Suiza advierte del posible "carácter político" del caso Tsunami y no localizará a Marta Rovira
Exige explicaciones al juez García-Castellón y suspende la comisión rogatoria cursada por el juez español, al no ver pruebas de la implicación de Marta Rovira.
El caso Tsunami Democrátic sigue empapando, con su ola gigantesca, la política española. El último episodio tiene por protagonistas al juez Manuel García-Castellón, a la secretaria de ERC, Marta Rovira, y a un Gobierno extranjero: el de Suiza, que cuestiona la investigación abierta por supuesto terrorismo.
Según publican este martes el diario El País y la Cadena SER, el país helvético no ve clara la causa que el juez español instruye en nuestro país contra 12 personas, entre ellas el expresidente catalán Carles Puigdemont y la líder de ERC, Rovira, ambos prófugos de la justicia. La imputación de los dos independentistas, impulsada por el instructor cuatro años después de iniciada la investigación, impediría previsiblemente que Puigdemont y Rovira se beneficiasen de la ley de amnistía que se tramita desde hace tres meses en el Congreso y que es pieza clave del acuerdo de legislatura entre Junts y el PSOE del presidente Pedro Sánchez. No es, pues, una batalla menor la que se libra en Suiza.
Ahora, según la exclusiva de ambos medios, se sabe que la Oficina Federal de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia suizo, ha suspendido la comisión rogatoria cursada en noviembre por García-Castellón, en la que el juez pedía que le facilitase la localización de Rovira. El juez realizaba esta petición en un texto en el que también describía de forma minuciosa el asalto al aeropuerto del Prat, así como el intento de bloqueo de Barajas y calificaba los hechos como terrorismo.
El revés es doble, porque se niega igualmente a informar sobre una cuenta bancaria utilizada supuestamente para financiar las movilizaciones y las protestas, algunas violentas, que organizó Tsunami Democràtic en 2019 tras la sentencia a los políticos que impulsaron el procés.
Este organismo recuerda que en 2020 denegó ya una petición de asistencia similar, porque no vio indicios de terrorismo en los hechos descritos. Fuentes conocedoras de la respuesta suiza coinciden en señalar que Berna reprocha al juez que pida la misma información bancaria que pidió cuatro años antes por el mismo caso y que ya le fue denegada. Una pérdida de tiempo, le viene a decir. La Oficina Federal de Justicia suspende el auxilio judicial solicitado por García-Castellón a la espera de que España le aclare algunos extremos de la causa sobre los que expresa numerosas dudas, indica El País.
En un escrito fechado en Berna el pasado 22 de diciembre, el responsable de este departamento helvético, Guillaume Rousseau, responde al juzgado que "antes de verificar" si la petición de ayuda para la investigación tiene "carácter político", motivo por el que ya fue rechazada la primera rogatoria remitida por el juzgado en diciembre de 2019, clarifique sus dudas y suspende la tramitación de la petición hasta recibir respuesta. La sombra del lawfare, de nuevo, marcando una investigación sobre independentistas.
La Oficina Federal de Justicia afea al juez que solicite el paradero de la líder de ERC mediante asistencia judicial cuando esta medida puede llevarse a cabo “mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial”; y no entiende “qué finalidad se persigue con esa localización”. “Nos gustaría saber la relación exacta entre Marta Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las de las medidas de asistencia mutua, y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados [El Prat y Barajas] que constituyen los hechos descritos en la comisión rogatoria; en otras palabras, es importante destacar la implicación precisa de la señora Rovira en dichas manifestaciones, y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto”, se lee en el citado diario.
Lo que argumentaba el juez
El juez García-Castellón, en su argumentario a Suiza, no señala la supuesta implicación de la líder de ERC en las manifestaciones de los aeropuertos. Lo único que aporta como pruebas de esa participación en Tsunami es una reunión en Ginebra, cuyo contenido ignora, "en la que supuestamente se habló de la creación del movimiento de protesta y se planificaron sus acciones".
El magistrado apunta a Rovira porque “fue la que más rápido tuiteó el primer mensaje de Tsunami”. El juez escribe literalmente: “Tan sólo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar en comentarlo y transcribirlo (40 palabras repartidas en 225 caracteres con espacios). Se sospecha, por ello, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami Democràtic”.
Otros supuestos mensajes de Rovira incorporados al sumario sólo reflejan la satisfacción de la líder de ERC ante el éxito de las protestas masivas contra la sentencia del procés, sostienen los conocedores de los documentos. Hay supuestas conversaciones a través de aplicaciones del usuario "Matagalls" o "Marta", identificados ambos como Rovira por los investigadores, en los que se informa a uno de los presuntos organizadores de Tsunami, 11 días antes del asalto a El Prat, que estaba "reclutando gente para hacer vuestra acción", aunque no hay evidencias de que fuera la misma, y el mismo día del acto del aeropuerto, supuestamente le envió otro mensaje diciéndole que felicitase a "todo el mundo", indica la cadena de emisoras.
Por eso, incluso el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo recurrió el auto del juez donde este señalaba a Rovira y a Puigdemont. Sostuvo que que no hay pruebas de que la reunión de Ginebra sirviera para planificar la acción de Tsunami y que todo es fruto de la mala interpretación del juez acerca de una información publicada igualmente por El País. Ahora, es Suiza quien dura de la proporcionalidad de la investigación y de los medios usados por el juez para lograr información.