El reloj apremia: solo tres días para que termine el plazo para un acuerdo entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa

Todo está casi cerrado, pero todo puede saltar por los aires en cualquier momento. Aunque desde hace dos meses, en concreto desde las elecciones catalanas del 12 de mayo, la investidura del nuevo president de Cataluña haya quedado en una suerte de segundo plano, PSC y ERC llevan semanas negociando a diario para que sea Salvador Illa quien ocupe un cargo que los socialistas no ostentan desde hace catorce años, cuando José Montilla dejó paso a Artur Mas. Y el plazo se acaba.

Los republicanos no quieren extender los diálogos más allá del 31 de julio. Son demasiadas las aristas a tener en cuenta. Si finalmente el partido llega a un acuerdo con el PSOE, tiene que someter a votación de su militancia el pacto, y quieren que esto suceda cuanto antes, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez parece más próximo el regreso y posible detención de Carles Puigdemont. Un acontecimiento que puede suscitar dudas entre las filas de ERC. ¿Apoyarían un Gobierno del PSC si Puigdemont es detenido y enviado a prisión? Complejo.

Pero la presión de Junts va más allá del regreso de su líder. En el Congreso, los de Puigdemont han demostrado esta última semana que la estabilidad de la legislatura puede estar en sus manos. No solo votaron en contra de la Ley de Extranjería, sino que también tumbaron el techo de gasto, un paso necesario para que el Gobierno pueda aprobar unos Presupuestos. En una pillada con un micro abierto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fue claro: “Es una hostia para el Gobierno”.

También aquí hay muchas aristas. Aunque hay quien piensa que Junts está dispuesto a tumbar el Gobierno de Sánchez y abocar a un adelanto electoral, no es tan sencillo. Para sacar adelante el techo de gasto, Junts exige más gestos por parte del Ejecutivo respecto a la financiación singular de Cataluña, justo lo mismo que negocian ERC y PSC para poder rubricar su acuerdo. Los de Puigdemont tratarán de demostrar que su manera de actuar es más útil para Cataluña. Si Sánchez quiere tener unos Presupuestos para 2025, tendrá que ceder, piensan, algo que les permitiría defender que sus diputados en Madrid son más eficaces que entregar la Generalitat a Salvador Illa.

Es por esto por lo que, desde el día uno, ERC exigió al PSOE que, si quería hablar de una hipotética investidura de Salvador Illa con sus votos, tenía que cumplir con todo lo acordado en el pacto de investidura. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, pidió gestos políticos para que la negociación pudiera seguir avanzando. “Si Sánchez cumple los acuerdos que hay pendientes, ERC podrá volver a tener confianza que futuros acuerdos también se cumplirán”, decía esta semana.

Dicho y hecho. En los últimos días, el PSOE se ha puesto las pilas para cumplir con los compromisos a los que había llegado con los republicanos: la transferencia de Rodalies, la gestión del Ingreso Mínimo Vital o la condonación del crédito del Fondo de Liquidez Autonómico. A todo ello, además, sumó uno de esos gestos políticos que pidió Rovira. Aprovechando la firma del traspaso del Ingreso Mínimo Vital, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue en persona hasta Barcelona para reunirse con el aún president de Cataluña, Pere Aragonès.

Con esto cerrado, el único escollo pendiente es el del modelo de financiación, una postura en la que todavía no se han puesto de acuerdo y la que determinará si Illa es o no investido president. El Govern de ERC presentó el pasado mes de marzo una propuesta de financiación singular. Lo que proponen es “pasar de un sistema basado en gastos a un modelo basado en los ingresos, un modelo en el que la Generalitat recaude los impuestos generados en Cataluña y asuma la responsabilidad de financiar el coste de los servicios que reciben los catalanes”. Es decir, recaudar el 100% de los impuestos y, a partir de ahí, “realizar dos aportaciones al Estado: una, para compensar el coste de los servicios que este [el Estado] presta en Cataluña; la segunda, en forma de fondo de reequilibrio territorial para contribuir a la cobertura de los servicios públicos en las comunidades con menore capacidad fiscal para garantizar el principio de equidad horizontal”.

En otro gesto político, Pedro Sánchez habló en una entrevista el pasado mes de junio en La Vanguardia de “financiación singular”. “Es factible”, contestó: “Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Catalunya”. Respondió eso para luego lanzar un mensaje de reconocimiento a ERC. Otro gesto: “Si me permite, haré una reflexión sobre Esquerra porque creo que es importante reconocer algo que pocas veces se dice. La estabilización de la situación política en Catalunya no hubiera sido posible sin el protagonismo de ERC. Eso hay que reconocerlo. Sin su liderazgo y su compromiso no habría indultos ni amnistía”.

El PSOE, más que el PSC, hace equilibrios para tratar de ajustar un acuerdo respecto a la financiación que no pueda provocar una rebelión en el resto de las comunidades autónomas. Sabe que, si quiere el apoyo de ERC, debe dar pasos en esa dirección más allá de las palabras, pero no compran, al menos no en su totalidad, la propuesta que el Govern envió en marzo. En el PSC, Salvador Illa habla de un consorcio tributario. Es decir, una especie de órgano compartido entre la Generalitat y el Gobierno del Estado que gestionaría los impuestos catalanes.

Mientras, este viernes el Departamento de Economía de la Generalitat recordó que en 2022 Cataluña había sido la tercera comunidad que más ingresos per cápita aportó y la décima en la recepción de recursos. Según este balance, recogido por EFE, “Cataluña suma ya trece años seguidos por debajo de la media del conjunto de autonomías en percepción de financiación”.

Por ahora, a la espera de lo que haga Puigdemont e incluso teniendo en cuenta la batalla interna en ERC entre Marta Rovira y Oriol Junqueras, todas las partes son optimistas respecto a un acuerdo que quieren rubricar antes de que termine julio, de manera que Salvador Illa pueda ser investido bastante antes del 26 de agosto, fecha en la que, de no haber nuevo president, se convocarían nuevas elecciones.