Qué se sabe de la multinacional madrileña que obligó a sus teleoperadores a trabajar con un cadáver al lado
La muerte de Inma, una teleoperadora, cogió por sorpresa a sus compañeros, que tuvieron que seguir trabajando en sus puestos tras el suceso. No es el primer suceso negativo de este gran call center.
El escándalo ha pillado a casi todos por sorpresa y ya traspasa fronteras. La multinacional madrileña que obligó a sus trabajadores a compartir espacio con una compañera que falleció en su puesto ha saltado al primer plano mediático. La empresa se llama Grupo Konecta BTO, un call center que tiene tras de sí un historial de denuncias previas y desconfianzas.
La muerte de Inma el pasado 13 de junio ha destapado, días más tarde, la realidad de esta compañía. Lo primero, que la empresa no dispone de un protocolo para actuar ante un suceso así.
Por ello, denuncian los sindicatos, los compañeros fueron obligados a seguir trabajando junto al cuerpo de su compañera fallecida. El caso ya está en manos de la Inspección de Trabajo, que está actuando de oficio, aunque podría ir mucho más allá. De momento, también el Defensor del Paciente está estudiando el caso.
"Inma no estaba sola, la plataforma bullía como cualquier otro día y poco a poco todos y todas se sumieron en el desconcierto. Al conocer la noticia por confusos Whatsapp no dábamos crédito. 'Está tirada en el suelo y nosotros cogiendo llamadas'. '¿Estáis cogiendo llamadas?' 'Sí, nos dicen que sigamos cogiendo llamadas'", ha denunciado un trabajador que no quiere revelar su identidad.
La empresa, que no atiende a ninguna llamada de teléfono ni a ninguna petición de contacto, simplemente señala que tras la muerte de su empleada dio al resto de la plantilla cuatro opciones, "teletrabajar, subirse a otra planta, irse a su casa o quedarse en su puesto", tal y como recoge El Mundo. Además, citando al mismo diario, niegan la mayor de la versión de los sinicatos, alegando que "no se le dijo a nadie 'te quedas en la silla ateniendo llamadas'. No se obligó a nadie".
Pero este no es el primer caso polémico que rodea a Konecta, aunque sí el más grave y sonado de una multinacional, con oficinas en la calle San Romualdo de la capital española y presencia en 24 países y más de 200 centros, desde donde se trabaja en más de 30 idiomas diferentes. Los tentáculos del grupo alcanzan una red superior a los 130.000 empleados, entre EEUU, Europa, Centroamérica, Sudamérica, y países africanos como Marruecos o Madagascar.
El negocio va bien. Su EBITDA, la cifra del volumen de ganancias antes de aplicarles los impuestos correspondientes, es de 148 millones de euros, como recoge El Confidencial de acuerdo a los datos de 2021. Ese ejercicio lo cerró la empresa con una facturación próxima a los 920 millones de euros, en un incremento notable con respecto a los anteriores años.
Por aquellos tiempos, el sindicato UGT denunció lo que consideraba una oferta laboral de Konecta "abusiva" y "discriminatoria", por exigirle al trabajador "disponer de todas las herramientas, así como asumir todos los gastos que se derivan" para poder teletrabajar.