Pacto PP-PSOE para no cortar la luz a los consumidores vulnerables
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha explicado este miércoles que el PSOE fue el único partido que contestó a la propuesta que entregó su departamento a los grupos el pasado 2 de diciembre para buscar un acuerdo sobre pobreza energética, lo que luego se ha traducido en un decreto ley para prohibir que se corte la luz a los consumidores más vulnerables, y que ése es el motivo por el que el Gobierno ha pactado este asunto en solitario con los socialistas.
Descarga aquí la Propuesta de Real Decreto Ley.
Así lo ha señalado el titular de Energía en los pasillos del Congreso, donde ha acudido a la sesión de control al Gobierno y donde se reunirá con el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, para cerrar los flecos del acuerdo, que fue anunciado este martes en el Congreso.
"El día 2 de diciembre entregamos un documento a todos los partidos y el único que ha respondido ha sido el PSOE. Ningún (otro) grupo se ha dirigido al Gobierno ni para decir qué opinaban del texto que les habíamos dado, ni qué aportaciones querían hacer", se ha lamentado Nadal, quien ha añadido que la semana pasada volvió a haber contactos varias formaciones a las que se pidió documentación, pero que nadie les entregó nada.
Nadal ha detallado que fue el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, quien dio en mano la propuesta del Gobierno a los portavoces de Energía de los grupos el 2 de diciembre, una semana después de la reunión que él mismo mantuvo con ellos para hablar del bono social.
EVITAR INSEGURIDAD
Según ha relatado, como "pasaba el tiempo y nadie hacía ningún comentario", la semana pasada se retomaron los contactos por dos vías: a nivel parlamentario y también con citas bilaterales en el ministerio. Nadal ha puesto como ejemplo que, tras el Pleno del pasado jueves, él se dirigió al portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell, para preguntarle qué le había parecido el documento e invitarle a hacer sugerencias.
Todos los grupos, ha dicho, recibieron "el mismo mensaje", que la intención del Gobierno era aprobar un decreto ley para que las medidas entraran en vigor lo antes posible y pactar su contenido con los grupos de manera que luego no tuviera que ser tramitado como proyecto de ley y pudiera sufrir modificaciones lo que, a su juicio, generaría inseguridad.
Nadal ha comentado que la semana pasada algún grupo, en referencia a Ciudadanos, se comprometió ha enviarle sus sugerencias este "lunes o martes", pero que no lo había hecho. Fuentes de su departamento han precisado después que el documento del partido naranja llegó al correo electrónico de una secretaria pasadas las ocho de la tarde del martes, horas después de anunciarse el acuerdo con el PSOE, y sin previo aviso de que sería remitido.
En este contexto, el ministro ha insistido en que con el único que ha habido un "trabajo intenso" de "aportaciones" e "intercambio" de textos ha sido con el PSOE. "El resto no han querido o no han tenido la oportunidad de pronunciarse y del 2 al 21 de diciembre ha habido tiempo más de que sobra para haber hecho aportaciones", ha remachado Nadal.
ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE
Además, ha afirmado que los partidos sabían que había que garantizar la financiación del bono social antes del 31 de diciembre y que ese era el objetivo del primer texto entregado por el secretario de Estado.
El resto de temas, ha agregado, sí se podían discutir más adelante, pero durante la negociación el PSOE propuso una "cuestión adicional" --la prohibición de los cortes de luz-- que el propio ministro había "hablado en términos muy similares" con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero.
En cualquier caso, el ministro ha avanzado que una vez cierre un documento definitivo con el PSOE volverá a ponerse en contacto con el resto de grupos para que se sumen al mismo y pongan sobre la mesa sus propuestas para enriquecerlo.
CERTIFICADO DE CONSUMIDOR VULNERABLE
Los servicios sociales de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas deberán acreditar mediante la expedición de un documento que un consumidor es "vulnerable severo", lo que le protegerá de los cortes de luz, según se recoge en la propuesta de real decreto-ley a la que ha tenido acceso Efe.
La norma -que regula la financiación del bono social y otras medidas de protección al consumidor- incluye varias modificaciones de la ley del sector, entre ellas la de incluir la citada categoría de consumidor "vulnerable severo" en el epígrafe de "suministros esenciales", es decir, aquellos a los no se les puede suspender el suministro.
Así, se incluye en el apartado 4 del artículo 52 -en el que se establecen esos supuestos de suministros esenciales- una nueva categoría que se suma a los ocho ya existentes (hospitales, fuerzas de seguridad, alumbrado público, etcétera) y en las que en "ningún caso" puede suspenderse el suministro.
En ese nuevo apartado se incluye a "aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a estos suministros, por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social".
El borrador del texto también añade que estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual y que "todo lo anterior deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las referidas Administraciones Públicas".
Además de incluir a estos consumidores, el texto prohíbe que se puedan aplicar recargos posteriores a esas situaciones de morosidad.
El borrador de la normativa, que podría ir este mismo viernes al Consejo de Ministros, también regula el nuevo modelo de financiación del bono social, que pasarán a costear todas las comercializadoras eléctricas y no solo las que tiene además actividades de producción y distribución como ocurría hasta ahora.
El Tribunal Supremo tumbó recientemente ese modelo de financiación por considerarlo discriminatorio.
El nuevo repartirá el coste de esta herramienta -unos 200 millones de euros al año- entre un mayor número de empresa aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres grandes -Endesa, Iberdrola y Gas Natural- por sus cuotas de mercado.
La propuesta de normativa también incluye, tal y como había señalado el Gobierno, que las eléctricas "cofinancien" con las Administraciones Públicas el suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores que entren en esa categoría de "vulnerables severos". El texto también pone un plazo máximo de tres meses, como se anunció ayer, para aprobar las normativas de desarrollo necesarias para su aplicación.
El Gobierno y el PSOE firmaron ayer un acuerdo sobre estas reformas, que también apoya Ciudadanos.
