El CGPJ aprueba por mayoría una declaración contra la amnistía: "Supone la degradación, cuando no la abolición, del Estado de Derecho"

El Consejo General del Poder Judicial planta cara a la amnistía y ha aprobado, por mayoría de los miembros conservadores, una declaración muy crítica en la que señala que esta ley supone la "degradación, cuando no abolición, del Estado de Derecho", además de "violentar la Constitución".

A falta de que se conozca el corpus de una ley que negocian PSOE, Sumar, ERC y Junts y que se antoja clave para la potencial investidura de Pedro Sánchez, este lunes el CGPJ ha dado buena muestra de su rechazo en un texto que ha salido adelante por nueve votos a favor (del ala conservadora), cinco en contra y uno en blanco, la del presidente interino.

"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", alerta el texto.

Para los firmantes, "la concesión de una amnistía en nuestro actual sistema constitucional constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho"

El mismo continúa declarando que "no es compatible" con el principio de Estado de derecho que "los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno".

"Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España", añade en otro apartado. 

El presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, convocó esta reunión extraordinaria después de la petición de pleno de los conservadores, emitida el pasado miércoles 1, con la intención de estudiar, votar y emitir una declaración institucional en la que se exprese la "intensa preocupación y desolación" del órgano.

Se esperaba el voto favorable de sus ocho promotores, todos conservadores: Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. No obstante, al 'sí' se ha sumado el noveno miembro de este ala, Wenceslao Olea.

El ala conservador ve ilegalidades

En contra se han manifestado los cinco vocales progresistas que han asistido al pleno, ya que un sexto miembro, Álvaro Cuesta, se ha negado a acudir por considerar que era "manifiestamente ilegal". 

Cuesta envió un escrito al presidente interino este domingo, pidiendo desconvocar la cita porque su finalidad es contraria "al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales" del CGPJ. En este sentido, expuso que en el "panfleto político" que sus colegas conservadores proponen aprobar como declaración institucional "se descalifica y ataca una eventual proposición de ley de amnistía, aun no presentada ni registrada en el Congreso, y los eventuales acuerdos políticos o decisiones parlamentarias sobre la posible investidura del presidente de Gobierno, calificándola de ilegal e inconstitucional".

Su ausencia era relevante, ya que permitía que el texto saliera adelante únicamente con los ocho votos de los impulsores, si bien estos han sumado un último apoyo, ampliando su mayoría.

El texto de este lunes es la primera declaración oficial del Poder Judicial sobre una cuestión, la ley de amnistía, sobre la que aún no se conoce un texto oficial, más allá de los avances adelantados por PSOE, ERC, Sumar y Junts.

En esta cuestión radica la principal crítica de los vocales progresistas, ya que ni siquiera hay una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados. Desde el ala progresista subrayan que hasta ahora el CPGJ solo se había pronunciado con un texto registrado en el Congreso. Y, además, recuerdan que el Consejo únicamente tiene competencias para hacer informes sobre anteproyectos de ley y no tiene control alguno sobre las iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios.