Hungría en la presidencia y Orbán y estado de Derecho ante el Parlamento Europeo

En el primer Pleno de octubre del Parlamento Europeo (PE) en su sede de Estrasburgo, compareció finalmente, avanzada ya la Presidencia rotatoria (semestral) del Consejo de la UE correspondiente a Hungría (segunda mitad de 2024) el Primer Ministro (PM) Víctor Orbán. jefe indiscutido de Fydesz (Partido nacionalista ultraconservador) y jefe de Gobierno continuadamente desde hace 14 años.

La historia de sus desencuentros con los valores fundantes y el Derecho europeo es harto conocida. Ya en 2026 el PE adoptó la iniciativa de requerir de la Comisión Europea y del Consejo Europeo la activación del procedimiento extraordinario de sanción a un Estado miembro (EM) (art.7 TUE) que incurra en un "riesgo cierto" (Clear Risk) de "violación grave y sistémica" (Serious Breach) de los principios de Estado de Derecho e idea europea de democracia consagrados en el art.2 TUE. 

Asimismo, es conocido el desdén —desafiante desprecio— con que el PM Orbán ha venido despachando las acerbas críticas del PE, los procedimientos de infracción incoados por la Comisión Europea y, lo que es más alarmante, las sentencias del TJUE que han condenado sus abusos y quebrantos contra la Ley europea, imponiéndosele multas millonarias y cerrándole el acceso a cuantiosos Fondos europeos (Reglamento de Condicionalidad del Estado de Derecho, vigente desde 2021).

Y de nuevo en esta ocasión, tardía en su propio encuadre en la Presidencia húngara, escuchó impertérrito una abrumadora polifonía de reproches, entre los que resonó la exigencia al Consejo de la UE que "de una vez" suspenda sus derechos de voto hasta que acate las obligaciones que incumben a todo EM por su pertenencia a un club que no es solamente la entrada a un reparto de Fondos sino también la voluntad de compartir obligaciones y solidaridades. 

Una vez más fue preciso recordarle al PM Orbán que el PE no es para Hungría una "potencia extranjera", una "injerencia" incómoda para la soberanía magiar: el PE es un Parlamento directamente electivo por 450 millones de personas, entre ellos 10 millones de húngaros a los que instamos a que sigan queriendo ser ciudadanos europeos, a pesar y más allá del desprecio de su Gobierno —en la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE— a las instituciones europeas. El PE representa de forma directamente democrática —sufragio universal— esa ciudadanía europea que enriquece y mejora la de cada EM, con leyes que son de obligado cumplimiento a quien sea parte de la UE.

Pero una vez más observamos la indiferencia de Orbán ante el alud de denuncias de sus contradicciones con el Derecho de la UE, anudada en sus réplicas con duros ataques personales a sus oponentes húngaros, con tono no ya bravucón sino amenazador, salpimentado con bulos y gruesas acusaciones carentes de fundamento de que todos sus adversarios estarían pagados por Soros, compatriota detestado y demonizado por Fydesz. En ningún momento desmintió que su comparecencia fuese la única en la historia de los últimos 20 años que no fue retransmitida por la TV estatal, hecho debido al control férreo que Orbán ejerce sobre todo el paisaje mediático húngaro, con implacable sometimiento de medios públicos y privados.

En su comparecencia le oímos hablar, reivindicativamente, del lema de la UE: unida en su diversidad. Un lema que, indudablemente, se aplica no solo a la UE sino también, cómo no, a sus EEMM, a cada uno de ellos, en la medida en que expresa que la sujeción al Derecho democrático es propia de sociedades abiertas a su propio pluralismo y a su diversidad. La UE comprende, por tanto, sociedades abiertas, incompatibles con la xenofobia y con el desprecio a los inmigrantes beligerantemente propugnado por Orbán. 

Por eso, paradójicamente, incluso ostentando la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE hubo de recordársele que Hungría está bajo el procedimiento extraordinario de sanción del articulo 7 TUE y bajo el procedimiento de Condicionalidad del Estado de Derecho que restringe el acceso a los Fondos de la UE. Y así será hasta que Hungría cumpla el Derecho Europeo y las sentencias del TJUE. 

