Consumo abre una investigación para perseguir la publicidad de pisos turísticos sin licencia
El departamento que lidera Pablo Bustinduy ha enviado varios requerimientos en los que ha reclamado información a estas compañías sobre los arrendadores.
El auge de los pisos turísticos en España ha provocado un importante malestar en muchas ciudades del país. Algunos de ellos se ofrecen en conocidas plataformas por días o semanas, aunque existe el peligro de que algunos de estos pisos no cuenten con una licencia obligatoria.
Es por ello que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha decidido abrir una investigación contra esas plataformas que ofertan viviendas que no cumplen con la ley.
En una nota que ha hecho pública, el departamento que lidera Pablo Bustinduy ha reclamado a estas empresas el envío de información sobre la oferta con la que cuentan para comprobar qué pisos no tienen licencia.
Esos requerimientos ya han sido enviados por el Ministerio de Consumo ante el temor a que estas plataformas estén realizando prácticas desleales sancionables. Todo englobado en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. La misma norma con la que anunció la sanción de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas por cobrar el equipaje de mano.
Supondrían una infracción que puede “generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”, señalan desde la Dirección General de Consumo.
Consumo no nombra a ninguna plataforma concreta ni explica el número de las investigadas, aunque se sobreentiende de que son las empresas similares a la famosa AirBnB.
El departamento de Bustinduy busca identificar a los arrendadores y ha anunciado que, con la información que se recabe a través de estos requerimientos, la Dirección General de Consumo va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores.
Tal y como han indicado, según el precepto legal, las infracciones podrían calificarse como graves, con multas que escalarían hasta los 100.000 euros. Una cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
