La semana política más convulsa: de la violencia en las calles al acuerdo de investidura

Sólo han pasado siete días desde que Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se fotografiasen sonrientes, entorno a una mesa redonda, firmando el pacto entre el PSOE y los republicanos para investir a Pedro Sánchez. Ley de amnistía, condonación de parte de la deuda catalana y transferencia del Cercanías, resumían el acuerdo.

Se desencallaba una parte de las negociaciones muy importante, pero quedaba la otra pata del banco: Junts. El partido de Carles Puigdemont todavía tenía que negociar su parte y dar su visto bueno. 

Siete días después, la piel del expresident catalán seguía vendiéndose muy cara. Sus exigencias de última hora, que llegaron a provocar malestar en Ferraz e inquietud en el PSOE, hacían que el acuerdo, que se daba por descontado a finales de la pasada semana y después al principios de esta, todavía no lo estuviera este miércoles. Había nervios. Había impaciencia. Hubo que esperar hasta casi la medianoche, cuando ambas partes daban por sentado que el jueves habría fumata blanca. 

Los negociadores del PSOE en Bruselas admitían a los periodistas que esta semana sería imposible que hubiera investidura porque todavía no estaba sellado el acuerdo. Llegados a este punto, los socialistas prefirieron no jugar con las fechas para no generar más ansiedades.

Y eso que todo parecía estar al alcance de la mano el pasado jueves. Mientras se escenificaba el acuerdo con ERC, se esperaba la comparecencia del propio Puigdemont a mediodía. Pero la convocatoria se fue dilatando durante la jornada hasta que unos operarios terminaron por desmontar la sala de prensa. No había acuerdo. Diferencias de última hora tiraban por tierra lo que parecía un día triunfal para el PSOE. 

Junts alegaba que el PSOE había intentado introducir "cambios en cuestiones de índole jurídica que consideran fundamentales" en lo relativo a la ley de amnistía, lo que había enturbiado las conversaciones. Con los días se han ido conociendo las principales diferencias, que radican en que los de Puigdemont quieren incluir en el alcance de la amnistía los casos de 'lawfare' —guerra judicial— contra los independentistas catalanes. 

Aunque ambas partes aseguraban que el acuerdo está muy avanzado, todavía faltaban por pulir esos aspectos técnicos con los que intentan evitar que el Tribunal Constitucional pueda tumbar la eventual ley de amnistía. El detalle era tal, que la investidura, que Sánchez quería antes del sábado 11, cuando se celebra en Málaga la Internacional Socialista —de la que es presidente—; se ha tenido que posponer más tiempo del deseado por el PSOE. 

Los días se hacían agónicos en Ferraz, porque a la incertidumbre y la falta de información de muchos dirigentes, se sumaba la presión social y las protestas en la calle, alentadas fundamentalmente por la extrema derecha desde el pasado viernes. 

Apenas 24 horas después de que el PSOE cerrase el acuerdo de investidura con ERC, centenares de personas, convocadas por las redes sociales, se agolpaban frente a la sede de los socialistas en la madrileña calle Ferraz. 

Era el principio de una ristra de protestas que todavía no se ha detenido desde entonces. El sábado, de hecho, contó con algún rostro ilustre del PP, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que incluso llegó a intentar cortar el tráfico. 

El tono de las manifestaciones ha ido extremándose hasta el punto de que las últimas han terminado con cargas policiales por parte de los agentes antidisturbios. La del martes fue, sin duda, la más violenta, con la presencia de grupos de ultraderecha organizados que llegaron a cortar la Gran Vía en su trayecto desde Ferraz al Congreso de los Diputados, donde la Policía les cortó el paso. 

Lo cierto es que las protestas están siendo un problema para el PSOE, pero también para el PP, donde hay debate interno sobre cómo gestionarlas. 

En Génova y entre sus barones territoriales hay consenso en la necesidad de protestar en la calle, de ahí que Feijóo haya convocado para este domingo protestas a mediodía en las plazas de las principales capitales de provincia del país. 

Pero el cariz violento de las manifestaciones, así como que estén promovidas y alentadas por la ultraderecha, divide a la hora de adherirse a ellas. La estrategia del PP de Madrid no es compartida por el resto de territorios, que prefieren animar a los suyos a acudir a manifestaciones comunicadas y no 'espontáneas' y movilizadas por Telegram. 

Las imágenes de violencia y el tono ultraderechista de las últimas convocatorias les ha terminado dando la razón, hasta el punto de que ha forzado a los líderes del PP a condenar los actos violentos, especialmente el lanzamiento de adoquines y demás objetos a los agentes antidisturbios. 

La semana, que se prometía definitiva, se ha tornado en convulsa e incierta a nivel político. Días de tensión previos a la resolución definitiva de la investidura, que tras el acuerdo entre PSOE y Junts está más cerca de materializarse. España se encamina a otra semana histórica tras unos días de mucha efervescencia. Mientras la calle arde, la política avanza. La vida sigue.