¿Qué han pactado exactamente PSOE y Junts sobre las competencias de inmigración?

Junts anunció por sorpresa este miércoles su decisión de facilitar la convalidación de los tres primeros decretos del Gobierno en esta legislatura (los relativos a las medidas anticrisis, el subsidio de desempleo y la reforma de la administración de la Justicia) a cambio de nuevas concesiones otorgadas por el PSOE tras una nueva negociación in extremis. Los siete votos de Junts eran decisivos para sacar adelante todas estas propuestas, que finalmente fueron aprobadas a excepción de la presentada por el ministerio de Trabajo por el voto en contra de Podemos. 

Entre los puntos acordados, plasmados en un comunicado que Junts publicó en su web, se encontraban la publicación de las balanzas fiscales, la supresión del artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento civil (que amenazaba, según los independentistas, la viabilidad de la futura ley de amnistía) o bajar el IVA del aceite al 0%. 

Sin embargo, el acuerdo más polémico ha sido el relativo a la delegación de las competencias de inmigración, que la formación independentista despachaba de este modo: "Delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, modificando el artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica para Cataluña. La delegación de esta competencia vendrá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña una política integral, para que sean tanto el Govern como el Parlamento de Cataluña los que determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país". 

Dada la indefinición del comunicado y que no existe un documento que desarrolle lo acordado entre ambas formaciones, hasta el momento se desconoce cuál será el recorrido y amplitud de esta nueva concesión. Lo que ha generado, a su vez, que las explicaciones de Junts y el PSOE sean completamente diferentes. 

Los de Puigdemont aseguran que el objetivo es que la Generalitat, ahora en manos de ERC, pueda expulsar a inmigrantes que cometan delitos, controlar los flujos migratorios o gestionar los permisos de residencia. El Gobierno central, mientras, rebaja las expectativas de la cesión migratoria. "Veremos hasta dónde puede llegar con sentido común el alcance de la delegación de competencias", señalaba este mismo viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 

A efectos legales, algunas de las pretensiones de Junts no son viables. Expulsar inmigrantes es una competencia del Ministerio del Interior que sólo puede ejecutarse tras una sentencia judicial. Además, chocaría también con la política migratoria europea, que señala como competentes únicos en esta cuestión a los Estados miembros. 

También resulta difuso cómo se pueden gestionar los permisos de residencia o los flujos migratorios por parte de una CC.AA. que está integrada dentro de un Estado o cómo se puede controlar la entrada de inmigrantes cuando aeropuertos como el de Barcelona operan a través de AENA, empresa estatal. 

En todo caso, cabe destacar que el documento de Junts habla de "delegar" y no de "transferir" competencias. Un matiz importante, puesto que delegar implica que el Estado mantiene la competencia y titularidad pero la gestión y el día a día lo hace la comunidad autónoma, algo que el Estado siempre podría recuperar-, y una transferencia es para siempre y lleva consigo una responsabilidad completa.

Los constitucionalistas admiten que la Carta Magna no impide, en virtud del artículo 150, ceder a las autonomías "transferir o delegar, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". Sin embargo, tal como destacan fuentes jurídicas a EFE, la Constitución no hace un listado de las materias que por su propia naturaleza, como dice el articulado, se pueden delegar o transferir. "No lo desarrolla y todo queda en manos del legislador y, en última instancia, del Tribunal Constitucional", señalan estas mismas fuentes.

ERC también plantea muchas dudas sobre este 'logro' de Junts y cuestiona tanto su alcance como el propósito que hay detrás. Y es que palabras como las de Turull, que vinculan inmigración con delincuencia, son vistas por los republicanos como "peligrosas" y "estigmatizantes". Junqueras apuntaba más alto y recordaba este jueves que "abrazar los discursos de extrema derecha que criminalizan a las personas migrantes pone en riesgo la cohesión social". 

Cabe recordar que, según el último barómetro del Centre d'estudis d'Opinión de la Generalitat, el 60% de los catalanes cree que hay demasiada población inmigrante en el territorio. Al respecto, Nogueras incluso deslizó que el conocimiento de la lengua catalana podía ser un aspecto fundamental para la cuestión migratoria: "Es importantísimo que sea una herramienta de integración para las personas que llegan a nuestro país". Aunque, como en todo lo demás, no aportó más detalles.