Los escollos legislativos que tendrá que pasar el cupo catalán para ser una realidad

La ejecutiva de ERC avalaba este lunes un preacuerdo con el PSC para investir presidente de la Generalitat al líder socialista, Salvador Illa, que prevé que Catalunya salga del régimen de financiación común y que la Agència Tributària Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos (empezando por el IRPF).

Un cupo catalán que se confirmaba este martes cuando los dos partidos catalanes hacían público el acuerdo y que en ERC resumían en "tener la llave de la caja" de financiación asegurando que también han arrancado al PSOE la garantía de que se harán las modificaciones legales necesarias para que esta financiación sea vigente independientemente de quien gobierne en el Estado.

No es para menos. Sacar a Cataluña del régimen de financiación común implica cambios legales que deben ser votados tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlament de Cataluña y que, en vista de la aritmética parlamentaria actual, se antoja complicado.

Según publica El Economista citando al hacendista Francisco de la Torre, esta reforma obligaría a actualizar la ley de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), la ley de cesión de tributos y también el Estatut  de Autonomía de Cataluña.

Para ello hace falta realizar votaciones en el Congreso y el Parlament. Por ejemplo, reformar la LOFCA y la ley de cesión de tributos implica una mayoría absoluta en el Congreso que el Ejecutivo parece tener complicada. En Sumar, Compromís y Chunta Aragonesista ya han expresado su negativa a aplicar esta reforma, haciendo inviable que vea la luz. En Más Madrid, no hay una postura definida pero la ministra de Sanidad, Mónica García, ha evitado pronunciarse en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña implica, de nuevo votaciones tanto en el Parlament como en el Congreso. Para hacerse efectiva esa reforma es necesario superar una mayoría cualificada de dos tercios. Es decir, que Junts debe votar a favor, y después volver a pasar por el Congreso.

Este cupo catalán estaba en el acuerdo de investidura de Sánchez. Junts proponía realizar esta hacienda y el PSOE buscar otras fórmulas más solidarias. Ambos partidos negociaban en la mesa entre Generalitat y Gobierno español con posturas diferentes, pero ahora el PSOE asume como propio lo que ya en noviembre planteaban los postconvergentes gracias a ERC.

Por su parte, el PSOE, que hace tan dolo 14 días rechazaba este cupo catalán en boca de María Jesús Montero, ha respaldado ahora "plenamente” el preacuerdo entre el PSC y ERC. “El PSOE se compromete a impulsarlo y hacerlo efectivo en aquellos puntos donde su materialización dependa de las instituciones de carácter estatal en las que este partido tiene representación”

Así funcionaría el cupo catalán

Simplificando singularidades como Canarias, Ceuta o Melilla, la financiación autonómica en España tiene dos vías: por un lado la foral (Navarra y Euskadi) y por otro la común. Las comunidades se financian con impuestos compartidos, cedidos, propios y fondos. Precisamente en esto último, en los fondos, es donde está el quid de la cuestión. Los fondos sirven para compensar la diferencia entre lo que recauda una Comunidad y lo que en teoría debería gastar.

En estos fondos tenemos tres vías. La primera es el fondo de garantía, que es el encargado de asegurar los mismos recursos por habitante, aunque de manera ajustada ya que se tiene en cuenta cuestiones como la dispersión de la población o la insularidad. Por otro lado, está el fondo de suficiencia global, que financia las necesidades globales de las comunidades autónomas y por último el de convergencia autonómica, que sirve para favorecer la convergencia entre las comunidades autónomas.

Este está compuesto de dos subfondos. Por un lado, el de competitividad, que reduce las diferencias per cápita y el de cooperación o solidaridad que favorece a aquellas comunidades con menor PIB per cápita, mayor dispersión de población o menor crecimiento de población.

Actualmente, a este fondo se aportan unos 8.815 millones por parte de todas las comunidades. 6.300 parten de Madrid, 2.300 de Cataluña y ya en tercer lugar Baleares con 300 millones. El Estado aporta unos 11.000 millones. Cataluña en el reparto autonómico supone un 25%, uno de cada cuatro euros. 

Sin embargo, el preacuerdo PSC-ERC establece que la solidaridad de Cataluña con el resto de España quede "limitada" por el principio de ordinalidad. ¿Qué significa? Que si, como el año pasado, Cataluña es la segunda que más aporta deberá ser la que más recibe, rompiendo de esta forma el sistema actual y limitando y mucho la viabilidad del modelo de financiación teniendo en cuenta de que año a año, Estado y Cataluña negocian cuánto aportan. Si se aporta la cantidad actual, el sistema funciona, si no, el sistema se queda sin financiación. "La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las otras comunidades con el fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar", añade el texto.