Okupa una vivienda en A Coruña y logra que la propietaria se quede sin pensión por no pagar el agua
Han embargado a la dueña parte de sus ingresos mensuales por no abonar las facturas de su inquilina ilegal.
El problema de la okupación de viviendas por parte de intrusos está pasando a niveles extremos, como demuestra el caso de Pilar, una mujer de A Coruña, que lleva cinco años luchando por recuperar su vivienda y, que, según ha revelado El Debate, se enfrenta, además, al embargo de parte de su pensión por negarse a pagar el agua de la vivienda, en la que están viviendo otras personas.
La cuestión es que algo que comenzó con una inquilina que dejó de pagar el contrato de alquiler del piso de Pilar, en el centro de la ciudad y con tres dormitorios, terminó en una auténtica pesadilla para esta dueña del inmueble. A pesar de haber dejado de pagar, la inquilina se ha negado a abandonarla. Pero, para colmo, la okupa ahora exige 10.000 euros a Pilar para devolverle las llaves, argumentando que necesita esa cantidad para pagar la fianza de otro piso.
Sin embargo, esta mujer no sólo ha perdido el acceso a su casa, sino que también se enfrenta al embargo de parte de su pensión por una deuda de unos mil euros en facturas de agua acumuladas en el piso okupado por su inquilina. «Nunca he tenido deudas en mi vida, siempre he cumplido con mis obligaciones, y ahora me embargan por algo que no es mi responsabilidad», ha lamentado la propietaria.
Finalmente, esta mujer ha decidido unirse a otros afectados por similares situaciones y fundar la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ). A su organización ya se han unido una quincena de personas en situaciones similares y su objetivo es dar mayor visibilidad a esta probleme y exigir reformas legales que protejan mejor a los propietarios de viviendas.
Esta asociación asegura que normativas como el Real Decreto 11/2020, el último que regula estas cuestiones han incrementado la vulnerabilidad de los propietarios. Según explican en su página web, "se ha creado un escenario de indefensión jurídica para quienes han trabajado arduamente para construir su hogar y su seguridad". Esta asociación reclama cambios legislativos que permitan desalojos más rápidos y efectivos en casos de okupación ilegal, así como medidas para evitar que los propietarios asuman deudas generadas por los okupas. "No podemos ser el escudo social de quienes no quieren trabajar o pretenden vivir gratis en nuestras viviendas", subrayan.
