La pobreza energética ha estado a la orden del día durante todo lo que llevamos de invierno. Ahora que sale el sol, pasadas las semanas más frías, echamos la vista atrás para ver con datos cuáles han sido las conversaciones que la factura de la luz ha generado en Twitter en los meses de noviembre, diciembre y enero.
La energía debe ser considerada un bien social, y su acceso, un derecho básico. Por eso, una sociedad decente no hace elegir a sus ciudadanos entre comer o encender la calefacción o la refrigeración; una sociedad decente es aquella en la que sus dirigentes garantizan unas condiciones de confort y salud básicas y no permite que nadie muera o malviva por no tener recursos para pagar las facturas de la electricidad, del gas o del agua.
Acusar al Partido Socialista de pretender reventar una concentración en la calle para reivindicar que no haya cortes de luz, por haber conseguido por la mañana convencer al Gobierno de que estos cortes se prohiban, es incomprensible. Muestra una enorme confusión entre el medio y el fin, entre las herramientas y los objetivos.
Impedir la interrupción forzosa del suministro de energía doméstica en hogares vulnerables es una aspiración compartida de los partidos de la vieja y nueva izquierda; y una necesidad social. En el contexto económico y político concreto en que nos encontramos, es coherente con una interpretación de los actuales niveles de pobreza energética como uno de los efectos más palpables de la crisis, junto con los desahucios, sobre el bienestar material de la ciudadanía.