23J: también ante Europa hay partido, por España y por la UE

Tras la convocatoria anticipada de elecciones generales fechadas el 23J, el agotamiento de los plazos para la presentación de candidaturas señala el pistoletazo de una contienda electoral tan apremiante como decisiva. El pasado 10 de junio, el Comité Federal del PSOE aprobó por unanimidad sus listas para el Congreso de los Diputados y el Senado, tras discutir durante horas la situación delineada tras la jornada electoral municipal y autonómica del 28M. 

Se examinaron asimismo los factores que confluyen en la polarización emocional por la que el balance económico y social del Gobierno progresista, innegablemente positivo, resultó en buena medida eclipsado, en el juicio de millones de votantes, por condicionantes emocionales. Condicionantes, por cierto, que, en demasiadas ocasiones, fueron exasperados por campañas de desinformación o de explotación negativa de percepciones o hechos ajenos a lo que se dilucidaba en las urnas.

Ninguna acción de Gobierno está exenta de error. A menudo las elecciones se ventilan sobre hechos sobrevenidos en el curso de esa acción cuando ya se encuentra en marcha, no radicados ni encuadrados en los compromisos asumidos en la investidura sino inimaginables al inicio de la legislatura de cuyo enjuiciamiento se trate.

Pero cabe poca discusión de que, ante una legislatura sobresaltada en varias ocasiones por lo inesperado —una pandemia mundial, una guerra criminal con severas pérdidas humanas y graves crímenes de lesa humanidad perpetrados a las puertas de Europa y una espiral inflacionaria causada por la crisis de los suministros energéticos y alimentarios—, la que ahora se dirime en las urnas se ha distinguido como nunca por conjugar una reforma laboral pactada —fundada en la paz social— que ha dignificado el trabajo, reducido la precariedad y potenciado la estabilidad, con un incremento histórico del salario mínimo y un incremento igualmente récord de las pensiones en un contexto de crecimiento económico sostenido frente a las dificultades (allí donde otros EEMM de la UE han entrado en recesión) y de generación álgida de empleo y de afiliación a la seguridad social. 

En la medida en que la recaudación fiscal también ha crecido —mediando un deliberado esfuerzo de justicia tributaria—, no sólo se he hecho posible reducir el volumen de deuda, sino que se ha financiado una política social de cobertura expansiva de situaciones de vulnerabilidad: jóvenes (becas, bonos de transporte gratuito), familias con rentas bajas (tarifa regulada), personas en riesgo de exclusión (salario mínimo vital)...

Se ha desmentido con ello el mantra más asentado de la ideología liberal: el de que, en España, la única palanca de creación de empleo descansa en la temporalidad y la precariedad, el despido libre y los bajos salarios con el pretexto acrítico de la competitividad basada en ajustes salariales. Las políticas socialdemócratas han probado compatibles los empleos dignos y seguros con los salarios al alza, con crecimiento económico y con creación de puestos de trabajo y cotas de afiliación a la seguridad social (casi 21 millones, cifra nunca antes alcanzada).

Hay una explicación para que este balance de gestión sea generalmente elogiado en la UE y en las principales referencias del análisis económico (revistas especializadas, publicaciones de prestigio, indicadores de credibilidad de nuestra economía) y palidezca, sin embargo, en la abrumadora mayoría de cabeceras de la prensa escrita y operadores audiovisuales. 

La hegemonía de un pensamiento agresivamente conservador, protector de los intereses fiscales y financieros de las grandes empresas energéticas y tecnológicas, cómplice de las retóricas de hostigamiento al Gobierno por parte del PP y Vox, es inequívocamente un factor determinante de la paradoja descrita. Como lo es del desplazamiento del debate electoral hacia una confrontación extrema de reacciones emocionales y de campañas ad hominem, alejadas a conciencia de lo que en rigor se decide a la hora de apostar por una mayoría de Gobierno y un rumbo para la España de los próximos años.

Lo que está en juego importa a España, al futuro mediato y a las expectativas de millones de españolas y españoles de carne y hueso, pero también importa fuera de nuestras fronteras físicas: a la presencia de imagen de España en el exterior, en su contribución a la gobernanza multinivel y multilateral de la globalización, y particularmente a su influencia en la UE.

La Presidencia española que arranca el 1 de julio ha generado, desde hace ya tiempo, una enorme expectación. No sólo por su emplazamiento en la recta decisiva hacia el final de este mandato del Parlamento Europeo (PE) y de la Comisión Europea que preside Von der Leyen, sino por el crédito europeísta de España —en que la presidencia del Consejo de la UE resplandece con luz propia como un proyecto de país— y por los compromisos asumidos por su Gobierno progresista en la conducción proactiva de los grandes objetivos y ambiciones proclamadas en esta Legislatura 2019/2024 hasta su conclusión: Política Exterior, de Defensa y Seguridad Común (Autonomía estratégica y Autonomía energética); transición verde y justa hacia la descarbonización ante el cambio climático; agenda digital y regulatoria de la Inteligencia Artificial; Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (que finalmente afirme y llene de contenido los principios basales de responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria ante emergencias migratorias).

También en la arena europea se dirime si, a partir del 23J, España vuelve a quedarse esquinada en el rincón de pensar, con una regresión abrupta a las actitudes catetas teñidas de casticismo antieuropeo que ha exhibido el vicepresidente de Castilla y León en su deplorable pugna con el Derecho europeo explicado —qué ironía— por el mismo Comisario UE de Agricultura —el polaco Woichechowki— que resulta ser exponente de su misma familia política de ultraderecha nacionalista, o por el contrario apuesta por el pujante y respetado europeísmo mostrado por el Gobierno que preside Pedro Sánchez, encarnado con dignidad y eficacia por él mismo en el Consejo de la UE y por sus vicepresidentas Calviño y Ribera en sus respectivas carteras y competencias.

Hay partido. Hay mucho sobre los que debatir y una gran expectación en el aprovechamiento óptimo de la oportunidad que entraña la Presidencia semestral del Consejo de la UE. Como objetivo de país no podemos desaprovecharla. Por España, y por la UE.