Ni Borràs ni Pujol, pero sí los CDR y los policías nacionales: a quién beneficia la ley de amnistía

La ley de amnistía que el PSOE y otros partidos presentarán en las próximas horas en el Congreso de los Diputados supondrá la anulación de los procedimientos judiciales y de las penas derivadas de los hechos producidos en el marco del procès durante los últimos diez años. Así se detalla de forma específica en la norma negociada por PSOE, ERC y Junts en estas últimas semanas. Según sus cálculos, unas 300 personas vinculadas al movimiento independentista se verán beneficiadas, además de 73 policías nacionales por las cargas y la contención de las protestas durante el 1-O y los días posteriores. 

Por el contrario, y pese a lo publicado por algunos medios de comunicación, finalmente quedan excluidas de la amnistía aquellas causas que se mantengan al margen de los actos ajenos al independentismo, como la condena a cuatro años y medio para Laura Borràs por trocear contratos, o las diferentes investigaciones a la familia Pujol por corrupción política.

Del 9-N al 1-O

En el documento, filtrado antes de su presentación, se detalla que se amnistían "los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017 , que se hubiesen realizado entre el 1 de enero de 2012, año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023".

Además, la norma detalla que la amnistía abarca "no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos, como pueden ser, a modo de ejemplo, los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo también la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables, así como todos los actos objeto de la presente Ley que acreditan una tensión política, social e institucional que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades que la Constitución confiere a las Cortes Generales".

Puigdemont podría regresar a España

De esta manera, la ley amparará a representantes políticos, como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, y a los ciudadanos encausados por el procés independentista, como los directores de colegio que abrieron los centros para votar en el 1-O, los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista; o los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el 'procés' en el otoño de 2019. Sólo se quedarían fuera aquellos condenados por delitos de terrorismo siempre que haya sentencia firme. 

Como consecuencia, Junqueras dejaría de estar inhabilitado y podría presentarse a las elecciones catalanas de 2025 y Puigdemont podría regresar a España tras seis años como prófugo de la justicia española al igual que Toni Comín y Lluís Puig. 

Los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa - quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación - también se verían beneficiados, así como Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carmen Forcadell, Josep Rull Joaquim Forn, Marta Rovira, Anna Gabriel, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.

Igualmente quedarían sin condena o causa excargos investigados en los juzgados catalanes como el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat Josep María Jové, el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; y el exconseller de Interior Miquel Buch. Este último, por designar a dedo al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara a Puigdemont en el extranjero. 

Eximirá a 35 exdirigentes de pagar entre 3 y 5 millones

La propuesta también contempla el procedimiento que se sigue contra 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés', entre ellos el propio Puigdemont, Junqueras o al expresidente catalán Artur Mas. A todos ellos se les eximiría de pagar entre tres y cinco millones de euros por el procés. Todo ello, en todo caso, no sería efectivo hasta que la ley entre en vigor, algo que puede tardar meses por su tramitación parlamentaria y después verse bloqueada por una cascada de recursos en el Tribunal Constitucional.

La ley de amnistía, por último, tampoco incluye referencias a la investigación de casos de lawfare (persecución judicial por motivos políticos) que puedan desembocar en la amnistía de las víctimas caso de que una investigación parlamentaria así lo concluyera.