemia de Covid, prevé, efectivamente, un peldaño adicional de respuesta mediante la posibilidad de decretar temporalmente (15 días, prorrogables) restricciones a la libertad de movimiento de personas en "zonas determinadas" y "ciertas franjas horarias" (art.4) ante "catástrofes naturales" e "inundaciones" tan graves como la que ha devastado la conurbación de Valencia, así como, de otro lado, la opción de "delegar" los poderes de gestión de la alarma decretada en la Comunidad Autónoma singularmente afectada (la llamada "cogobernanza").

Un escenario razonable de ordenación de la respuesta —alternativo al pánico, la ira, la indignación colérica y la expiación de "culpables" ante la despiadada acción de la naturaleza y fenómenos meteorológicos inexorablemente conexos al cambio climático global, sean dichos "culpables" meros chivos expiatorios o genuinos responsables— debería pasar por sumar fuerzas y recursos sin condiciones ni reproches, conteniendo el aliento y sudando la camiseta como ejemplarmente han hecho con instantánea contundencia de solidaridad miles de voluntarios/as allegados/as a la Comunidad Valenciana; y por aprender acto seguido las lecciones terminantes dictadas por esta experiencia de horror apocalíptico, propia de un "paisaje bélico" como insistentemente lo han descrito sus víctimas y, con su voz, las crónicas.

Ante lo peor, lo mejor; es lo obligado, y deber inexcusable, de los poderes públicos.

Dicho esto, en ningún caso es condonable ni aceptable, en modo alguno, abandonarse al instinto de explotar políticamente (con la tentación populista que ha anegado casi todo lo que compartimos como país y como ciudadanía) tamaña orfandad y angustia ante la magnitud difícilmente asimilable de la riada y su semilla de destrucción y muerte.

Toda la solidaridad en acción. Todo el compromiso de acompañamiento a las víctimas y reparación de daños. Y todos los Fondos UE (Fondo UE de Solidaridad y de Protección Civil, aun cuando penosamente infrafinanciados e infrapresupuestados, como hemos denunciado muchos en tantas ocasiones tremendas en estos últimos años) para contribuir a paliar el estrago catastrófico de una Dana tan violenta. 

Desde el presentimiento de que no será la última, lo que haya de venir debe encontrarnos pertrechados, mejor preparados, con normas actualizadas e incluso anticipatorias de lo que hoy —o hasta ahora— nos parezca impredecible. ¡Pero también, sobre todo, debería encontrarnos más unidos!