La juez devuelve a los 34 detenidos por el 25-S a la Audiencia Nacional (FOTOS)
Los 34 detenidos durante la manifestación del 25-S se han visto atrapados en un toma y daca judicial para determinar quién es competente en este procedimiento. Interior cree que deben ser juzgados por la Audiencia Nacional por "delitos contra las instituciones", la Audiencia rechazó el caso y ahora la jueza de Madrid que les interrogó vuelve a rebotar el caso a la Audiencia Nacional.
La jueza de Instrucción número 8 de Plaza de Castilla dejó el pasado jueves en libertad a los detenidos, pero con cargos. Ahora se ha inhibido del conocimiento de este procedimiento judicial a favor del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
La magistrada acusa a los arrestados de un presunto delito contra las instituciones del Estado y asegura que los hechos del 25-S podrían encuadrarse en un presunto delito contra las Instituciones del Estado, concretamente sobre al artículo 493 del Código Penal, "por lo que procede la remisión de las mismas a la Audiencia Nacional".
La jueza afirma que hubo una concentración de ciudadanía ante el Congreso de los Diputados coincidiendo con la celebración de la Sesión Plenaria del 25 de septiembre "con el fin de exigir un destitución y ruptura del régimen vigente, etc.".
"El día de la convocatoria la Policía protegía el Congreso de los Diputados y el derecho a que los ciudadanos ejercieran libremente sus funciones, originándose los altercados e incidentes con los ciudadanos, los cuales pretendían rebasar el perímetro de seguridad del Congreso, rebasando vallas y enfrentándose por ello con los funcionarios de la Policía", ha esgrimido en el auto.
EL TS TENDRÍA QUE DECIDIR QUIÉN JUZGA
De esta forma, el caso vuelve a la Audiencia Nacional después de que la semana pasada el juez Santiago Pedraz, que se encontraba de guardia, rechazase hacerse cargo de los detenidos.
A pesar de la intención del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional de entregar a los arrestados a la Audiencia Nacional, Pedraz consideró que los hechos no eran competencia de este órgano jurídico.
El juez, que tendrá que volver a manifestarse al respecto en unos días, explicó en una providencia que el atestado que la Brigada Provincial de Información le había remitido acusaba a los detenidos de delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad y desobediencia y desórdenes públicos, "ninguno de ellos competencia de la Audiencia Nacional".
Si la Audiencia Nacional vuelve a rechazar el caso, se podría elevar un conflicto de competencia y sería el Tribunal Supremo quien determine que órgano jurídico debe hacerse cargo de la causa.
