De la congelación a la confiscación de los activos rusos: el Parlamento Europeo impulsa la reconstrucción de Ucrania
"No solamente tanto tiempo como resulte necesario, sino asumiendo los esfuerzos que resulten necesarios".
Una vez más, el Pleno del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo ha vuelto a ratificar su compromiso con Ucrania, con su resistencia, con su reconstrucción.
Además de una prolija Resolución que saluda la perspectiva de una oferta de tregua (tierra, mar y aire) de 30 días discutida en Jeddah (Arabia Saudí) entre las delegaciones de Ucrania y EEUU, el PE presiona a la Comisión Europea que preside Von der Leyen (VDL II, 2024/2029) para que desbloquee en el Consejo la iniciativa legislativa que debe dar base jurídica a la confiscación de activos rusos (235.000 millones de euros en depósitos bancarios en la UE) actualmente "congelados", y su movilización para la reparación en Ucrania de los incuantificables daños físicos y morales causados por el agresor, la Rusia de Putin.
La "base jurídica", determinante siempre de toda legislación europea conforme al Tratado de Lisboa (TL) la presta, para empezar, la legalidad internacional dimanante de las Resoluciones de la Asamblea General de NNUU, que establecen la obligación, conforme a los principios generales del Derecho, de satisfacer las responsabilidades económicas del acto ilícito, como sin duda lo es una guerra de agresión, crimen del que por cierto, es jurisdicción competente el Tribunal Penal Internacional (Estatuto de Roma, 1998). En idéntico sentido se pronuncian las Resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
En los debates del PE resplandece la consciencia de haber hecho, desde el arranque mismo de la invasión rusa de Ucrania (febrero de 2022, tres años cumplidos ya), todo cuanto ha estado en su mano para mostrar voluntad no solo de condena a Rusia -encadenando sanciones, y aprobando la "congelación" de los depósitos rusos en los Bancos de la UE, sino de apoyar activamente la reparación del daño y la reconstrucción.
Se trata ahora de abordar la legislación europea -un Reglamento, vinculante para los Estados miembros (EEMM) que permita transformar los activos "congelados" en caudales confiscados. La operación no se cierne solo al "despertar estratégico" (awakening) de la UE ante la brutalidad abrupta de la guerra en la frontera inmediata de la UE (la gigantesca Rusia es vecina y frontera directa en las Repúblicas Bálticas, Finlandia y Polonia en el enclave de Kaliningrado) en el marco del relanzamiento de la Política Exterior de Seguridad y Defensa, sino el Mercado Interior (Single Market) en su vertiente regulatoria del mercado financiero y del sistema bancario.
En otras palabras, se trata de acometer, simultáneamente, en carriles paralelos, una legislación que exprese no solamente la determinación estratégica de la UE en la defensa de Ucrania, sino que también proporcione seguridad jurídica a una confiscación de un imponente montante de caudales "congelados" para encauzar la voluntad europea -suscrita invariablemente por las Resoluciones y Actos Legislativos del PE - de financiar los proyectos y las obras que reconstruirán Ucrania.
El objetivo no se cierne a conjurar cualquier sospecha de desviación de poder, abuso o arbitrariedad -regulando con precisión el nuevo régimen jurídico: abarca también la ambición de aprender de las lecciones de la terrible experiencia de esta devastadora guerra de agresión a las puertas de la UE, estableciendo un régimen jurídico claro que pueda eventualmente activarse ante cualquier nuevo desafío que el futuro nos depare, y reafirme el principio de que ninguna violación grosera del Derecho internacional puede quedar impune, exenta de la responsabilidad pecuniaria derivada del delito.
El mandato del PE es claro: la Comisión Europea VDL II 2024/2029 debe honrar su doctrina enfáticamente proclamada: la de su determinación de apoyar a Ucrania as long as it takes, as much as it takes. No solamente tanto tiempo como resulte necesario, sino asumiendo los esfuerzos que resulten necesarios.
Esa voluntad, compartida por la UE y sus EEMM (con la ominosa excepción, cómo no, de la Hungría de Víctor Orban y su Gobierno de Fydesz, extrema derecha putinesca) no puede sustanciarse a cargo de nuevas derramas y cargas de solidaridad impuestas a los Presupuestos nacionales de los EEEM, ni mucho menos vertida sobre los hombros de los contribuyentes europeos.
La UE debe, antes bien, asegurarse que Putin y su régimen, opresivo u orientado hacia la resurrección de la "esfera de influencia" de la antigua URSS, pagan por la comisión de sus crímenes de guerra. Y que el imponente montante de los activos congelados pone, con base normativa sólida y seguridad jurídica, la primera piedra, y las que seguirán, de la reconstrucción tras tanta destrucción, tan injusta, ilegal y criminal.
