Las claves de la reforma del Código Penal que se aprueba en el Congreso

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Se aplicará en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie, cometidos en el seno de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables. Las penas serán revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 años, para verificar si el pronóstico es favorable a la reinserción social. Los jueces examinarán si debe mantenerse la prisión cada dos años de oficio o a petición del recluso, si bien puede no dar curso a nuevas solicitudes durante un año.

FINANCIACIÓN ILEGAL Y CORRUPCIÓN

Sólo habrá penas de cárcel si la cuantía supera los 500.000 euros, salvo que sea extranjero, que será de 100.000 euros. Se mantendrá el límite de 120.000 euros para hablar de fraude fiscal. También se amplía el comiso para que los jueces puedan ordenar la intervención de bienes del condenado procedentes de otras actividades delictivas siempre que existan indicios de su procedencia ilícita, como puede ser la desproporción entre el patrimonio y su medio de vida o el recurso de paraísos fiscales o empresas interpuestas. Además, se incluirá la exigencia a los condenados por estos delitos de devolver el dinero sustraído a las arcas públicas para tener acceso a la libertad condicional.

ADIÓS A LAS FALTAS

El nuevo Código Penal elimina las faltas de su articulado y las sustituye por delitos menores o por sanciones administrativas incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana.

PIQUETES

Se reducen las penas de cárcel a quienes "mediante el engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga". Las penas pasan de entre seis meses y tres años y medio a un nuevo tramo de entre seis meses y dos años. Las penas agravadas sólo se aplicarán cuando se demuestren "coacciones" y serán castigadas con entre 21 meses y tres años de prisión, elevándose las multas a entre 18 y 24 meses frente al tramo actual, entre 12 y 18 meses.

INDULTOS

Se modifica la Ley del Indulto para que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca sobre estos expedientes cada seis meses.

CONSENTIMIENTO SEXUAL

Se fijará el consentimiento sexual en los 16 años, aunque este asunto aún no está cerrado y podría sufrir modificaciones en su tramitación en el Senado.

ZOOFILIA

Se castigará con una pena de tres meses a un año de cárcel a quien maltrate injustificadamente cualquier animal que no viva en estado salvaje, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual. Aunque no habrá castigo para los organizadores de peleas de gallos o perros.

SIN PROFESORES EXTERRORISTAS

Se incluye la pena de inhabilitación especial para los docentes entre los condenados por terrorismo. La enmienda fue presentada por el PP y pretende que los expresos de ETA que hayan sido condenados por delitos de terrorismo no puedan ejercer como profesores en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre.

EXPULSIÓN DE EUROPEOS

Un europeo podrá ser expulsado si representa una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, por lo cual la pena de prisión será sustituida por la expulsión del territorio nacional.

MÁS PENAS PARA HURTO Y ROBO

Se agravan las penas de delitos de hurto y robo para aumentar la persecución de multirreincidentes, butrones, alunizajes o robo de cable de cobre o suministro eléctrico.

LIBERTAD CONDICIONAL

La libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento de condena pero su concesión determinará la suspensión de la ejecución del resto de la pena. Si durante ese tiempo no reincide, se declarara extinguida la pena pendiente pero si incumple las condiciones, la libertad será revocada y deberá cumplir la pena que le restaba.

NUEVOS DELITOS

Se tipifican nuevos delitos como el matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada o la manipulación de los dispositivos de control que sirven para vigilar el cumplimiento de las penas. También se trasponen decisiones europeas sobre pornografía infantil, explotación sexual de menores, trata de seres humanos o inmigración ilegal.