Combatir la pobreza, también desde la política energética

Foto: EFE

Que las políticas sectoriales, como la política energética, contribuyan a la lucha contra la pobreza, es un hito legislativo. Es también la materialización de una aspiración política que compartimos los socialdemócratas: luchar contra la desigualdad desde todos los ámbitos posibles y no solo desde la política social. Es la mejor forma de abordar un problema multidimensional y es la forma más eficaz de acabar con las distintas formas de pobreza.

Estos días hemos logrado en el Congreso de los diputados, un acuerdo del que toda la sociedad debe sentirse satisfecha. Acabar con los cortes de luz en los hogares de familias que sufren la exclusión laboral, la exclusión de los servicios y suministros necesarios para su supervivencia es una gran noticia. Muchas organizaciones sociales y buena parte de los partidos políticos, hemos compartido ese objetivo y hemos compartido horas de trabajo buscando soluciones. Lo que se ha conseguido es gracias al esfuerzo de todos.

Escuchar quejas a quienes se han mostrado alineados con encontrar esta solución resulta, cuanto menos, sorprendente. Decir que la medida es mala porque no se pondrá en marcha hasta dentro de tres meses solo puede ser fruto de dos causas que pueden ser concurrentes. Una, que lo importante no sea lograr el objetivo sino demostrar quién lo ha logrado. La otra, no entender cómo funciona la maquinaria del Estado para hacer posible que una reforma legislativa se aplique. Es decir, no saber que para implementar una modificación estructural, como es la de prohibir los cortes de luz, hay que pedir informes, redactar reglamentos, acordarlos con los agentes implicados en su puesta en funcionamiento y elaborar las demás garantías de las que el Estado se dota para dar seguridad jurídica a las decisiones políticas.

Acusar al Partido Socialista de pretender reventar una concentración en la calle para reivindicar que no haya cortes de luz, por haber conseguido por la mañana convencer al Gobierno de que estos cortes se prohiban, es incomprensible. Muestra una enorme confusión entre el medio y el fin, entre las herramientas y los objetivos. Cualquiera puede entender que las movilizaciones no son un fin en sí mismas, sino un medio para reivindicar los objetivos por los que hacemos causa. Y las distintas causas por las que nos movilizamos no pueden ser de la propiedad ningún partido político, dando por supuesto que el resto no debe inmiscuirse en posibles soluciones para dicha causa.

A principios del año 2014, el grupo parlamentario socialista presentaba la primera proposición de ley para la protección de los consumidores vulnerables y de lucha contra la pobreza energética. Proposición que fue tumbada por la mayoría absoluta del Partido Popular. A partir de ahí, hemos presentado todas las figuras parlamentarias disponibles para lograr acabar con esta forma de pobreza. Nadie puede achacarnos que no tengamos una trayectoria trabajado para lograrlo. Y finalmente, después de analizar en profundidad las posibles soluciones, hemos encontrado la forma adecuada para blindar la protección de familias vulnerables frente a los cortes de luz. El nuevo escenario parlamentario ha permitido que, lo que para un Gobierno de mayoría absoluta era inviable, ahora se vean abocados a aceptarlo.

La tregua social que se ha conseguido acabará con la amenaza de los cortes de luz a las familias vulnerables durante todo el año. Regularlo dentro de la ley del sector eléctrico es el primer paso, pero un paso imprescindible para continuar. Una vez definido quién va a financiar el bono social y una vez establecida la prohibición del corte de suministro, queda regular quiénes son los consumidores vulnerables y acordar con las comunidades autónomas y ayuntamientos el procedimiento más eficaz para que todo funcione correctamente. Seguiremos muy pendientes de este proceso regulatorio y también comenzaremos a buscar soluciones para los suministros de gas. Esperamos que lo antes posible el término pobreza energética desaparezca de nuestro lenguaje.