El PP cuela una enmienda en la 'ley mordaza' para legalizar las devoluciones en caliente
El PP ha puesto en marcha una carambola legislativa para tratar de legalizar las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes a Marruecos en la frontera.
Para ello, los populares han colado una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de reformar con ella la Ley de Extranjería y recoger en su articulado el polémico rechazo en frontera de inmigrantes en Ceuta y Melilla.
Interior ha negado hasta ahora en numerosas ocasiones que se trataran de devoluciones en caliente, que son ilegales, asegurando que no eran tales porque no suponen una entrada en el territorio español.
Este es el párrafo que el PP quiere que figure como "Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla" en la Ley de Extranjería. Para ello propone una enmienda de adición para introducir una nueva Disposición adicional primera en la Ley de Seguridad Ciudadana.
Según explican los populares en sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el objetivo es que la Ley de Extranjería contenga "una previsión que responda a la singularidad geográfica y fronteriza que concurren en las ciudades de Ceuta y Melilla".
A su juicio, "la singularidad de ambas ciudades queda ejemplificada entre otros, por el hecho de que constituyan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en territorio africano y cuenten con un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico comunitario. Es preciso, por lo tanto, reflejar expresamente dicha singularidad".
La nueva de Ley de Seguridad Ciudadana ha comenzado su tramitación parlamentaria después de que la semana pasada superase el debate totalidad en el que el PP hizo valer su mayoría absoluta para tumbar hasta nueve enmiendas a la totalidad presentadas por cada uno de todos los grupos que forman la oposición. Esta martes a las 20:00 horas terminaba el plazo para presentar enmiendas parciales.
LO QUE DICE LA LEY ACTUAL
La Ley de Extranjería (leer texto en pdf), reformada cuatro veces desde el año 2000, establece que ante la entrada de un inmigrante sin autorización en territorio nacional por un puesto no habilitado, debe ser trasladado a dependencias policiales, donde contará con un intérprete y asistencia letrada, será identificado, se le ofrecerá la posibilidad de pedir asilo y se tramitará si es el caso, el correspondiente expediente para proceder a su devolución al país del que salió.
El acuerdo de readmisión con Marruecos, que data de 1992 pero no ha entrado en vigor hasta octubre de 2012, permite que los recién llegados desde su territorio sean directamente entregados a las fuerzas marroquíes de las que se zafaron, eso sí, previo paso por dependencias policiales donde, de nuevo, se les tratará de identificar para entregar cuanta información sobre ellos sea posible al reino alauí. De hecho, el tratado da diez días de margen a las autoridades españolas desde que se produce la entrada ilegal para poder recabar todos estos datos.
Marruecos, además, debe certificar que ha recibido a cada una de las personas que España entregue y será responsable de su deportación, asegurándose que "son enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje, en la medida en que no tengan derecho a permanecer" en su territorio.
