Acuerdo de país por una infancia segura, también en el mundo virtual
"Nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentran con contenidos inapropiados, con ciberacoso, con problemas de adicción a las pantallas y a los móviles"
Cualquier niño o niña, con 11 años, lleva ya en su bolsillo un móvil. Esa es la edad media en la que los y las menores tienen hoy su primer dispositivo y la mayoría -el 95%- tiene acceso a internet. Además, prácticamente todos los y las adolescentes -el 98,5%- interactúan de algún modo en redes sociales.
Ese entorno virtual -tan natural para ellos- les abre un mundo de posibilidades. Pero hemos de garantizar su seguridad y sus derechos.
El estudio ‘Impacto de la Tecnología en la Adolescencia’, publicado por UNICEF España en 2021, desvela la alta incidencia que el mundo digital tiene entre los adolescentes. Una realidad que presenta oportunidades, pero también riesgos: el 42% asegura haber recibido alguna vez mensajes de contenido erótico/sexual; uno de cada diez ha recibido, a través de redes, chats, internet o videojuegos, una proposición sexual por parte de un adulto; y uno de cada cinco podría estar sufriendo ciberacoso. Igualmente, un estudio de Save the Children concluye que siete de cada diez menores de edad han sufrido violencia en entornos digitales.
Nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentran con contenidos inapropiados, con ciberacoso, con problemas de adicción a las pantallas y a los móviles. Tenemos claro que está en juego su salud, bienestar y seguridad; y, también, la tranquilidad de nuestras familias.
Respondiendo a las preocupaciones de las organizaciones, de las familias y de los propios menores, en enero de este año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió el compromiso de impulsar un gran acuerdo de país para proteger a los menores también en este ámbito. Hoy, tenemos que felicitarnos porque ya se ha llevado al Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley orgánica de protección de menores de edad en los entornos digitales.
Esta ley va a suponer un gran avance para la sociedad porque, no solamente estos entornos digitales van a ser seguros para los y las menores, sino que, además, se va a garantizar el derecho a la intimidad, el honor y a la integridad del menor, así como el derecho a la protección de sus datos personales y al acceso a contenidos adecuados para su edad.
Hay algo que es fundamental y es que el Gobierno está trabajando, junto a un comité de 50 expertos y expertas, en una estrategia nacional, que se presentará previsiblemente este verano y se revisará cada tres años. Como parte de esa estrategia, se investigarán cuáles son los efectos del consumo de la pornografía en edades tempranas o se explicará cómo ha de ser una utilización segura de los dispositivos móviles.
Además, este anteproyecto modifica el Código Penal e incluye nuevos delitos, algo de vital importancia, porque se tipificarán algunas conductas que hoy están impunes: los denominadas deepfakes; el engaño online a menores para entablar contacto y acabar intentando delinquir o acabar cometiendo un delito contra la libertad sexual de menores en nuestro país; o la difusión de material pornográfico a menores. Además, se regulará como una posible sanción penal el alejamiento online de los agresores condenados.
Por su parte, los fabricantes estarán obligados a asegurarse de que los dispositivos digitales cuenten con sistemas de control parental y con etiquetado informático sobre los riesgos. Así, las plataformas de intercambio de vídeos estarán obligadas a tener un enlace directo al canal de denuncias y a los sistemas de control parental con fácil acceso para cualquier usuario, y se implementarán sistemas de verificación de la edad.
La norma eleva, también, de 14 a 16 años la edad para prestar el consentimiento en el tratamiento de los datos de carácter personal, algo muy importante para el acceso a redes sociales. Y se ampliarán los casos en los que será posible autorizar judicialmente la interrupción de servicios online o incluso la retirada de datos.
Por otro lado, los poderes públicos estarán obligados a hacer campañas de sensibilización sobre los derechos de los y las menores en el ámbito digital y los riesgos asociados a este entorno. Porque no bastará con una ley, será necesario que las familias, docentes, sanitarios y toda la sociedad se impliquen en salvaguardar el bienestar, la salud y la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
De hecho, en el ámbito sanitario se tratarán las adicciones a las tecnologías, fomentando la detección precoz, la prevención y la atención especializada a menores con patologías relacionadas con el uso de las herramientas digitales.
Igualmente, será imprescindible el fomento de la educación en ciudadanía digital, en alfabetización mediática, en privacidad, en propiedad intelectual, en protección de datos y en los riesgos que lleva asociados el uso de las redes. En definitiva, se trata de que los menores usen la tecnología de forma segura.
Una vez más, el Gobierno de España lidera un debate en la Unión Europea, poniendo los derechos de niños, niñas y adolescentes en el centro de la agenda política.
Inés Plaza es portavoz de Infancia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputada por Almería.
