Polonia y el ataque a los derechos de las mujeres

El reciente anuncio por parte del Gobierno de Polonia de retirarse del Convenio de Estambul es el símbolo del crecimiento de un sistema autocrático en el seno de la Unión Europea que comienza por el ataque a los derechos de las mujeres.  

El Convenio de Estambul es el único instrumento jurídico internacional de carácter vinculante para combatir la violencia de genero contra mujeres y niñas. Recordamos así en estos días aquellas palabras, siempre vigentes, de Beauvoir cuando insistía en la necesidad de permanecer vigilantes en relación a los derechos adquiridos.  El ataque a los derechos de las mujeres es un síntoma del retroceso del Estado de derecho, la punta de lanza de una regresión que en el marco de la UE no es tolerable ni debería ser negociable.

En 2012, Polonia firmó el Convenio, que ratificó tres años después. En Varsovia gobernaba entonces una coalición centrista. El actual ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, que hace unos años ya criticó el Convenio y que dice ahora que incluye “elementos dañinos”, acaba de anunciar la presentación de un documento para preparar la renuncia al tratado. Miles de mujeres polacas han salido a protestar por las calles de Varsovia. No vamos a dejarlas solas.

¿Qué es lo que tanto preocupa al ministro? ¿De qué elementos dañinos habla? 

El Convenio de Estambul es un gran pacto internacional contra la violencia de género e intrafamiliar. Lo aprobó el Consejo de Europa en 2011. España se sumó en 2014, y está respaldado hasta ahora por casi medio centenar de países. La UE, a través de las conclusiones del Consejo, manifestó en 2017 la decisión de adherirse al Convenio, garantizando la complementariedad entre los planos nacional y europeo y consolidando su compromiso con la importancia de dicho instrumento jurídico.

Sin embargo, no hablamos solo de la firma. Hablamos de una ratificación aún pendiente en Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Hungría y República Checa, pero también de la urgente implementación en cada uno de los Estados Miembros que ya lo han ratificado. Desde el Parlamento Europeo trabajamos por una aplicación vinculante y un seguimiento preciso de las disposiciones del Convenio, que implican una visión integral de tolerancia cero y lucha contra la violencia de género que va desde la persecución del delito hasta la atención a las víctimas, pasando por la organización de los servicios sociales imprescindibles para esa atención e incluye la violencia física, psicológica y sexual.

Es, por tanto, inasumible que un país del club comunitario, que se supone que participa de los valores humanos y democráticos que impregnan los Tratados y normas de la UE, quiera dar un paso atrás en algo que se reconoce como una violación de derechos humanos, y que considera a los Estados responsables si no actúan de manera adecuada en cuatro capítulos: primero, prevenir la violencia, proteger a las víctimas y perseguir a los agresores. Segundo, sensibilizar a la sociedad para que no alimente las culturas de tolerancia de la violencia. En tercer lugar, coordinar la acción de todos los organismos y servicios oficiales, y, por último, recoger datos estadísticos sobre las diferentes formas de violencia contra la mujer.

Polonia, por cierto, está entre la decena de países de la UE que no cuenta con datos fiables de violencia de género porque no dispone de estadísticas desagregadas por sexo, ni de las víctimas ni de los agresores, y homologar datos –como todo el mundo puede entender― es clave en las políticas de prevención. Estamos luchando precisamente para que sea obligatorio contestar las preguntas de la encuesta de Eurostat, porque en este momento no hay obligación de hacerlo. Eso sí que es dañino, ministro Ziobro. Estamos, por tanto, trabajando desde el Parlamento Europeo por la ratificación e implementación de Estambul y por abogando por que la Comisión Europea ponga en marcha un plan contra la violencia de género, especialmente tras el dramático incremento sufrido en los meses de confinamiento por la pandemia.

El debate en torno a la condicionalidad democrática en el fondo de reconstrucción nos evidencia una realidad fundamental, casi ontológica: la UE como proyecto nace de las cenizas de la guerra para defender la paz, la dignidad, la libertad y el Estado de derecho. Cuando callamos y/o cedemos a las regresiones en los derechos de las mujeres, que no son sino derechos humanos, quien pierde es la democracia. No podemos ceder ante Estados con forma de democracia y sustancia autocrática que va recortando los derechos fundamentales a través de las propias instituciones.

La propuesta de retirada llega justo en el proceso de aprobación del Fondo de reconstrucción económica de la crisis de la COVID-19. En la reunión del Consejo Europeo que aprobó el paquete se introdujo por primera vez la condicionalidad ligada al Estado de derecho, en contra de los criterios de Polonia y Hungría. La democracia, el respeto por las normas democráticas, es condición para recibir esos y otros fondos de la UE. Cuando los derechos de las mujeres están tan claramente amenazados; cuando, por lo tanto, es el Estado de derecho el que está directamente amenazado, son los derechos de todos, esos fondos no pueden llegar al gobierno que prepara este ataque. No pueden, porque las vidas de las mujeres asesinadas en Polonia no valen menos que la vida de cualquier ciudadano europeo.

Por todo ello, la UE y sus Estados Miembros deben dar un paso al frente en defensa de las mujeres y las niñas polacas. Porque cuando hablamos de ellas estamos hablando de nosotras, las europeas, y de todos los ciudadanos de la UE. Porque las autocracias y los comportamientos dictatoriales se construyen sobre estas decisiones, y es inaceptable que un gobierno de un país de la UE dé pasos ferozmente contrarios a los derechos, las libertades y los valores que están en los cimientos democráticos de esta casa común que llamamos Europa.