Junqueras reclama al Supremo su puesta en libertad
La defensa del líder de ERC alega que se vulneraron los derechos de su defendido y, por ello, pide la nulidad de la sentencia del 'procés'
La defensa del líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este martes al Tribunal Supremo la “inmediata” puesta en libertad del dirigente catalán, que cumple condena de 13 años por sedición tras el juicio el procés.
En el escrito que los abogados han remitido al Alto Tribunal, arguyen que se vulneraron los derechos del líder republicano cuando se le impidió salir de la prisión, en la que se encontraba de manera preventiva, para recoger su acta de eurodiputado al Parlamento Europeo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que Junqueras gozaba de inmunidad parlamentaria desde el momento en el que se proclamaron los resultados de los comicios europeos, el pasado 26 de mayo.
Esa interpretación contradice la opinión que mantuvo la Fiscalía y ha llevado a los independentistas a exigir a la Abogacía del Estado que se posicione y emita un dictamen antes de cerrar definitivamente el acuerdo de investidura con el PSOE para hacer a Pedro Sánchez presidente.
Ese es el motivo por el que Junqueras reclama la nulidad de la sentencia que le condenó el pasado octubre por sedición, porque estima que debió ser considerado como eurodiputado y es la Cámara comunitaria la que debe autorizar la tramitación de vías penales contra sus miembros. Algo que no ocurrió.
“Tomando en consideración la exclusiva facultad del Parlamento Europeo para levantar la inmunidad de sus miembros y autorizar la tramitación de cualquier procedimiento penal, la causa [del procés] debía suspenderse desde el día 13 de junio de 2019 y, en consecuencia, decretar la nulidad de la Sentencia de 14 de octubre de 2019”, alega la defensa del dirigente catalán.
“Inmediata” libertad
Los abogados de Junqueras quieren que el Supremo decrete “la necesidad de garantizar el libre desplazamiento del [líder republicano] al Parlamento Europeo bajo la prerrogativa de inmunidad establecida en el artículo 9.II del Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea”.
La abogacía del Estado emitió dos informes previos sobre la puesta en libertad de Junqueras. El primero, en junio, recogía la predisposición del organismo a que el líder de ERC abandonara la cárcel para presentarse ante la Junta Electoral Central y acatar la Constitución, pero, al considerar que no estaba bajo el paraguas de la inmunidad parlamentaria, pidió que fuera vigilado.
Y el segundo, en julio, reflejaba el rechazo a que el Supremo consultara a la justicia europea sobre la inmunidad. Finalmente erró, porque defendió que “no existe duda de que las prerrogativas y derechos de la condición de diputado al Parlamento Europeo no se adquieren hasta la primera sesión del Parlamento Europeo y no se extienden a los candidatos electos”.