Mensajes cruzados, protestas y un infarto en El Prat: ¿por qué García-Castellón quiere juzgar a Puigdemont por terrorismo?

El regreso de Carles Puigdemont a España sigue sin fecha. La ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, que tramita la ley de amnistía, aprobó este jueves las ocho enmiendas registradas por el grupo socialista y apoyadas por todos los socios de la investidura, incluyendo ERC y Junts. Se trata de un paso más en el complejo proceso que la ley de amnistía debe recorrer en el parlamento hasta su aprobación, algo indispensable para que el expresidente de la Generalitat pueda regresar desde Bélgica. 

Pero todavía quedan unos pasos más. Al tratarse de una norma orgánica, la proposición de ley de amnistía no puede ser validada directamente en dicha comisión, sino que debe volver al Pleno para un último debate y para una votación en la que se necesitará la mayoría absoluta. Una vez tenga luz verde por parte del Congreso, la proposición de ley estará lista para ser enviada al Senado, donde el PP promete demorar hasta dos meses más su tramitación. Luego, tendrá que regresar al Congreso para su aprobación definitiva.

Sólo cuando esté publicada en el BOE, Puigdemont podría regresar inmediatamente a España, ya que decaerían las órdenes de detención y no se le podrían imponer medidas cautelares. No le afectaría, según fuentes jurídicas, que el Tribunal Supremo presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para detener los efectos de la norma, puesto que él no ha llegado a ser condenado. 

Sin embargo, la insistencia del juez García-Castellón de que el Tribunal Supremo debe investigar al expresidente catalán por delitos de terrorismo en la causa abierta en torno a la plataforma Tsunami Democràtic sí podría complicar su vuelta a España. 

Este jueves, y sólo un día después de que Junts presentara una enmienda para que la amnistía también incluya los delitos tipificados como terrorismo, el juez rechazaba la petición de la fiscalía de juzgar las protestas y los actos de agitación social promovidas por esta organización como "desórdenes públicos". Muy al contrario, el magistrado sostiene que las últimas diligencias que ha llevado a cabo en la investigación han afianzado su tesis inicial: hay indicios de terrorismo.

Pero, ¿qué está investigando García-Castellón y por qué cree que Puigdemont debe ser juzgado por este delito?  Tsunami Democràtic fue una plataforma que surgió en 2019 a través de canales como Twitter o Telegram para promover y organizar protestas en la calle contra la sentencia del procès. El movimiento operaba sin portavoces o dirigentes visibles, pero partidos como ERC, Junts o CUP, y organizaciones como la ANC, participaron o apoyaron abiertamente a la plataforma.

Algunas de esas acciones fueron la ocupación del aeropuerto de El Prat, una huelga general en Cataluña, cortes de autopistas y una acción en el Camp Nou que acabó con disturbios tras un Barça-Real Madrid. 

Cuatro años después de las movilizaciones, García Castellón dictó un auto de 34 páginas sobre la investigación realizada en torno a las acciones llevadas a cabo por Tsunami Democràtic. Y el pasado mes de noviembre, en pleno debate sobre la ley de amnistía, decidió investigar por terrorismo a Puigdemont al situarle, junto a Marta Rovira, en el vértice más alto la organización. ¿Los motivos? Su "posición de autoridad incuestionable" por haber estado al frente de la Generalitat y ser el "líder desde Bruselas" del movimiento independentista.

De hecho, el magistrado ve claros indicios que permiten inferir su participación "en el nacimiento y planificación" de las acciones de Tsunami, como mensajes cruzados con otros de los investigados o su asistencia a una reunión clave en Ginebra en la que se habrían tomado decisiones relevantes.

Ante el recurso de la Fiscalía, el juez insiste en "la gravedad de los delitos", la "clara afectación" que hubo para los "intereses generales" y para las "estructuras económicas esenciales del Estado", así como los daños y lesiones que se causaron en las protestas. Y pone como ejemplo posible de terrorismo los disturbios en el aero­puerto de El Prat, donde hubo un veintena de agentes heridos y un ciudadano francés fallecido por un infarto. Para García-Castellón, aquello pudo ser un acto terrorista y detrás había un “líder”, Carles Puigdemont, y una “coordinadora política”, Marta Rovira.

¿Contrario al derecho europeo?

La ley de amnistía, pactada con los independentistas y registrada hace un mes por el PSOE en el Congreso, excluye de su paraguas aquellos "actos tipificados como delitos de terrorismo" cuando ya exista una "sentencia firme", algo que no se da en este caso ni tampoco en el de los CDR. Sin embargo, Junts ha presentado esta semana una enmienda para eliminar esta referencia a los delitos de terrorismo de las "exclusiones" y asegurar así que, incluso en el caso de que llegue a haber una sentencia firme antes de aplicarse la nueva ley, estas causas también puedan acogerse a la amnistía.

Según el partido de Puigdemont, el objetivo de dicha modificación es sortear los procedimientos "en los que, arbitraria e injustificadamente, se investiga y persigue a independentistas catalanes" por estos delitos, en referencia clara al caso Tsunami.

Perro para el Gobierno, el terrorismo es una "línea roja". El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señalaba al conocer la enmienda de Junts que "los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley" del PSOE. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, explicaba por su parte que un delito de terrorismo no puede ser "amnistiable" y que eso supone "una línea roja" que se han marcado los socialistas en las negociaciones para enmendar en el trámite legislativo su proposición de ley orgánica.

El PSOE sabe que la ley de amnistía, mirada con lupa desde Bruselas, podría no superar el visto bueno de Bruselas si el terrorismo forma parte de los delitos borrados. El comisario de Justicia, Dider Reynders, ya señaló en noviembre que verificaría la compatibilidad de la ley con el derecho comunitario, en especial el respeto a los valores fundamentales de la UE y también en lo relativo al derecho penal. Especialmente, en este caso, todo lo que tenía que ver con delitos de terrorismo o que atenten contra los intereses financieros de la UE.

No obstante, la distinción hecha en la ley entre los delitos de terrorismo en función de que haya o no sentencia firme también suscita dudas jurídicas. Por ejemplo, los propios letrados de la comisión de Justicia del Congreso al avisar en su informe de que esta distinción “puede ser contraria al Derecho europeo". Para hacer esta afirmación tienen en cuenta la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 2017, que establece la necesidad de castigar estos delitos con penas "eficaces, proporcionadas y disuasorias". El riesgo para el PSOE, Junts o ERC es que ese extremo u otros contenidos en la ley no pasen el filtro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o del propio Tribunal Constitucional.