El Estado autonómico no resuelve las crisis

La tragedia meteorológica que, una vez más, padece una de las zonas sensibles del Levante español ha superado esta vez la mayoría de los antiguos récords. Aunque muy limitada territorialmente, la gran borrasca —la DANA, antes gota fría, antes tormentas extraordinarias— ha tenido un brutal efecto devastador, que la sitúa al nivel de la gran riada de 1957, en que el Turia se desbordó a su paso por Valencia, y de la «pantanada» de 1982. La mayor parte de las imágenes que estamos recibiendo no tiene precedentes porque nunca hubo ni tal acumulación de automóviles arrastrados por las aguas, ni tan agresivas lenguas fluviales avanzando a velocidad de vértigo y sobrepasando los primeros pisos de las viviendas, ni tantos desaparecidos en los primeros recuentos… ni tan repugnantes saqueos de los comercios ante la desolación general de unas muchedumbres mutiladas que apenas intentaban ponerse a salvo.

Pues bien: el principal corolario de este relato descarnado, crudo, brutal es que la respuesta de las instituciones del Estado a esta acometida meteorológica de la que se venía hablando desde varios días atrás ha sido un absoluto fracaso. Un inconcebible fracaso. Un fracaso que nos obliga a todos a reconsiderar la organización de este Estado tan extraordinariamente complejo que no es capaz de regirse por unas normas inteligibles y en el que la jerarquía del poder (y de la responsabilidad) no está ni mucho menos establecida con claridad.

La gran disfunción, todavía no explicada, que gravita sobre la impresión de que la gran catástrofe se abatió sin previo aviso sobre la muchedumbre alegre y confiada es la siguiente: la AEMET —el servicio meteorológico del Estado— emitió el 25 de octubre (cuatro días antes de la gran tragedia) una primera nota en que avisaba de la llegada de "lluvias muy fuertes y localmente persistentes, más probables durante el martes 29 (de octubre)". Así lo avisaba uno de los científicos de la AEMET, Juan Jesús González Alemán, en su cuenta personal de X: "Si todo sigue tal y como prevén los modelos meteorológicos durante los próximos 5 días, esta DANA, por sus características y comportamiento, tiene mucho potencial de entrar en el grupo de las de alto impacto. De las que serán recordadas en la vertiente mediterránea".

El mismo día 29, a primera hora de la mañana, la AEMET lanzaba una contundente alerta roja sobre todo el territorio afectado. En teoría, la alerta roja impide cualquier desplazamiento y ordena la puesta a salvo de la gente. Pero, sorprendente, todas las autoridades autonómicas que tienen a su cargo directo la protección civil se mantuvieron absurdamente pasivas. La gente siguió viajando, las carreteras mantuvieron su ritmo normal,las radios continuaron con su programación habitual… Incluso Mazón, inexplicablemnete, realizó al mediodía unas declaraciones en las que con un optimismo impertinente aseguraba que sobre las seis de la tarde todo habría pasado… Hubo que esperar hacia las ocho de la tarde cuando las autoridades autonómicas lanzaran por SMS una alerta roja… Que a muchos les llegó cuando, literalmente, ya tenían el agua al cuello, otros muchos habían fallecido, las carreteras se convertían en un revoltijo de hierros de automóviles destrozados y la ciudadanía trataba desesperadamente de salvar la vida.

Los hechos hablan por sí solos, pero merecen obviamente serias investigaciones en los ámbitos de la seguridad pública, de la previsión de emergencias, de la coordinación entre los diferentes servicios de la administración, de la competencia o incompetencia de los responsables involucrados. De entrada, sin la pretensión (todavía) de buscar culpables, lo evidente es que el modelo vigente de Estado de las Autonomías no ha funcionado. Los anuncios de la AEMET no han servido para que los responsables de la protección civil pusieran a salvo a las personas en peligro. Tampoco para que la Unidad Militar de Emergencia llegase preventivamente antes del caos a los lugares conflictivos para minimizar los daños antes de que estos se produjeran… En definitiva, el principio de subsidiaridad, que caracteriza a los modelos federales y que atribuye cada función al nivel administrativo que mejor puede realizarla, ha brillado por su ausencia.

Los centenares de muertos que hoy están en cuerpo presente por la gravedad de un temporal pero también por la ineptitud de quienes debían haberles protegido nos obligan a ser muy escrupulosos e intensos en la respuesta política a la adversidad.