Interior y el juez, en desacuerdo sobre dónde empieza la frontera en Melilla
¿Dónde empieza España en la frontera de Melilla? Esa es la pregunta que se hace la Unión de Guardias Civiles y que el Ministerio del Interior ha respondido a una cuestión planteada por el grupo Amaiur en el Congreso.
España comienza tras la valla interior de Melilla, "a efectos del régimen de extranjería", según Interior, cuya respuesta completa es la siguiente:
NO PARA EL JUEZ
Una interpretación de la ley que choca frontalmente con la que hace el juez de instrucción número 2 de Melilla en el auto en el que imputa al responsable de la Guardia Civil en la ciudad autónoma por las llamadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes a Marruecos.
Para el magistrado, "el terreno entre vallas es suelo español y está sujeto a su soberanía" por lo que "la frontera de España con Marruecos quedaría en consecuencia delimitada, al menos, por la valla exterior del complejo fronterizo, debiéndose aplicar a partir de ella la legislación española, sin limitación de ningún tipo".
Esta interpretación supondría que los inmigrantes entre vallas no podrían ser entregados a Marruecos sobre la marcha, sino que habría que conducirles a una comisaría de la Policía Nacional, identificarles y abrir un procedimiento administrativo de readmisión para entregarles con garantías al país del que salieron.
LOS AGENTES PIDEN UNA ACLARACIÓN
También supone dejar sin respuesta a la Unión de Guardias Civiles que, en declaraciones a la agencia Servimedia, reclaman "que se diga de una vez por todas qué valla delimita el territorio español". "Si tenemos claro cuál es la valla que deliita el territorio español, está claro cuál es la forma de actuar".
Esta organización pide a su vez que "se garantice el derecho a defensa y la presunción de inocencia" del coronel imputado, quien se defendió asegurando que actuó conforme a la orden que él mismo firmó el 11 de abril, en la que se explica que, como dice Interior, el territorio español sólo empieza a partir de la valla interna y no entre ambas vallas.
Pero el juez considera que esto es "una derogación de facto de los tratados internacionales suscritos", por lo que imputa por prevaricación al coronel.
