El juez envía a prisión a los siete miembros de los CDR acusados de terrorismo
Fueron detenidos el lunes acusados de ultimar acciones terroristas en el aniversario del 1-O.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha enviado a prisión provisional y sin fianza a los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) de los que cree que integraban una organización que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas.
El magistrado ha adoptado esta decisión a petición del fiscal al considerar que los siete detenidos, que ingresarán en la prisión de Soto del Real (Madrid), podrían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, han informado fuentes jurídicas.
De las diligencias practicadas hasta el momento, el magistrado considera que existen indicios de que los siete arrestados forman parte del Equipo de Respuesta Táctica de los Comités de Defensa de la República, una organización dentro de los CDR con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas.
García Castellón entiende que concurren requisitos para acordar la prisión, tales como la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas que tendrían los detenidos en caso de estar en libertad, la posible sustracción a la acción de la justicia, así como el riesgo de reiteración delictiva.
Los siete fueron detenidos el pasado lunes en Cataluña ante la posibilidad de que estuvieran planeando actos de tipo terrorista de cara al aniversario del 1-O o con motivo de la sentencia del “procés”, de hecho dos de ellos reconocieron ante la Guardia Civil haber comprado y hecho pruebas con sustancias explosivas para “meter ruido” el próximo 1 de octubre.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 mantienen la causa bajo secreto mientras se analiza la numerosa documentación incautada en esta operación judicial.
La Fiscalía, que en un comunicado a raíz de la Operación Judas señaló que se les imputaba también el delito de rebelión, considera, tras la toma de declaración, que los siete detenidos supuestamente integraban “una organización criminal de naturaleza terrorista con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública”.
Carballo, para el que finalmente ha decaído el delito de rebelión que en principio se les imputaba, ha pedido el ingreso en prisión provisional y sin fianza de estos siete detenidos tras su comparecencia este jueves ante el juez Manuel García Castellón, celebrada después de que dos de ellos admitieran ante la Guardia Civil haber comprado y hecho pruebas para la fabricación de artefactos para “meter ruido” el 1-O.
Tras conocer la petición del fiscal, el juez ha celebrado las respectivas vistillas para la adopción de medidas cautelares, y después de escuchar a las partes -Fiscalía y defensas- adoptará una decisión.
Dos de los detenidos, que han comparecido con abogados de oficio, admitieron ante la Guardia Civil, antes de pasar ante el juez, su participación en la adquisición de varias sustancias para elaborar mezclas con las que fabricar explosivos caseros, tras serles mostrados vídeos y documentos gráficos en los que aparecen algunos de los arrestados.
Los otros cinco, representados por letrados de Alerta Solidaria, se han limitado a contestar a preguntas de sus respectivos abogados para negar haber participado en actividades terroristas como les acusa la Fiscalía.
La AVT pide personarse en la causa
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han pedido cada una por su parte personarse como acusación en la causa.
Para solicitar al juez la personación, la AVT ha interpuesto una querella, a la que ha tenido acceso Efe, por delitos de terrorismo y tenencia de explosivos con finalidad terrorista contra uno de los detenidos, Txevi Bohugas.
La querella se dirige solo contra él por ser la única identidad de la que tenía conocimiento la AVT en el momento de interponerla, según han precisado fuentes de la asociación. Y lo hace, según la querella, “sin perjuicio” de dirigirse más adelante “contra cualesquiera otras personas que en el curso de estas actuaciones penales puedan resultar penalmente responsables”, por lo que en su momento la ampliarán al resto de los nueve detenidos, de los que siete comparecen este jueves ante el juez tras dejar la Guardia Civil a dos en libertad.
La AEGC por su parte ha presentando un escrito ante el Juzgado de la Audiencia Nacional que investiga estos hechos pidiendo la personación “por los delitos de los que se les está acusando”.
Según indica en una nota de prensa esta asociación, su intención es realizar “una acusación firme y vigilante” dada su “obligación” de velar por “la integridad física y psicológica” de los agentes de la Guardia Civil y de sus familias, toda vez que los detenidos supuestamente hicieron consultas en Google, y tenían información y planos de edificios públicos, incluida una casa cuartel de la Guardia Civil.
