Hepatitis C: pacientes 'impacientes'
Si los titulares de las patentes no deciden bajar el arbitrario precio de los fármacos de manera razonable para que todos los necesitados puedan tener acceso a ellos en condiciones de igualdad, el Estado está obligado a defender los intereses ciudadanos frente a los de estas compañías privadas enfrentándose a sus derechos de propiedad intelectual.
Más que una tumba
Molesto debe de estar ya el Gobierno con la famosa Plataforma de Afectados por Hepatitis C. ¿Qué parte de «Hay que ser pacientes» no han entendido? Qué manía con quererlo todo ya. ¿Cómo hacerles entender que las prisas son malas consejeras y que, por lo tanto, hay que ir despacio? Definitivamente, a estos pacientes hay que enseñarles a paliar su gran carencia en un valor tan fundamental para el ser humano como la paciencia, deben de pensar nuestros gobernantes. Habida cuenta de que el precio por persona de la combinación de los fármacos más eficaces contra la hepatitis C en España ronda los 50.000 euros, el Ministerio de Sanidad ha decidido restringir la aplicación del tratamiento a los casos más graves, lo que condena a muchos afectados a una angustiosa espera con el consiguiente riesgo de sufrir complicaciones médicas; entre ellas, la posibilidad de desarrollar hasta cáncer de hígado. Con estos fármacos, además de evitar un sufrimiento innecesario a los afectados y a sus familiares, el Estado también podría ahorrar millones de euros en concepto de visitas médicas, bajas laborales y tratamientos adicionales por prolongación de la enfermedad.
No será por falta de dinero: la sola suma de las cantidades defraudadas en el caso Malaya (2400 millones de euros), el caso de los ERE (1200 millones), el caso Edu (2000 millones), el caso Gürtel (120 millones) y otros fraudes como el del caso Palma Arena asciende a 7000 millones de euros, lo que permitiría cubrir con creces ese coste. Y hay más: recientemente, la organización Oxfam Intermón denunció que con el dinero defraudado a Hacienda cada año (59.500 millones de euros) podría sufragarse todo el gasto sanitario anual de España (57.000 millones). Un fraude, dicho sea de paso, que según se estima, corresponde en la mayor parte (72 %) a grandes fortunas y grandes empresas. La medida del Gobierno que pretende proporcionar el tratamiento a una parte del colectivo es claramente insuficiente al no cubrir las necesidades totales, y, por lo tanto, no responde a la realidad social. Según David Hammerstein, antiguo eurodiputado español, solo los fármacos genéricos podrían garantizar a los afectados el acceso al tratamiento debido, ya que el precio quedaría reducido a una pequeña fracción del actual. Los beneficios privados, defiende, no pueden poner en jaque, y menos aún de forma tan despiadada, el bien público de la sanidad y su acceso socialmente equitativo y universal.
Si los titulares de las patentes no deciden bajar el arbitrario precio de los fármacos de manera razonable para que todos los necesitados puedan tener acceso a ellos en condiciones de igualdad, el Estado está obligado a defender los intereses ciudadanos frente a los de estas compañías privadas enfrentándose a sus derechos de propiedad intelectual, ya que legalmente ningún derecho es ilimitado. En este sentido, el derecho internacional legitima, en algunos casos, a cualquier Gobierno nacional a emitir una licencia para fabricar un medicamento genérico al margen de cualquier patente. Si varios países -entre ellos los Estados Unidos- han recurrido ya a este mecanismo para limitar los daños del ejercicio antisocial del derecho de propiedad intelectual, ¿por qué no lo hace España en una situación como la actual? Es en estos casos cuando debemos recordar que la política es una necesidad: hacer política es decidir anteponiendo determinados intereses a otros cuando ambos son claramente incompatibles. Es obvio que lo que pone en evidencia esta situación no es más que una forma concreta de hacer política; un claro ejemplo de cómo unos hacen política para otros. Por ello, los ciudadanos, en lugar de la retaguardia, siempre deben ocupar la vanguardia de la política. En un caso como este, ¿qué hacemos?, ¿priorizamos los intereses de las farmacéuticas por enriquecerse de forma despiadada, o protegemos los derechos de los ciudadanos a la salud y a la vida? En esta carrera contrarreloj, las víctimas siempre serán los pacientes. No hay derecho.
Ilustración: Irina colomer Llamas
