El Congreso aprueba la ley de Seguridad Ciudadana
El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de Seguridad Ciudadana con los votos en solitario del PP y en contra del criterio de todos los partidos de la oposición.
El texto ha salido adelante después de incorporar decenas de enmiendas de las más de 270 que se presentaron. Entre ellas, una muy polémica del propio PP, que modifica la ley de Extranjería para legalizar las llamadas devoluciones 'en caliente' de inmigrantes.
También se han introducido otros cambios respecto al texto inicial, como rebajar de grave a leve el botellón, para que sea multado con hasta 600 euros.
Por otro lado, no se considerará infracción jugar en la calle, ya que en el proyecto inicial se incluía como falta leve (hasta 600 euros) "la práctica de juegos en espacios públicos no habilitados para ello cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes".
#LEYMORDAZA
Pero, pese a la inclusión de enmiendas y la rebaja en la cuantía de las sanciones respecto al borrador inicial, la oposición rechazará el texto legislativo porque lo consideran una "ley mordaza".
De hecho, este mismo jueves, durante el debate de la ley en el Pleno, los siete diputados de la Izquierda Plural se han amordazado con pañuelos al inicio de la intervención de su compañero Ricardo Sixto en señal de protesta. El presidente del Congreso, Jesús Posada, les ha llamado al orden hasta que se han quitado las mordazas.
Este acto es similar a otros anteriores realizados contra la puesta en marcha de esta normativa como el cortejo fúnebre en el que participaron ayer varias asociaciones y en la que también estuvieron los diputados de la Izquierda Plural del Congreso contra la aprobación de esta ley. A su juicio, va a 'matar' a la democracia y a los derechos y libertades fundamentales.
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"PROFUNDAMENTE GARANTISTA"
Ante las críticas, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reiterado en diversas ocasiones que la ley "respeta el necesario equilibrio entre seguridad y libertad", es "profundamente garantista" y tiene "perfecto encaje en el ordenamiento jurídico".
El titular de Interior insiste en que el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial han avalado el texto en sus informes preceptivos y que las cuantías de las infracciones son las mismas que las que contempla la actual normativa.
