La farmacéutica traza un plan para iniciar una nueva etapa después de la pandemia. Sus ingresos se han reducido drásticamente tras el final de la alerta sanitaria global.
La diputada de EnComúPodem Marta Sibina, enfermera y miembro de la Comisión de Sanidad del Congreso, ha tenido que recurrir a la técnica 'youtuber' para hacerse oír y lo está consiguiendo: está en las listas de lo más visto. Lo que denuncia es el abuso de las farmacéuticas imponiendo precios desorbitados a los medicamentos. Por ejemplo, la sanidad española paga 1.273€ euros por cada unidad de un medicamento (Abastín) en lugar de los 894€ de Inglaterra (380€ euros más) . "Es un escándalo [...] Pagamos un 1000% más de lo que valen los medicamentos".
"Me responsabilizo por no hacer las revelaciones apropiadas en revistas científicas y médicas y en reuniones profesionales", dice en su carta de despedida.
Si los titulares de las patentes no deciden bajar el arbitrario precio de los fármacos de manera razonable para que todos los necesitados puedan tener acceso a ellos en condiciones de igualdad, el Estado está obligado a defender los intereses ciudadanos frente a los de estas compañías privadas enfrentándose a sus derechos de propiedad intelectual.
El pasado año, Barhuze estaba trabajando al lado del río de su pequeña aldea cuando le picó, sin darse apenas cuenta, una mosca tse-tse, transmisora del parásito de la enfermedad del sueño. Este joven pescador no prestó demasiada atención a la fiebre ni al dolor. Pensó que sería gripe.
Las novedades terapéuticas han de aportar valor a la sociedad. Es necesario garantizar de alguna manera que la industria recupere su inversión pero sin sobrecargar el presupuesto de las personas enfermas que reciben sus productos.
Gracias a la mejora en métodos de diagnóstico y gracias al desarrollo de terapias y fármacos, es posible detectar y tratar muchos tipos de cáncer de forma mucho más efectiva que años atrás. Sin embargo, esto es solo válido para aquellos que puedan pagarlo en EEUU o en países en desarrollo.
Medicamentos y negocio son dos palabras que caminan hacia el abismo de la doble moral. Por un lado hay que poner la ciencia al servicio de la salud; por otro lado, es la tercera industria más importante del mundo, creada para ayudar a las personas y orientada a generar beneficios económicos.
En España ya somos más de 250.000 vapeadores, que fumamos pero soltando vapor, con nicotina o sin ella, y sin inhalar las alrededor de 4.000 sustancias nocivas del tabaco, de las cuales más de 50 son cancerígenas. Trabajemos, pues, por crear una legislación apropiada. Esa es la vía. No la prohibición.
El cigarrillo electrónico es un fenómeno emergente debido a una expansiva estrategia comercial que aprovecha la novedad del dispositivo y la desregulación del sector. Muchos son los interrogantes que despierta su uso, empezando por la falta de regulación y controles de calidad.
La investigación y desarrollo de nuevos fármacos sigue ignorando el sufrimiento de millones de personas amenazadas o afectadas por enfermedades olvidadas. Estas cifras, estos fríos porcentajes que describen lo que ocurre en los laboratorios, equivalen, en el otro lado del mundo, a pacientes sometidos a diagnósticos imperfectos o tratamientos poco eficaces.
Primero porque no es ético, segundo porque no es correcto, tercero porque terminará volviéndose en su contra. La industria farmacéutica tiene como objetivo ganar dinero, como toda industria. Cuando patrocina asociaciones de pacientes no pone su capital a fondo perdido, hay un claro conflicto de intereses.
Bajo el actual modelo de negocio, los precios de las vacunas y de los medicamentos se basan en recuperar la inversión en I+D y los costes de fabricación. Las farmacéuticas no hacen públicos estos importes, haciendo de esta industria una de las más opacas en el sector de la salud.
El acceso a medicamentos de quien los necesita con urgencia es éticamente incuestionable. Cerrar la farmacia de los pobres tendrá las mismas consecuencias que una epidemia devastadora: millones de seres humanos morirán.