ERES: ¿una cacería andaluza?
"Han ido a prisión personas honradas que no se lucraron lo más mínimo ni actuaron por interés inconfesable alguno, por la sola sospecha indemostrada de que obraron maliciosamente"
El caso de los EREs andaluces es de suma complejidad y no resulta osado afirmar que solo se ha conocido la espuma del asunto. Muy resumidamente, lo ocurrido es que, gracias a una legislación autonómica demasiado permisiva, el mecanismo utilizado para financiar Expedientes de Regulación de Empleo -ayudas a las empresas que precisaban una reestructuración que en la mayoría de los casos incluía reducciones de plantilla- con que se afrontaron las crisis económicas, ha hecho posible una estafa masiva y aparatosa. La falta de suficientes controles hizo posible que se otorgaran EREs ficticios y que se incluyera en las plantillas de cesantes a intrusos que consiguieron así un sustancioso subsidio fraudulento. Conviene tener en cuenta desde el principio que solo una fracción relativamente pequeña de los presupuestos destinados a aquel fin se malversó; en su mayor parte, los recursos públicos aplicados cumplieron sus fines previstos.
De cualquier modo, la gravedad del caso es innegable. Basta con que una fracción de una partida presupuestaria se desencamine para que haya que responder penal y políticamente de ello. Sin embargo, una cosa es la restitución de la legalidad por todos los medios y otra muy distinta el aprovechamiento de un suceso de estas características para organizar con malas artes una colosal cacería política, que parece que es lo que ha ocurrido, si hay que fiarse del recorrido judicial del caso, que acaba de culminar en el Tribunal Constitucional (ya solo quedaría la instancia europea si las partes deciden recurrir a ella).
El recorrido judicial del caso es intrincado: comenzó instruyéndolo la célebre jueza Alaya en su juzgado de primera instancia de Sevilla, hasta que fue apartada de la tarea por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; fueron encausados aforados autonómicos y estatales por lo que la competencia sobre el caso pasó al Tribunal andaluz y al Tribunal Supremo. Inicialmente, el número de imputados superó los 200. Finalmente, el Supremo condenó a graves penas por malversación y prevaricación a la cúpula política de la época, incluidos los expresidentes Chaves y Griñán y varios exconsejeros.
Las tesis manejadas por los jueces fueron controvertibles, como puede constatar hasta el observador más profano. Se condenó no solo a quienes habían perpetrado los fraudes o se habían beneficiado de ellos sino también a los promotores de las leyes reguladora de los EREs y de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Finalmente, el Tribunal Constitucional ha considerado que no concurría delito de prevaricación en la conducta de varios de los acusados, cuyos derechos fundamentales habían sido infringidos. Básicamente, no pueden ser condenados sin pruebas los autores materiales de una ley que no establece cautelas suficientes para impedir las infracciones, y no cabe considerar que cualquier flexibilización de los procedimientos que sea aprovechada para delinquir haya sido hecha de mala fe y sea por lo tanto punible.
Una serie de tres artículos del jurista, exministro de Justicia, Tomás de la Quadra ha desgranado esta exoneración con una claridad admirable. Tanto es así que, aunque por descontado haya que suponer buena fe en las diversas instancias judiciales que han sido puestas en evidencia, algún malpensado creerá que lo que realmente tuvo lugar fue una inclemente cacería de socialistas a cuento de los EREs. Han ido a prisión personas honradas que no se lucraron lo más mínimo ni actuaron por interés inconfesable alguno, por la sola sospecha indemostrada de que obraron maliciosamente. Y no recae pena alguna sobre el interventor que no detectó el abuso y sí se condena al consejero que, previa intervención del gasto, firma el conforme confiando en el experto representante de la Hacienda española.
Leídos estos artículos de De la Qadra y puestos en la calle los políticos honorables que, a lo que se ve, han sufrido un inmerecido calvario, hay que preguntar por fuerza si, más que ante la subsanación un error judicial, no estamos ante la frustración de una cacería jurídico-política.
Ya se sabe que en materia judicial no cabe el debate público. La garantía de ecuanimidad del ciudadano está precisamente en el sistema de recursos. Pero sería muy saludable para la democracia que quienes han quedado ahora corregidos y desairados, especialmente el Tribunal Supremo, explicitara sus razones, más allá del texto de las resoluciones y sentencias que han sido desmontadas. Nadie puede dejar de ver que la principal víctima de este asunto es la Justicia misma, ya que a raíz de este grave acontecimiento sobrevuelan sobre ella sombras que será muy difícil disipar.
