Pobreza energética: cuando trabajas pero no puedes calentar tu casa
Lleva 14 años en Madrid. Antes de llegar a la capital, trabajó seis en Francia. No gana mucho menos que entonces, pero en el país vecino disfrutaba de reducciones y beneficios sociales que le hacían la vida más fácil. En España, los recortes se los aplica ella misma. El único radiador de la casa se enciende solo en días de muy baja temperatura. Maider y Jorge están acostumbrados a vestir con varias capas en invierno. Ella tiene 43 años, él nueve.
Madre e hijo aprovechan la vida todo lo que pueden. Maider asegura que ellos no son pobres. Pobre era Rosa, la anciana a la que cortaron la luz en Reus y murió en el incendio provocado por las velas con las que se alumbraba, justifica esta donostiarra. Maider y Jorge pertenecen a lo que ya se denomina clase media-baja energética. Y a la troupe de artistas nacionales, según se reconoce Maider a sí misma, porque, para hacer tanta pirueta con las cuentas, hay que tener ingenio o un master circense.
La situación de Maider y la de otros millones de ciudadanos como ella llega hoy al Congreso, que votará una moción del grupo de Unidos Podemos en la que se propone instar al Gobierno a prohibir a las empresas eléctricas cortes en el suministro energético sin consultar con los servicios sociales.
Maider trabaja como profesora de idiomas y prepara sus clases en el piso de 40 metros que alquila próximo a la Estación de Atocha en Madrid. Cada mañana se enfunda dos jerseys y se calza un poncho de alpaca. Usa guantes de lana para escribir, de esos que dejan las puntas de los dedos al descubierto, y entra en calor con sacos de semillas que calienta en el microondas y se coloca sobre el vientre.
España está repleta de artistas del calor unplugged (desenchufado). La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) denuncia que el 11% de los hogares en España, unos cinco millones de personas, se declara incapaz de mantener su casa a una temperatura adecuada. Entre los extremos, hay grises como el de Jorge y su madre.
Ellos son los grises: la clase media-baja de la que habla Maider. Aquella cuyos salarios cayeron siete puntos desde el inicio de la crisis, trabaja a tiempo parcial aunque preferiría ocho horas (el 63,4% según la OCDE), busca empleo y no lo encuentra (4.320.800 personas en la última EPA) y su factura eléctrica se complica y encarece cada vez más (la CNMC reconoce las dificultades del consumidor para interpretarla y sube más de un 8% en octubre, según el simulador de la factura de la luz del regulador, y un 76% desde que comenzara la crisis según Eurostat). Para ellos se creó el bono social, una medida anulada por el Supremo pero que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, pretende recuperar con una modificación legislativa para que sean todas las comercializadoras, y no solo las cinco grandes, las que sostengan la rebaja.
Maider ingresa, como mucho, 1.400 euros mensuales por sus clases y extras puntuales de encargos administrativos. Debido a su perfil de freelance, la cantidad es distinta cada mes y hay algunos en que casi no es. Lleva una contabilidad exquisita y tiene registrados sus pagos de energía desde 2014, cuando empezó a trabajar como autónoma tras haberse quedado en paro. Sus cuentas sirven como gráfico de la evolución al alza de la electricidad. Este año lleva pagados 640 euros a Gas Natural Fenosa. Explica que del promedio de 70 euros mensuales que paga en electricidad, “20 o 22 corresponden a consumo, el resto son impuestos de las compañías eléctricas que los cargan a los consumidores con el beneplácito del Gobierno”.
CONSUMIDORES VULNERABLES
Madre e hijo son consumidores vulnerables. La Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN) dice que se da vulnerabilidad energética cuando las circunstancias personales de un individuo, combinadas con aspectos del mercado, crean situaciones de desprotección como, por ejemplo, la falta de mecanismos para garantizar el acceso a la energía y el agua como bienes de primera necesidad.
Después de la muerte de Rosa en Reus, las eléctricas han levantado la voz para reclamar una ley estatal. María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, duda de la voluntad de las empresas cuando, explica a El Huffington Post, “está claro que en el caso de Rosa, pero también en otros, se saltaron la ley de emergencia social que sí existe en Cataluña (Ley 24/2015) y que las obliga a consultar con Servicios Sociales del Ayuntamiento competente antes de realizar el corte de electricidad”. María Campuzano considera que el bono social es poco justo. La Alianza y otras organizaciones de lucha contra la pobreza reclaman un tarifa social real, “no un descuento”.
“Si enciendo la calefacción en invierno o el ventilador en verano, mi hijo y yo dejamos de tener vida social y, aunque restringimos mucho las salidas, vamos a la Filmoteca los sábados cuando la sesión infantil es gratis para los niños, salgo con mis amigos de tanto en tanto a tomar algo y hacemos otras cosas que nos gustan”, relata Maider. “Por eso”, cuenta, “después del cole pasamos la tarde en la biblioteca de Retiro, que estamos calentitos; también vamos en verano a estar fresquitos”.
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) denuncia en su III Estudio sobre Pobreza Energética, publicado en 2016, un aumento del 22% de los casos respecto de 2014. También la Federación Española de Municipios y Provincias ha pedido que el Gobierno legisle de inmediato para evitar cortes de luz a hogares vulnerables. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las cuatro regiones con mayor incidencia de pobreza energética.
