El Gobierno establece un mínimo de cuatro categorías de consumidores de electricidad
El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Real Decreto Ley que establece el nuevo modelo de financiación del bono social y la reforma de la ley del sector eléctrico para prohibir los cortes de luz a los hogares extremadamente vulnerables. El bono social, una reducción del 25% en la factura, será sufragado por todas las compañías eléctricas, no solo por las de referencia como sucedía hasta ahora. El Gobierno también ha explicado este viernes que establecerá un mínimo de cuatro perfiles de consumidor eléctrico, que podrán ser más tras el debate con los grupos parlamentarios y posterior desarrollo legislativo, con el objetivo de que no vuelva a cortarse la luz a ningún hogar.
Estos cambios llegan después de una intensa campaña de la oposición, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles tras la muerte de una anciana en Reus, en octubre pasado, en un incendio provocado por las velas con las que se alumbraba al no poder pagar la luz.
El nuevo bono social entrará mañana en vigor. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha valorado las nuevas condiciones de esta ayuda, que tendrá en cuenta el nivel de renta de los consumidores con más detalle, "por ser más flexible ante los problemas de los ciudadanos". En la actualidad todo consumidor vulnerable recibe el mismo tipo de bonificación, un descuento del 25% en el coste de su factura.
Así y en relación directa con la prohibición de los cortes de luz, el ministro ha distinguido entre los consumidores con un nivel suficiente de renta para hacer frente al pago de la factura de la luz, para los que se mantendrá un preaviso de dos meses por parte de las comercializadoras; los consumidores con un nivel de renta inferior y, por lo tanto, con eventuales problemas puntuales para abonar el consumo, a los que se ofrecerá un preaviso de cuatro meses; los beneficiarios del bono social; por último, los consumidores catalogados de extremadamente vulnerables, a los que están prohibidos los cortes de luz.
De desarrollarse como explica el Gobierno, ninguna persona en España se quedará sin luz involuntariamente porque bien su factura adelgazará, gracias a la aplicación del bono social, bien los servicios sociales de su localidad se harán cargo del pago con financiación del bono social, al que contribuyen desde este sábado todas las comercializadoras eléctricas que operan en España.
Desde este sábado, las compañías están obligadas a notificar a sus clientes el impago de facturas y a dar un preaviso del eventual corte del servicio, protocolo que hasta ahora no todas las eléctricas cumplían, "aunque parezca sorprendente", en palabras del titular de Energía.
El ministro ha explicado el mecanismo para atender las dificultades de los consumidores extremadamente vulnerables. El nuevo bono social financiará parte de los pagos de estos consumidores a través de los servicios sociales autonómicos o de las corporaciones locales, que ya asumen buena parte de estas facturas y son los encargados de acreditar la situación de pobreza energética.
La amplia casuística de los, en la actualidad, siete millones de beneficiarios del bono social obliga, de acuerdo a lo explicado por Álvaro Nadal, a establecer múltiples tipologías de ayudas.
El ministro pretende una mayor coordinación entre las compañías eléctricas y las comunidades autónomas, “a fin de que no haya inseguridad jurídica y que el sistema opere lo suficientemente bien sin esas dudas que a veces existen”.
Álvaro Nadal ha querido subrayar que este Real Decreto Ley surge del acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, tras las críticas de Ciudadanos y Podemos por haber sido desconsiderados de la negociación, después de un confuso problema de correos electrónicos y propuestas no aclarado.
Energía también pretende simplificar la información al ciudadano y ha propuesto diseñar uno o varios indicadores que permitan comparar con equidad las ofertas de las casi 500 compañías eléctricas en España.
El ministro aspira a que la reforma de la ley del sector eléctrico eche a rodar en unos pocos meses, aunque no se ha atrevido a precisar una fecha concreta dado que su aprobación requiere de los informes favorables de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Estado.
Los sindicatos han criticado la medida por considerarla insuficiente, "puesto que debe completarse, de forma inexcusable, con una extensión del mismo a los suministros de gas y la puesta en marcha de un procedimiento urgente que permita su aplicación inmediata".
IMPULSO AL EMPLEO JUVENIL
El Gobierno también ha aprobado impulsar el empleo juvenil. La Comisión Europea ha asignado a España ya un total de 2.360 millones de euros para el cumplimiento de la recomendación de la Garantía Juvenil a través del programa operativo de empleo juvenil en España hasta 2020, a ejecutar hasta 2023. Está previsto que se realice una asignación adicional, pendiente de su aprobación por el Parlamento Europeo, de 900 millones de euros, que incrementaría la dotación de este programa operativo de hasta 3.260 millones euros.
También anunció que las reducciones de las cuotas a la Seguridad Social asociadas a la tarifa plana de autónomos y al contrato de formación se van a convertir en bonificaciones que se pagarán con cargo a los presupuestos generales del Estado cuando los beneficiarios sean jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil.
CLÁUSULA SUELO
Méndez de Vigo ha informado además del informe del ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusula suelo. El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del viernes 30 de diciembre un código de buenas prácticas de adhesión voluntaria para resolver esta cuestión con celeridad.