Y así será, además, hasta que el Gobierno húngaro comprenda que ser europeo significa ser leal con el Derecho UE, con las sentencias TJUE... y con la Política Exterior y de Seguridad Común, pisoteada por la gira unilateralmente emprendida al inicio de su semestre en la Presidencia de turno para retratarse en Moscú con el autócrata Putin (con quien, por cierto, acordó un inaceptable Programa de Visas por inversiones) y para congraciarse en Pekín con el Presidente Xi Jing Pin, sin contar con mandato alguno que le habilitase al respecto.

No fue este, sin embargo, la única ocasión de debate durante el Pleno el PE sobre la situación del Estado de Derecho, la idea europea de democracia y los derechos fundamentales en la UE y sus EEMM. La Vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová presentó ese mismo día ante el Pleno el quinto Informe Anual sobre el Estado de Derecho en la UE, un examen —cada vez más amplio y riguroso— de los 27 EEMM ("Country Reports") que, periódicamente, sobre parámetros objetivos (Independencia Judicial, estrategias contra la corrupción, pluralismo informativo y separación de poderes), radiografía los problemas suscitados por los respectivos desarrollos institucionales y legislativos, a fin de oponer una suerte de "alerta temprana" que prevenga la proliferación de síndromes tan abrasivos como el que plantea Hungría y su autodenominado “régimen iliberal”. 

Con el impulso y compromiso de la Comisión LIBE del PE (que he presidido diez años), costó sacarlo adelante; pero es un hecho que ahí está, examinando a todos los EEMM en materia de independencia judicial, corrupción, pluralismo informativo, separación de poderes, estado y carácter de la democracia, en suma.

La experiencia acumulada nos ha enseñado a distinguir aquellas situaciones donde pueda plantearse algún problema concreto que merezca comentario, aun cuando puedan escucharse críticas tan injustas, delirantes e hiperbólicas, tan cargadas de grandilocuencia como ayunas de seriedad y contacto con la realidad como las que anualmente se escucha al PP español con respecto a la situación en España desde que se ve obligado a estar en la oposición contra un Gobierno progresista. 

Aburre tener que explicar que no hay en España asomo de "dictadura": hay, desde hace seis años, un Gobierno de coalición hiperminoritario compelido a pactar a varias bandas —arrostrando contradicciones y superando obstáculos— todas y cada una de sus iniciativas y sus leyes (piénsese en la de Presupuestos, para probarlo meridianamente). Un Gobierno legítimo, investido por el Congreso de los Diputados con su confianza, que de ninguna manera puede equipararse a una "autocracia" con fatuidad insultante en una tribuna europea, acostumbrada la UE desde siempre a coaliciones polícromas de todo formato y alcance.

Y digo, sí, de distinguir esos supuestos expuestos a controversia política frente a esas otras situaciones donde es inevitable concluir una "violación sistémica" del Estado de Derecho, como la que discutimos esa misma mañana con el PM Orbán, catorce años instalado en una mayoría absoluta aplastante mediante un sistema electoral trucado a sus mismos efectos, con "premio de mayoría", que le da un apoyo de dos tercios —sin tenerlo en las urnas (44%)—, con severa restricción del pluralismo, persecución de minorías, hostigamiento a disidencia y virtual aplastamiento del pluralismo informativo y la libertad académica.

Cierto es que los análisis del Informe Anual y de sus Country Reports han de ser individualizados; en ningún caso confundidos. El quinto Informe Anual sobre el Estado de Derecho señala —claro que sí— que todas las democracias de la UE han de respetar principios constitucionales comunes, garantes de su propia diversidad, del respeto a los derechos de las minorías y de los individuales protegidos por un Poder Judicial imparcial e independiente (art.47 CDFUE), así como del pluralismo informativo y de la transparencia en la titularidad y en la financiación pública de los medios de comunicación.