El bono social eléctrico será cofinanciado por comunidades autónomas y comercializadoras
El Gobierno crea la categoría de hogares vulnerables severos, a los que no podrá cortarse la luz.
Cuatro meses después de la publicación del Real Decreto por el que se regula el bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, el Gobierno remitió este lunes a las comunidades autónomas el borrador del bono social eléctrico que espera aprobar en el plazo máximo de un mes. Varias comunidades, entre ellas la Valenciana, han anunciado que presentarán alegaciones.
El nuevo bono distingue entre hogares, hogares vulnerables y hogares vulnerables severos, una tercera categoría que englobará a los consumidores cuya renta mensual es igual o inferior al 50% del umbral aplicable dentro de su categoría. Los primeros recibirán tres notificaciones previas antes del corte de suministro por impago, el Gobierno prohíbe cortar el suministro a los segundos, cuyo bono social, del cien por cien del importe de la factura, financiarán a partes iguales los servicios sociales de las comunidades autónomas y el sector eléctrico.
SOLO CONSUMIDORES POBRES
La nueva normativa fija las categorías de bono social en función de los umbrales de renta que se establecen a través del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que ya usan algunas comunidades autónomas para asegurar coherencia con algunas políticas sociales. Con carácter general, el corte se realizará dos meses después de la segunda notificación. Para los consumidores vulnerables acogidos al bono social, el plazo se ampliará a cuatro meses y se prohíbe el corte del suministro para los vulnerables severos.
MÁS COMUNICACIÓN
Además de la nueva categoría de consumidor vulnerable severo, la segunda novedad del borrador de bono social pasa por reforzar la comunicación entre comercializadoras, ciudadanos y servicios sociales.
Como el bono social eléctrico solo aplica para los clientes de PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), las comercializadoras de mercado libre no podrán penalizar al consumidor vulnerable por cambiar al mercado regulado.
Comercializadoras y servicios sociales intercambiarán listados de consumidores vulnerables y vulnerables severos de manera habitual. La financiación será conjunta entre el sector eléctrico y los servicios sociales. Las comunidades autónomas acreditarán el pago del 50% de la factura de los consumidores vulnerables severos ante las comercializadoras, que abonarán el resto.
