35 aniversario de la Constitución: los vacíos y retos de la Carta Magna

La Constitución está de cumpleaños y en boca de todos. Este viernes se celebra su 35 aniversario en mitad del debate político instalado sobre si debe llevarse a cabo una reforma en profundidad de su articulado. Aunque lograron ponerse de acuerdo en la modificación exprés de 2011, el PP y el PSOE se muestran estos días totalmente distanciados ante la posibilidad de abrir el melón constitucional.

Los populares, ahora con La Moncloa en su poder, no han dado signos durante esta legislatura de querer retocar la Carta Magna, mientras que los socialistas han situado en el centro de su acción de oposición la reivindicación de una reforma que implante un modelo federal en lo territorial y que blinde una serie de derechos, como la Sanidad y la Educación.

A la treinteañera ‘ley de leyes’ también le quieren meter mano UPyD, que apuesta por reforzar las competencias estatales, e Izquierda Unida, que aunque sigue reivindicando un nuevo proceso constituyente, cree que sería necesario en estos momentos un cambio para dar prioridad a los servicios públicos frente al pago de la deuda -el principio de sostenibilidad financiera fue incluido en la criticada reforma de hace dos años-.

Estos son algunos de los vacíos de la Constitución y los retos a los que se enfrenta:

MODELO TERRITORIAL

“El único problema que exige imperiosamente una reforma es la cuestión territorial”, explica a El Huffington PostRoberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. Esta modificación, prosigue, debería aclarar la distribución de competencias y mejorar la coordinación institucional.

Blanco enfatiza: “cuanto antes se haga, mejor”. No obstante, especifica que el actual problema de relación entre Cataluña y el Estado no se soluciona solo con este cambio, sino que es un problema de convivencia.

El gran “vacío” de la Constitución, coincide Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, es el modelo autonómico. ¿Por qué? La Constitución no lo dejó “cerrado porque permite transferir competencias” de una manera “indeterminada”, algo que, por otra parte, también ha creado “la sensación de flexibilidad” si se “quieren acomodar las pretensiones de algunas comunidades autónomas”.

En este apartado es donde centra la principal parte de su propuesta de reforma el PSOE, que aboga por un modelo federal para vertebrar España. En cambio, el Gobierno no está dispuesto a llegar a acuerdos en este sentido y ha pedido en reiteradas ocasiones a Alfredo Pérez Rubalcaba que concrete en qué consiste este sistema.

¿NUEVOS DERECHOS?

Cuando se plantea un cambio en la Constitución siempre hay voces que piden la inclusión de nuevos derechos. Una de las peticiones que también han propugnado los socialistas durante este año ha sido la de afianzar en la Carta Magna la Educación y la Sanidad.

“El pago de los créditos presupuestarios para satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto”. Este debería ser, en cambio, un nuevo artículo de la Constitución para IU y otra de las propuestas que hay en el debate público.

No obstante, señala el catedrático Arbós, para garantizar estos derechos lo “importante son las decisiones políticas”. “No carguemos a la Constitución con compromisos que no puede cumplir”, advierte el catedrático, quien recuerda que por incluirlos en la Carta Magna “no va a aparecer el gasto público”.

En una hipotética reforma de la Constitución, sostiene Roberto Blanco, también podrían estar sobre la mesa otros derechos y apreciaciones que no existían cuando se aprobó en 1978 como los actuales modelos de familia o nuevos derechos en materia medioambiental o de protección en el ámbito tecnológico.

CAMBIOS EN LA JUSTICIA

Ambos expertos creen que se debería abordar en una futura modificación de la Constitución algunos de los apartados destinados al sistema judicial. “Hay claramente algunas cosas que creo que han sido un error, el Consejo General del Poder Judicial ha dado muy mal resultado, lo que se llama técnicamente un mal rendimiento institucional”, precisa Blanco, que apuesta además por replantear el modelo de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional para evitar el “sistema de lotes” por parte de los partidos políticos.

A juicio de Arbós, habría que cambiar la Constitución para “establecer reglas de incompatibilidad más severas para magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del Poder Judicial”. “Hay que separar la administración de Justicia de cualquier sombra de política de partidos”, agrega.

Y LA CORONA...

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a Moncloa en 2004 llevaba en su maletín una propuesta de reforma constitucional, que tenía como uno de sus puntos estrella establecer la igualdad entre hombre y mujer en la sucesión de la corona. Pasaron los años y el presidente no se atrevió a acometer esta modificación. Esta laguna sigue inundando el texto.

Los cambios relacionados con la monarquía, recuerda Xavier Arbós, requieren una reforma “dura” de la Constitución. El problema que hay, agrega, es que en una votación sobre este punto se podría dar el caso en que muchos ciudadanos pudieran emitir un voto negativo porque piensen que la “verdadera discriminación no es entre hombres y mujeres de una familia, sino entre todas las familias que no pueden acceder a la jefatura del Estado”. De ahí el miedo de los grandes partidos a llevar a cabo este giro y que se convierta en un debate sobre monarquía y república.

En el debate también se podría incluir, agrega Roberto Blanco, la propia protección del título referido a la monarquía, que hace tan difíciles los cambios en la misma, y las funciones atribuidas en la Constitución al rey.

SIN ACUERDO PARA LA REFORMA

La Constitución nació como un gran pacto de la sociedad española y su espíritu de unidad ha sido reivindicado por las principales fuerzas del país durante estos años. Propuestas y peticiones de cambios ha habido muchas, pero en solo dos ocasiones hubo el consenso necesario para modificar levemente el articulado.

El primer cambio fue en 1992 con el objetivo de adaptarla al Tratado de Maastricht y abrir la posibilidad de que los ciudadanos de la UE residentes en España pudieran ser elegidos alcaldes y concejales. El segundo fue en el agonizante verano de 2011, cuando se pactó incluir un artículo de estabilidad financiera y priorizar el pago de la deuda para calmar a los mercados y contentar a la UE por parte de una España al borde del precipicio.

Hoy ese acuerdo para cualquier otro cambio parece un posibilidad remota. "Falta un núcleo de consenso que permita tener garantías de llegar a buen término", ha dicho este viernes Sáenz de Santamaría, que ha precisado que el Gobierno prioriza en este momento la “estabilidad política” ante la situación económica.

Con las espadas en alto, una posible reforma de calado parece más próxima ya a una Constitución con andares cuarentones.