La vía Constitucional contra las leyes trans y LGTBI de Ayuso: "Los derechos no pueden esperar"

Una modificación que ha quedado paralizada. El Gobierno de España dio un paso adelante y el pasado martes anunció que llevaba ante el Tribunal Constitucional las modificaciones en las leyes trans y LGTBI que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sacó adelante el pasado mes de noviembre.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, avanzó que el Consejo de Ministros había decidido impugnar varios de los artículos que el Gobierno madrileño había cambiado en ambas normativas.

Moncloa ha puesto freno, de forma temporal, a los puntos referentes a la realización de terapias de conversión o el mantenimiento de la evaluación psicológica a los menores que quieren transitar. Un bloqueo que durará hasta que el Constitucional se pronuncie.

La decisión adoptada por el Gobierno sigue los pasos del Defensor del Pueblo. El órgano que lidera Ángel Gabilondo presentó un recurso el pasado 1 de abril ante el Tribunal Constitucional porque consideran que "patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad". Algo que el órgano constitucional admitió a trámite el pasado 7 de mayo.

"Los derechos de las personas LGTBI no pueden esperar"

Moncloa cree que las leyes de Madrid "tendrían que haber sido todo lo contrario" a lo que han sido. "Que mejoraran o ampliaran los de la ley nacional, ir más allá en defensa de los derechos y garantías de ciudadanos", explicó Ana Redondo tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Fuentes del Ministerio de Igualdad justifican a El HuffPost que el recurso se ha presentado porque "los derechos de las personas LGTBI no pueden esperar". "Debemos velar por los derechos de las personas LGTBI vivan en la Comunidad Autónoma en la que vivan", razonan.

"Este Gobierno está firmemente comprometido con la defensa de los derechos del movimiento LGTBI y nuestro compromiso es adoptar las medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de las discriminaciones, ataques y actos de violencia que a día de hoy siguen sufriendo", señalan.

Las mismas fuentes del Ministerio de Igualdad destacan que su objetivo es el de trabajar "por una sociedad más igualitaria, más justa, sostenible, plural y comprometida con los derechos humanos". "Una sociedad, en definitiva, con mayor calidad democrática", añaden.

"Perpetúan prácticas patologizantes y discriminatorias"

Las principales asociaciones llevan meses alzando la voz contra lo que consideran unas modificaciones en las leyes trans y LGTBI que suponen un "grave retroceso" en los derechos de las personas del colectivo.

Desde Arcópoli aseguran que las leyes madrileñas, que ahora serán examinadas por el Tribunal Constitucional, "perpetúan prácticas patologizantes y discriminatorias". "Permiten excepciones a la prohibición de las terapias de conversión y limitan el acceso de las personas trans a espacios seguros, perpetuando estigmas y fomentando la discriminación", señala.

"Instamos a las instituciones a mantener un compromiso constante y efectivo con nuestra comunidad, más allá de fechas simbólicas como el 28J. Los derechos de las personas LGTBI+ no pueden depender de la conveniencia política o del calendario, sino que deben ser una prioridad permanente", justifican.

Luis Fernando Rosales, coordinador de Arcópoli, avisa en un comunicado que acogen "con cautela" la postura del Gobierno de España. "Si bien esta medida era necesaria, lamentamos profundamente que llegue tan tarde y coincida oportunamente con la víspera del Día Internacional del Orgullo LGTBI+", explica.

Desde la organización, aseguran que es "un paso", aunque creen que deja "un sabor agridulce", porque recuerdan que el Defensor del Pueblo ya actuó hace tres meses de la misma manera.

"Una barbaridad, un atropello y una indecencia". Esos fueron los términos que usó Carla Antonelli, histórica referente del colectivo trans, senadora y diputada de Más Madrid, en declaraciones a El HuffPost tras el 'tijeretazo' a los derechos trans y LGTBI en la Comunidad de Madrid.

“Me parece indecente, una abominación, una ignominia. Yo fui la ponente de esa ley. Fui quién reunió a todos los colectivos. Con ellos trabajamos el texto para esa ley, junto con los demás partidos de la oposición. Es un atentado contra la dignidad y los derechos de un colectivo", criticó.

Tras conocer la noticia, Carla Antonelli ha compartido un vídeo en la red social X en el que ha celebrado la medida. "Felicidades al Gobierno de España por haber llevado ante el Tribunal Constitucional la infame derogación de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso. Porque la transfobia y LGTBIfobia ni tiene ni ha tenido recorrido", ha expuesto.

Otra de las históricas activistas del colectivo trans, Mar Cambrollé, explica a El HuffPost que ya pidieron en noviembre al Defensor del Pueblo y al propio Pedro Sánchez que interpusiera un recurso contra "los recortes de derechos de la señora Ayuso".

Considera que se podía intermediar por las formas, "ya que no era urgente", pero, sobre todo, por el fondo. "Nos parecía inconstitucional querer devolver a las personas a la patologización", critica.

Mar Cambrollé valora positivamente la decisión del Gobierno, aunque no duda en resaltar que se ha tardado tanto y se ha anunciado cerca del Orgullo. "Siempre es mejor tarde que nunca, pero el momento se puede interpretar como un uso de titular para el mes de la diversidad", añade.

"Echo en falta una voz firme del Gobierno de decir que, aunque esto hubiese pasado, todas las comunidades deben respetar la ley trans y de derechos LGTBI estatal. Eso era un mensaje de tranquilidad para el colectivo y un freno a la extrema derecha para decir que los derechos humanos no se tocan", reclama.

La LGTBIfobia crece un 20% en Madrid

A los recortes en derechos del colectivo trans y LGTBI en la Comunidad de Madrid se suman los datos que avisan de que los incidentes de LGTBIfobia en la capital española han aumentado de forma importante en 2023.

El informe del Observatorio Madrileño contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia de la asociación Arcópoli que ha visto a la luz este jueves refleja un incremento del 20%, pasando de los 173 casos de 2022 a los 209.

La mayoría de los incidentes ocurrieron en la vía pública, con 57 casos (27,3%), seguidos por los casos de odio en Internet, que ascendieron a 43 (20,6%). Los centros laborales fueron escenario de 27 incidentes (12,9%), mientras que 23 ocurrieron en viviendas habituales (11%), demostrando que la discriminación puede manifestarse en múltiples ámbitos de la vida diaria.

"La violencia y la discriminación permanecen arraigadas, lo que subraya la urgencia de implementar políticas públicas más efectivas y de fomentar un entorno de mayor denuncia y apoyo a las víctimas, para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad LGTBI", concluye el informe.

Luis Fernando Rosales pide el compromiso firme desde la política y las instituciones para erradicar los discursos de odio que son el caldo de cultivo para estos incidentes. "Los recortes de las leyes LGTBI como la 2/2016 y 3/2016 de la Comunidad de Madrid envían un mensaje erróneo a la ciudadanía, además de provocar que las víctimas tengan una percepción de desprotección por parte de las autoridades", razona.