Unió admite que malversó 300.000 euros en subvenciones y devolverá el dinero para evitar el juicio
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha admitido que malversó 300.000 euros procedentes de subvenciones públicas y devolverá dicho dinero para evitar la celebración del juicio por el caso Pallerols y librar así a los condenados de entrar en prisión.
Tras semanas de negociación, la acusación y la defensa han llegado a un pacto en el que los procesados, entre los que figuran exaltos cargos y militantes de UDC, han aceptado los hechos de los que se les acusaba: fraude en ayudas para la formación procedentes de la Unión Europea.
El pacto ha sido posible después de que la Fiscalía, que inicialmente pedía para los procesados penas de hasta once años de prisión, se haya avenido a rebajar las penas y las indemnizaciones que solicitaba en un principio, parte de las cuales han sido asumidas económicamente por UDC como responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo de la trama.
CASO PALLEROLS
El caso Pallerols es una supuesta trama de financiación irregular de los años noventa de Unió, adonde presuntamente se desviaron el 10% de las subvenciones que debían servir para cursos de formación ocupacional.
Este caso se destapó después de que un informe de la Guardia Civil revelase que la Conselleria de Trabajo había otorgado subvenciones por valor de más de 8 millones de euros a tres empresas del andorrano Fidel Pallerols para realizar cursos ocupacionales cofinanciados por el Foro Social Europeo.
El fiscal pedía nueve años de cárcel para el entonces director de Empleo de la Generalitat y secretario de organización de UDC de 1992 a 1996, Lluís Gavaldà, y la misma pena para la entonces 'número dos' de la Conselleria, Dolors Llorens, por malversación de caudales públicos y cohecho.
Además, once años cárcel para el empresario andorrano responsable de las academias a través de las cuales supuestamente se hizo el desvío, Fidel Pallerols, por los delitos de malversación, cohecho y falsedad; y ocho para su esposa, María de la Cruz Guerrero, por los dos primeros.
Están imputados también el hermano de Lluís Gavaldà, Vicenç Gavaldà --para quien el fiscal pedía once años--, y el militante Santiago Vallvé, para quien solicita siete años de prisión.
