El Tribunal Supremo confirma la condena a la compañía de telefonía por interrumpir 35 líneas telefónicas de una empresa y provocarle graves perjuicios económicos.
El denunciante, que solicita una indemnización de 30.000 euros por vulnerar su presunción de inocencia y su derecho al honor, fue puesto en libertad por falta de pruebas incriminatorias
Por supuesto delito de revelación de secretos en la difusión de datos de una investigación relacionada con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En concreto, pide los correos electrónicos enviados y recibidos entre el 5 y el 18 de marzo de 2024 a las cuentas personales y profesionales de Álvaro García Ortiz.
Estas diligencia se incoaron en 2021 en virtud de una denuncia de la Fiscalía por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias contra el tuitero.
Es la comunidad autónoma la que debe devolver estos importes, señala el Supremo, aunque no fuera la destinataria final de esos importes, sin perjuicio de los ajustes internos entre el Estado y las comunidades autónomas.