Las claves para entender el polémico proyecto de ley audiovisual

La dificultad de conjugar los intereses de plataformas, productores audiovisuales, televisiones tradicionales y partidos como ERC por las cuotas lingüísticas han complicado la aprobación de la reforma de la Ley Audiovisual, que lleva más de un año de retraso.

La reforma aprobada este martes por el Gobierno y que ahora iniciará su tramitación parlamentaria viene impuesta por una directiva europea de 2018 que debía haberse traspuesto hace más de un año a la legislación española.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reiterado hoy tras la reunión del Consejo de Ministros el compromiso del Ejecutivo con el uso de todas las lenguas cooficiales y ha señalado que las negociaciones “avanzan a buen ritmo”, aunque no ha querido precisar más detalles.

Uno de los principales objetivos era equiparar a televisiones tradicionales y plataformas en sus obligaciones de emisión -o catálogo en el caso de las plataformas- y producción de obras audiovisuales europeas, tanto cine como series, incluidas las realizadas en lenguas oficiales y cooficiales del Estado.

Pero el hecho de que las plataformas internacionales tengan sede fuera de España dificulta de hecho esa equiparación en algunos aspectos.

Obligación de cuota de obra audiovisual en emisión o catálogo

Hasta ahora la ley imponía a las televisiones tradicionales unas cuotas mínimas de horas de emisión de obra europea, incluidos unos porcentajes en lengua oficial y cooficiales del Estado.

Esa obligación se mantiene: un 51% para obra europea, de ello al menos la mitad (un 25,5% del total) en lengua oficial o cooficiales y, en el caso de la televisión pública, un mínimo del 15% de esa subcuota a obras en lenguas cooficiales (3,8% del total), según el texto del anteproyecto que vio el Consejo de Ministros.

La novedad es que la obligación se extiende a las plataformas, pero dado que estas no tienen emisión tradicional, se impone un porcentaje de obra europea sobre el catálogo disponible. En concreto, una cuota del 30% de producción europea en su catálogo; de ese porcentaje, el 50% debe ser en lengua oficial o cooficiales (15% del total) y de esa subcuota, un 40% en lenguas cooficiales (6% del total).

El problema es que tal y como está redactado el texto y dadas las limitaciones que estipula la directiva europea de origen, estas cuotas sobre el catálogo solo afectan a las plataformas con sede en España, pero no a multinacionales como Netflix, HBO o Disney. De ahí las protestas de ERC a las que se ha unido UTECA, asociación de televisiones en abierto, que se ven discriminadas.

“Los Estados miembros velarán por que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición sujetos a su jurisdicción dispongan de un porcentaje de al menos el 30% de obras europeas en sus catálogos y garanticen la prominencia de dichas obras”, reza el artículo 13 de la directiva europea.

Por otro lado, el proyecto de ley obliga a las televisiones lineales a reservar al menos un 10% de sus horas de emisión a obras europeas de productores independientes y la mitad de ellas deberá haber sido producida en los últimos cinco años. Esta obligación no se extiende a las plataformas.

Obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea

Al margen de las horas de emisión y el catálogo, la ley extiende a las plataformas la obligación que ya tenían las televisiones tradicionales de invertir en financiación anticipada de producción audiovisual europea, siempre y cuando generen unos ingresos mínimos.

Y ofrece varias opciones para ello de forma generalizada: participación directa en la producción de las obras, adquisición de los derechos de explotación o contribución al Fondo de Protección a la Cinematografía, que gestiona el ICAA, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y del que salen las ayudas al cine.

La televisión pública deberá seguir destinando el 6% de sus ingresos a este fin y de ello, un 70% (4,2% del total), a producción independiente en lengua oficial o cooficiales. Se le obliga también a que al menos un 45% de ese 6% (es decir, un 2,7% de sus ingresos) se destine a películas cinematográficas de productores independientes y un 12% a animación y documentales.

Se equipara, en este caso plenamente, a televisiones privadas y plataformas en la obligación de destinar un 5% de su recaudación a financiar obra audiovisual por cualquiera de las tres vías mencionadas, siempre y cuando sus ingresos anuales sean de al menos 10 millones de euros.

De ese 5%, al menos un 70% (3,5% del total) tendrá que ser para producción independiente en lengua oficial o cooficiales. Si el prestador del servicio audiovisual, tele o plataforma, ingresa 50 millones de euros o más, se añade la obligación referente a las películas cinematográficas (un 40% sobre la obligación del 5%).

Posibilidad de ayudas para subtitular o doblar

Uno de los puntos de incertidumbre es qué se entiende por obra audiovisual en lengua cooficial, no está claro si se refiere a obra en esa lengua originaria o es suficiente con que esté doblada o subtitulada.

En todo caso, hay una disposición adicional que prevé la posibilidad de establecer programas de ayudas al subtitulado o doblaje de las obras audiovisuales en estas lenguas.

Las servicios audiovisuales bajo demanda deberán incorporar en sus catálogos las versiones lingüísticas de aquellas obras audiovisuales que ya hayan sido dobladas o subtituladas en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, “siempre que estas estén disponibles y su inclusión sea técnicamente viable”.

Una nueva política audiovisual estatal

Otra novedad del anteproyecto de ley es que por primera vez se contempla una política audiovisual integral a cargo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, quien llevará al Consejo de Ministros, previo informe de la CNMC, cada seis años, un plan estratégico audiovisual.

También se prevé la publicación de un informe anual sobre la situación del sector y un plan trienal para su “ordenación e impulso”. Además, se introduce una protección especial para el patrimonio audiovisual.

Financiación de RTVE

El Gobierno de Pedro Sánchez había prometido a las operadoras de telecomunicaciones que retiraría la tasa del 0,9% de sus ingresos para financiar RTVE que impuso José Luis Rodríguez Zapatero al liberar de publicidad a la televisión pública.

Durante el proceso de consultas de esta ley audiovisual se introdujo una disposición adicional para permitir que la financiación del ente público se realizara con aportaciones de las plataformas y agentes del mercado audiovisual, según anunció el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en mayo pasado.

Sin embargo, el texto aprobado en Consejo de Ministros añade una disposición transitoria que señala que las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones continuarán vigentes “en tanto no entren en vigor las nuevas previsiones relativas a la financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española” lo que ha provocado el enfado de la patronal de telecomunicaciones.