Más vivienda pública contra la crisis
"La vivienda impide en la práctica la emancipación de nuestros jóvenes, que son los últimos de Europa en abandonar la vivienda paterna".
La situación del mercado habitacional es claramente de emergencia por una crisis de oferta, tanto en compra como en alquiler, que ha disparado los precios hasta el extremo de marginalizar a un sector mayoritario de población. Esta carencia tiene un efecto directísimo e intenso sobre el estado de bienestar ya que, de un lado, afecta a la calidad de vida de las personas —la fracción de renta familiar disponible aplicada a la vivienda es absurdamente elevada—, y, de otro lado, impide en la práctica la emancipación de nuestros jóvenes, que son los últimos de Europa en abandonar la vivienda paterna. Esta situación tiene consecuencias negativas de todo orden, incluso demográficas: no nacen niños porque las parejas no pueden formar una nueva unidad familiar.
Según asegura Funcas en su informe “Mercado inmobiliario y política de la vivienda en España” (septiembre de 2024), coordinado por Santiago Carbó, estamos sumidos en un gran desajuste entre oferta y demanda. Desajuste que arranca en 2021, aunque el desacople está en gestación desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008. La producción de casas entra en una etapa de fuerte atonía por la crisis económica primero y por el miedo a repetir los errores del pasado, después, y se estabiliza en torno a las 90.000 viviendas al año, el 40% de las que serían necesarias. “La oferta de vivienda nueva es notablemente insuficiente”, advierte el estudio. Según el Banco de España, hacen falta actualmente unas 600.000 viviendas, tanto en venta como en alquiler. A principios de este siglo, España construía cerca de estas 600.000 viviendas anualmente.
La dificultad técnica y económica de que el mercado inmobiliario se ponga en marcha al ritmo necesario no es la única razón de la situación actual, ensombrecida por otros fenómenos. En primer lugar, hay que mencionar el hecho de que, en los últimos cincuenta años, casi siete millones de pisos pasaron de protegidos (con un precio máximo fijado) a libres, así que el peso de la vivienda social es hoy de apenas un 2,5% en España, frente al 9,3% de media en la UE.
En segundo lugar, ha surgido el fenómeno de las ‘viviendas turísticas’: según Funcas, la demanda actual de segundas residencias es de unas 60.000 viviendas al año, que pasan a engrosar un parque que actualmente es de más de 350.000, en gran medida destinadas al alquiler a turistas. Y no hay datos fiables de los innumerables pisos urbanos reconvertidos en pisos turísticos, que restan también una parte de la oferta.
En tercer lugar, según el Banco de España hay actualmente en nuestro país cuatro millones de viviendas vacías.
Es obvio que las actuaciones sobre la actual realidad no pueden ser aplicadas súbitamente ya que la planificación urbana y la construcción de viviendas requieren un proceso largo. Por ello, habrá que adoptar ciertas medidas provisionales a corto plazo -límites al alquiler en zonas tensionadas, subvenciones a los jóvenes, etc.- para aliviar la actual situación, mientras se desarrolla una política a largo plazo que debería basarse en la construcción efectiva de vivienda pública, que ha de ser la gran herramienta de la estabilización definitiva del mercado, como ya ha descubierto la mayoría de los países europeos.
La exigencia social de una “vivienda digna” que impone el art. 47 de la Constitución autoriza a los poderes públicos a intervenir, pero lógicamente esto ha de hacerse en un sentido concordante en lo posible con la lógica mercantil. Por lo tanto, la intervención no puede consistir en una simple limitación de los precios de la vivienda ya que se desincentivaría la iniciativa constructora. Lo deseable es que el sector público lance al mercado viviendas en un número suficiente para casar la oferta y la demanda en un precio razonable, que se debería definir con criterios objetivos, relacionados con el salario medio y con el salario mínimo.
Una vez logrado este equilibrio, que evolucionará lógicamente según lo hagan los diferentes parámetros sociales, el objetivo de que todos tengan “vivienda digna” se reajustará mediante un sistema de ayudas... que podría obtenerse de un gravamen fiscal sobre las viviendas vacías. No se trata, en fin, de impedir un mercado abierto pero sí de acabar con la especulación a costa del bienestar general. Y la propia Cata Magna, en su redactado, invita a que el Estado actúe como factor equilibrante. La izquierda en el poder debería entenderlo así … O explicar qué nuevas políticas piensa adoptar para conseguir tales objetivos, que hasta ahora ni siquiera se han aproximado.
