Los 1.162 días en prisión del defensor indígena de los ríos

Hay países donde la justicia sufre una profunda crisis. Lugares donde las personas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente están en manos de jueces que dictan condenas sin pruebas. Estados donde los abogados defensores de esas personas líderes, condenadas a años de cárcel, se enfrentan al inmenso muro de una criminalización infundada que trunca las vidas de sus defendidos, buscando así su muerte social.

Un caso emblemático es el de Bernardo Caal Xol, líder indígena maya q’eqchi, nacido en las tierras de la empobrecida Alta Verapaz, Guatemala. Es un defensor de los ríos en un lugar donde el agua es tan escasa como sagrada, un “bien de la Madre Tierra” que, como aseguran en las comunidades, les están “robando”. Pero Bernardo dijo basta a las empresas hidroeléctricas que vaciaban esos cauces y ahora lo paga entre rejas, desde hace 1.162 días.

Esta semana hemos visto que, una vez más a lo largo de su proceso judicial, la justicia ha vuelto a darle la espalda. La Corte Suprema de Justicia de su país suspendió la vista en la que se iba a dilucidar un recurso de casación que buscaba anular la sentencia en la que se le condenó por delitos que no cometió: siete años y cuatro meses de cárcel. La excusa del aplazamiento, la recusación de algunos magistrados por razones que no se explicaron.

Conviene recordar que el último informe de la organización Front Line Defenders revelaba que en el 2020 fueron asesinados al menos a 331 líderes en el mundo y que el 69% trabajaba en la defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. No son todos los que han sido y cada año van a más. Sin embargo, en realidad nadie sabe cuántos Bernardos son criminalizados para acallar sus voces con delitos falsos que pueden ir desde la estafa, el robo o el secuestro, hasta el terrorismo.

Este maestro maya, nacido en una comunidad pobre e indígena del municipio de Santa María de Cahabón, comenzó batallar hace seis años contra los abusos en los ríos Oxec y Cahabón, ahora “presos” en proyectos hidroeléctricos para generar una energía que no es para los q’eqchi’. Negocios de grandes empresas, también españolas, que participan en las obras sin preguntarse por los impactos sociales y ambientales de su actividad.

Alianza por la Solidaridad-Action Aid desde 2014 ha investigado lo que ocurría en ese territorio, documentando los impactos y las vulneraciones de derechos. También ha reclamado que las transnacionales cumplan la debida diligencia con los derechos humanos y ambientales allá donde estén y que sean sancionadas si no es así a nivel nacional (en sus países de origen) e internacional. En otras palabras, que haya un control, penalizaciones reales y acceso al debido remedio de los daños que ahora no existen.

La organización inició también una recogida de firmas por la liberación de Bernardo a la que se sumaron otras ONG (Amnistía Internacional, AlterNativa, Intercanvi amb pobles indigenes…). Ya van 30.000 firmas, que se entregaron el pasado 22 de marzo en el Ayuntamiento de Barcelona, solicitando una declaración de apoyo a esta causa.

Durante las 1.162 jornadas que Bernardo lleva en un penal en Cobán, un lugar sobresaturado y sin condiciones dignas, no ha dejado un momento de enviar y publicar cartas, manuscritas, en las que nos habla de los recursos naturales y reclama la libertad de los cauces y la suya propia. Tampoco ha cesado un momento la movilización de los q’eqchi’ para exigir su liberación.

En una de las vistas del proceso, celebrada en Cobán en agosto de 2018, a la que pude asistir, la acusación presentó supuestas pruebas en su contra, declaraciones de  los trabajadores de una empresa subsidiaria de la hidroeléctrica Oxec, que acusaban a Caal Xol de robar material y retenerles en un camino. Nada probaba que estuviera allí cuando ocurrieron los hechos. Nada indicaba que se llevara material ajeno ni les retuviera. Y de nada valieron los testimonios de otros q’eqchi’ que desmentían a los empleados. Palabra contra palabra, en Guatemala quedó claro que vale más la de quien no es indígena.

La sentencia, en noviembre de ese mismo año, fue contundente: esos siete años y cuatro meses por robo agravado y retención ilegal, 2.675 largos y penosos días. Y mientras Oxec, que ha presuntamente violentado los derechos del pueblo q’eqchi’, que aún no ha hecho la consulta previa a las comunidades indígenas como la propia Corte Suprema ha exigido, tras una denuncia del propio Caal Xol, sigue adelante. También continúa en marcha la hidroeléctrica Renace, que construye la española Cobra-ACS sobre el cercano río Cahabón, contra la que también se ha manifestado Bernardo.

“Es una clara estrategia de criminalización de quienes defienden los recursos naturales, es un patrón sistemático utilizar el derecho penal contra aquellos que alzan la voz. El sistema judicial guatemalteco lo avala y puede ser un crimen de lesa humanidad, porque la justicia está para controlar el uso abusivo del poder punitivo del Estado”, declaraba indignado el abogado del líder preso el mismo día del aplazamiento a las puertas de la Corte.

Desde Alianza y otras organizaciones —Amnistía Internacional le ha declarado preso de conciencia y ha denunciado también irregularidades en el proceso— seguiremos insistiendo: la persecución de los defensores y defensoras ambientales no nos es ajena. Nuestro Gobierno debe solicitar a las autoridades de Guatemala que desde la Fiscalía de ese país se asegure la libertad de Bernardo Caal y se investigue cómo fue posible su condena.

Más en general, deben adoptarse medidas urgentes y efectivas que protejan a las personas defensoras, estén donde estén, frente a los ataques y amenazas y, por último, es prioritario que se presione desde los gobiernos e instituciones para que se cumpla la normativa nacional e internacional, como la referente a la consulta libre, previa e informada en proyectos que afectan a comunidades indígenas. De otro modo ¿para qué sirve con gobiernos y empresas que la vulneran?

No puedo evitar recordar al Bernardo libre, mostrándome en 2016 los desastres que causaba la hidroeléctrica Renace en su tierra, durante la investigación de Alianza por la Solidaridad, y contándome historias ancestrales de su cultura ligadas a los ríos mientras nos comíamos un “kaq’ik cobanero” o haciéndome de intérprete con las gentes de orillas del Cahabón, ajenas a que se quedaban sin ríos. Dos años más tarde, por las mismas fechas, lo volví a ver esposado.