LO QUE DICE LA LEY SOBRE CORTAR LA LUZ
De los 28 países miembros de la Unión Europea, solo 17 han legislado contra la pobreza energética. España no lo ha hecho. Es más, el Constitucional anuló en abril el decreto catalán que prohibía cortes de luz por impago, por entender que con el bono social bastaba.
La ley catalana, pionera en España, hacía una definición de consumidor vulnerable e impedía cortes entre noviembre y marzo a quienes certificaran su condición desfavorecida con un informe de Servicios Sociales e ingresos inferiores a 10.300 euros anuales, en el caso de una familia de tres miembros. Las deudas no se condonaban sino que se aplazaban. El Ayuntamiento de París tiene una legislación idéntica en cuanto a desahucios: los prohíbe entre los meses de noviembre a marzo.
Maider está bien informada. Quiso pedir el bono social y otras ayudas, pero la asistente social que la entrevistó consideró que no era apropiado “en un país en que hay gente que asiste a comedores sociales”, parafrasea al tiempo que ladea la cabeza para asentir.
El 6% de los ciudadanos, 2,6 millones, dedica más del 15% de los ingresos familiares al pago de las facturas de energía, según datos recogidos por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Otro de los indicadores utilizados en el estudio cifra en un 7% los hogares españoles en situación de pobreza energética, son los mismos cuyos ingresos están por debajo de la renta mínima de inserción (400 euros). Casi cinco millones de ciudadanos en España apenas tiene con qué vivir una vez pagados los gastos de hogar y energía.
El 9,4% de los hogares consultados para la Encuesta de Condiciones de Vida del INE tenía retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad,...) en los 12 meses anteriores al de la entrevista. Maider no es la excepción. Ha sufrido dos cortes por impago y se prometió que no volvería a pasarle. Los meses que no llega a fin de mes pide dinero a sus padres en San Sebastián, aunque procura ajustar el consumo antes que recurrir a otros, cuenta.
TAMBIÉN AFECTA A LA SALUD
Tanta carencia conlleva un riesgo para la salud. La pobreza energética podría haber provocado hasta el 30% de las muertes adicionales en invierno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo a los datos analizados por ACA, en 2014, la mortalidad adicional de invierno promedio en España fue de 24.000 muertes por lo que más de 7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza energética, más que los provocados por los accidentes de tráfico pero en las que es difícil distinguir cuánto incidieron los problemas de climatización.
La pobreza energética está relacionada con una mayor prevalencia de enfermedades físicas y mentales -asma, artritis, reumatismo, depresión o ansiedad- y con el aumento de la mortalidad por patologías cardiovasculares y respiratorias entre los mayores de 60 años en invierno.
La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) ha invertido cinco años en el Proyecto Sophie. El estudio, impulsado por la UE, pone sobre la mesa el aumento de la mortalidad provocado por la austeridad fiscal como política de la Gran Recesión, sobre todo en algunas causas de mortalidad y especialmente en el suicidio. Carme Borrell, investigadora principal, asegura que las políticas para proporcionar viviendas asequibles pueden mejorar las condiciones socioeconómicas y, a su vez, la salud.
"No tengo perspectiva de futuro y eso me horroriza", confiesa Maider, que acusa al Gobierno de abandono total de su ciudadanía y a las generaciones previas de insolidaridad. "Parece que quisieran que nos fastidiáramos porque tuvimos más libertad. Gracias por esa libertad pero la proyección de vida de nuestra generación y de las más jóvenes es bien incierta, casi inexistente", denuncia.
CÓMO EVITAR EL FRÍO Y TAMBIÉN LOS CORTES
La Asociación de Ciencias Ambientales ha desarrollado el Punto de Información al Consumidor Vulnerable (PICv), un canal directo de asesoramiento que forma parte de la Red de oficinas de información al consumidor vulnerable.
La sección Conoce la energía de tu vivienda ayuda a mejorar eficiencia energética en los hogares. El siguiente apartado, Optimiza la energía de tu vivienda, ofrece consejos y recomendaciones para reducir, a través del cambio de hábitos o con medidas de microeficiencia energética, el gasto energético en el hogar. Guías y ayudas para el consumidor vulnerable describe procedimientos específicos para afrontar situaciones comunes de dificultad a las que se puede enfrentar un consumidor energético, incluyendo cómo actuar frente al corte de suministro, o cómo acceder a ayudas como el bono social.
La segunda ocasión en que Maider no logró que le cortaran la luz era verano. La situación se prolongó y tuvo que trasladar las medicinas de Jorge de su frigorífico, inactivo, al de una vecina. Confiesa que la situación le avergonzó: "Da mucho corte".
"Puede ser divertido alumbrarse con velas con un niño pequeño pero el crío se va al día siguiente al cole y lo cuenta a todo el mundo, profesora incluida, que te pregunta", explica. Desde entonces, hace todo lo posible por no llegar al extremo del corte de luz porque, además, se queja, hay que abonar una multa por impago que aumenta todavía más la factura eléctrica. "Ni que fuéramos bandidos", acusa. "Las personas hacemos lo que podemos, somos honestos y no robamos", proclama en un alegato. "Ahora mismo estoy pensando en buscar trabajo en un supermercado solo por cotizar lo máximo que pueda y tener derecho a las prestaciones", continúa. "Mi hijo está en la Seguridad Social conmigo, pero ¿hasta cuándo si las cosas empeoran?".
