Crónica de una votación fallida: el Gobierno se da un margen para convencer a Junts

No es fácil establecer el factor desencadenante de tal efecto mariposa. Bien podría ser el reciente pacto entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, como también se podría acudir hasta la histórica crisis de hegemonía en la sala de máquinas de Convergència i Unió. Desde esto último han pasado años, pero ahí está el refranero popular. De aquellos polvos... En este caso, la ciénaga en la que se ha atorado el Gobierno es la votación de la senda de estabilidad presupuestaria. Poca cosa. Este martes, y ante la perspectiva de la trigésimo sexta derrota en el Congreso después de que Junts confirmase su voto en contra, el Ejecutivo ha decidido posponer la consulta. Desde el Gobierno creen que todavía “es posible un acuerdo”.

¿Lo es? Quién sabe. La propuesta que Pedro Sánchez pensaba plantear a votación este jueves es la misma que llevaron el pasado mes de julio, cuando PP, Vox y Junts votaron en contra de la senda de estabilidad. La proposición del Gobierno plantea que se conceda un mayor margen fiscal a Comunidades Autónomas y a entidades locales respecto a los objetivos vigentes. Según sus cálculos, las Comunidades tendrían “más de 3.000 millones de margen cada año” y los Ayuntamientos, “1.600 millones en el primer año y 3.350 millones más de margen el segundo año”. En julio, Junts, que facilitó la investidura de Sánchez, votó en contra arguyendo que Hacienda no había accedido a su petición: una décima más de margen para las autonomías.

Si ya entonces los de Carles Puigdemont no apoyaron la medida, no era extraño prever que este jueves sucedería lo mismo, sobre todo si el texto presentado por el Gobierno es exactamente igual al expuesto antes del verano. Por si no estuviera claro, lo constató el lunes el secretario general de Junts, Jordi Turull. “Lo hemos dejado claro. Si se presenta la misma propuesta que se votó en contra, evidentemente se votará en contra. Si se modifica, se analizará la modificación y se decidirá el voto”, dijo. Lo peor para el PSOE es que estas declaraciones se produjeron después de que una delegación socialista encabezada por su secretario de Organización, Santos Cerdán, viajase a Suiza para reunirse con Puigdemont con el objetivo de acercar posturas. Aunque no ha trascendido información acerca del encuentro, las palabras de Turull sirven como acta: la reunión terminó sin acuerdo.

Si bien todo apunta a que el Gobierno de coalición no podrá depender ya de los votos de Junts para sacar adelante sus medidas en el Congreso, al menos en público ambas partes se muestran dispuestas a dialogar. La portavoz de la formación independentista en el Congreso, Miriam Nogueras, ha insistido en que no darán apoyo “a cambio de nada”, si bien considera que el PSOE "ha comenzado a entender". Lo que piden, de nuevo, es una senda de déficit “mejor para Cataluña”. Aunque depende del margen del que se esté hablando, desde el Ministerio de Hacienda declaran a El HuffPost que están dispuestos a modificar los objetivos de déficit. “Es una posibilidad”, comentan.

En Sumar, socios del PSOE en el Gobierno de coalición, celebran que el Gobierno haya decidido darse este margen. Los de Yolanda Díaz creen que, ante los buenos datos de crecimiento económico, es posible mover los límites de endeudamiento de las diferentes administraciones públicas. En este sentido, la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha asegurado que esta pausa responde al "rumbo que debe tomar el Gobierno". De esta manera, ha expresado, hay posibilidades de negociar unos nuevos objetivos que "avancen hacia la descentralización y la soberanía de los territorios".

A nivel público, al menos, desde el Gobierno han optado por no presionar demasiado a Junts. Tanto desde el PSOE como desde el Gobierno evitan mencionar a Puigdemont y, en cambio, sí señalan al Partido Popular. Lo ha hecho de manera nítida la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El Partido Popular, con tal de infringir una derrota al Gobierno, está dispuesto a rechazar 12.000 millones de euros para mejorar la vida de la gente”, ha lamentado para luego pedir que “todos los alcaldes y presidentes autonómicos sepan que con 12.000 millones se contratan maestros, se contratan médicos o se mejora la atención de mayores y dependientes”. El discurso es el mismo en Ferraz. “El PP ya tiene decidido que, por su parte, pretende hacer perder a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas 12.000 millones de euros. Tendrá que explicarlo”, manifiestan fuentes del PSOE.

Este si no se aprueba la senda es culpa de Feijóo produce estupor y hasta cierta sorna en el Partido Popular. Fuentes de la formación se la devuelven al Gobierno. “Que culpen a Puigdemont. Junts es socio de Sánchez; Feijóo, no. Quien ha fallado al PSOE es Junts, no nosotros”, enfatizan desde Génova. El PP, además, pone una condición imposible para cambiar su voto: “O cupo catalán, o Feijóo”. Es decir, o se elimina la financiación singular pactada con ERC para investir a Illa, o nada.

Así las cosas, nada augura un buen destino para la nueva senda de estabilidad. La realidad es que si no hay acuerdo con Junts, no habrá nuevos objetivos de déficit. No obstante, eso no significa que no vaya a haber Presupuestos para 2025. El Gobierno insiste en que presentará las nuevas cuentas “con independencia de que se apruebe o no una nueva senda”, aseguran desde Hacienda, advirtiendo, eso sí, de que “las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos tendrían menos recursos”.

¿Por qué menos recursos? La situación económica del país era peor cuando se aprobaron los objetivos de déficit vigentes que la que existe actualmente. Teniendo en cuenta que la senda de estabilidad presupuestaria establece, de manera muy resumida, lo que pueden gastar las comunidades y los ayuntamientos y hasta qué punto pueden endeudarse, estas cifras serán sin duda menores si no es posible llegar a un acuerdo respecto al nuevo techo de gasto. Y, aunque el Gobierno haya abierto la puerta a seguir negociando, esto es lo que tratan de explicar: la alternativa a la no aprobación de un nuevo objetivo de déficit será mala noticia para Cataluña y los municipios catalanes, como para el resto de España, ya que contarán con menos recursos para lo público.