El compromiso que adquirió España con los derechos humanos a finales de los 70, después del franquismo, se ve ahora amenazado por una propuesta legislativa que permitiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español devolver de forma automática a los inmigrantes que crucen las fronteras de Ceuta y Melilla. Este tipo de devolución en caliente hace imposible evaluar las necesidades de protección de los inmigrantes y va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.