Justicia: feliz arreglo tramposo

Es una magnífica noticia que se haya conseguido renovar el Consejo General del Poder Judicial, tras cesar la obstinada resistencia del Partido Popular, que ha puesto en riesgo el sistema constitucional y ha sembrado de dudas su propia condición de partido de Estado. El sistema judicial español no resistía más la situación generada por aquella deslealtad que, al menos por ahora, ha cesado. Y hemos de congratularnos de ello, si bien haríamos mal si pensásemos que habíamos resuelto el problema.

Llegados al punto en que nos encontrábamos, en una crisis institucional que comenzaba a preocupar a Bruselas y que estaba generando perjuicios a España (los contrapesos judiciales son indispensables para que la maquinaria estatal funcione sin contratiempos), el dilema que fundamentaba la parálisis era inquietante: el PSOE pretendía que se procediera a la renovación por el procedimiento tasado y constitucional, establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que sirvió para las últimas renovaciones del órgano de gobierno de los jueces; el PP, en cambio, exigía con arbitrariedad que, antes de la renovación, se reformara el procedimiento vigente, de forma que, para designar el cupo de 12 consejeros de procedencia judicial, “los jueces eligieran a los jueces”, y no como ahora, cuando son también las cámaras parlamentarias las que proceden a esta designación, eligiendo entre los candidatos que reúnan ciertas condiciones.

La razón de esta pretensión no es inocente: el CGPJ actual tiene mayoría conservadora porque fue designado en 2014, cuando Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. Si la renovación se hubiera producido durante estos cinco años últimos, el CGPJ hubiera tenido mayoría progresista, y por eso el PP desafió la legalidad para mantener su feudo judicial. Y ahora, la renovación se ha producido simultáneamente al compromiso, un tanto vaporoso e inconcreto, de que se reformará el sistema de designación del Consejo conforme a un modelo formalmente sugerido en el plazo de seis meses por esa misma institución renovada, y respaldado por los tres quintos de sus miembros (12 consejeros).

Aparentemente, está fórmula es equidistante, ya que media entre la normativa actual, defendida por el PSOE, y la pretensión de que los jueces designen directamente a sus doce representantes, que pretendía el PP. Pero encierra una trampa muy evidente: de prosperar el subterfugio adoptado e imponerse la voluntad de los propios jueces, es evidente que los profesionales de la justicia -de derechas, de izquierda o de centro- preferirán autodeterminarse a quedar subordinados al parlamento. Lo inadmisible es esta autodeterminación, que por añadidura tiene el efecto de sesgar el poder judicial. Es constatable objetivamente que quienes desempeñan la profesión de juez son mayoritariamente conservadores, como se desprende de la envergadura y el cotejo de sus asociaciones profesionales, y aunque aproximadamente la mitad de ellos no están afiliados a asociación alguna. Por ello, por esta característica y mediante el análisis de contexto de los preceptos constitucionales, lo natural es que el poder judicial se corresponda con el retrato de la sociedad civil que representan las cámaras parlamentarias y no con la fotografía corporativista, escorada a estribor, de la dignísima profesión de juez.

Pero esta no es la única razón de la oposición a la fórmula de la elección directa de los jueces por los jueces: sustituido el viejo axioma rígido de separación de poderes por el más moderno de cooperación de poderes, sería inaceptable que el poder judicial adquiriera autonomía en el interior del Estado, sin vincularse estrechamente al tronco de la soberanía popular que anima las instituciones y que se nutre mediante el sufragio universal. Todos los poderes han de emanar de esa soberanía y sería una grave anomalía permitir otra cosa.

La cábalas son siempre imprudentes en democracia, ya que el futuro siempre se improvisa paso a paso, pero haríamos mal imaginando que las cosas se desarrollarán como se ha pactado: la voluntad del CGPJ sobre su propia constitución es muy respetable pero no puede adoptarse ciegamente sea cual sea sin preservar los principios enunciados más arriba. Lo que el PP pretende es consolidar su hegemonía judicial eternamente, y eso no ha de ser posible en un Estado tan complejo como el español, en que la justicia tiene que mediar a menudo en conflictos más políticos que civiles y cuyo ordenamiento constitucional es más coherente con la vinculación del gobierno de los jueces al Parlamento que con el sospechoso corporativismo que se propone, con el ánimo evidente de controlar la política desde la justicia.