Qué se sabe sobre el plan de regeneración democrática que el Gobierno aprobará este martes

El plan de medidas para la "regeneración democrática" que Pedro Sánchez prometió tras sus cinco días de reflexión, en los que estuvo a punto de abandonar su cargo de presidente del Gobierno, será aprobado finalmente este martes durante el Consejo de Ministros. 

Así lo ha anunciado en la víspera el propio jefe del Ejecutivo en la reunión interparlamentaria de los socialistas celebrada en el Congreso, donde no ha ofrecido más detalles sobre el contenido del mismo.  "Es un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado, al Congreso y a nuestro ecosistema informativo", ha dicho sin más concreción.

Después de que el juez Peinado admitiera a trámite la denuncia de Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez, Sánchez publicó en abril una carta en redes sociales en la que pedía un tiempo para valorar si debía o no continuar en el cargo. “Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política", señalaba en aquella misiva. 

Tras decidir que se quedaba, el presidente del Gobierno pasó a la ofensiva al asegurar que trabajaría "sin descanso" por la "regeneración pendiente de nuestra democracia y por la consolidación de derechos y libertades". Y esa "responsabilidad asumida" se va a materializar finalmente este martes en un plan que el Ejecutivo ha estado negociando con otros grupos parlamentarios (a excepción de Vox) en diferentes reuniones encabezadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun. 

El pasado 17 de julio, durante una intervención en el Congreso, Sánchez ya expuso públicamente cuáles eran sus planteamientos para este plan. Propuestas que, sin embargo, se formularon como meras sugerencias para que luego el resto de partidos modificaran o aportaran en dichos encuentros. El presidente del Gobierno es consciente de que esta reforma incide en derechos fundamentales como la libertad de prensa o de expresión, por lo que ve esencial que el texto aprobado sea fruto de un consenso y de la suma de opiniones de los diferentes grupos, además de incluir en el diálogo a los medios de comunicación o a las asociaciones de periodistas.

En aquella comparecencia en la Cámara Baja, de hace sólo dos meses, Sánchez aseguró que todas las cabeceras informativas deberían informar sobre los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad, del mismo modo que pidió que esos fondos se asignaran con "criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios". Además, propuso exigir a los medios que hagan pública su propiedad, sus datos de audiencia y detallen cómo se financian.

Con estas medidas, el objetivo de Sánchez es limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga "más financiadores públicos que lectores", así como mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para "evitar la concentración de medios en pocas manos". 

Con respecto a las fake news, Sánchez propuso que fuera la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el propio sector de la prensa a través de una autorregulación, los que ejercieran el control sobre la publicación reiterada desde un medio de noticias que pudieran considerarse falsas. Es decir, el Gobierno no tendría la competencia de sancionar o cerrar un medio en concreto por difundir mentiras o falsedades.

Fuera de lo relativo a los medios, Sánchez también mostró su interés en "reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía". De esta manera, Sánchez apuntaba a la "reparación pública" en el caso de instrucciones con repercusión mediática que no culminen con la apertura de un juicio oral, o dejar impunes las posibles injurias a la Corona o las ofensas al sentimiento religioso.

No dijo nada por entonces de una derogación de la ley mordaza, que Sumar vendió como consumado y que desde el PSOE se redujo a la modificación de un punto referente a la difusión de imágenes policiales, que ya de por sí fue declarado inconstitucional por el TC.

Y en lo referente a los partidos, Sánchez propuso una reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado para endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta. Además, quiso cambiar la Ley Electoral para establecer la obligatoriedad de debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación o para que todas las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de resultados.

El PP ya adelante que no apoyará el plan: "Ni de coña"

Queda ahora por ver cuántas de estas propuestas estarán finalmente en el plan y cuáles pueden incorporarse como fruto del diálogo abierto con los otros grupos parlamentarios. En todo caso, el Gobierno dejó claro en verano que su intención es ir escalonando las medidas, sin que todo el paquete sea de aplicación inmediata.

A pesar de querer aunar el mayor consenso posible, PP y Vox ya han dicho que votarán en contra de estas medidas al considerar que atentan contra la libertad de prensa. "Ni de coña", dicen a El HuffPost desde Génova ante la posibilidad de un voto afirmativo de su grupo parlamentario. 

La posición del PP choca con la que ellos mismos mostraron en Europa al votar a favor del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Y es que, según Sánchez, buena parte de sus propuestas están recogidas en este mismo documento de obligado cumplimiento para España a partir del 8 de agosto de 2025. "No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí, en el Congreso de los Diputados, voten en contra de esas mismas cuestiones", ha deslizado Sánchez este lunes con una sonrisa ante la previsible negativa del PP a alcanzar un acuerdo sobre este plan.